CHILE: Apoyo social a narcos dificulta lucha de policía

El apoyo que pobladores de barriadas pobres de Santiago de Chile prestan voluntariamente a los traficantes de drogas dificulta la acción policial y preocupa cada vez más al gobierno.

La situación se puso en evidencia la última semana de enero cuando en una "población" un miembro de Carabineros que intervenía en una acción antidrogas fue muerto en un confuso incidente en que vecinos de la zona se opusieron a la policía.

De acuerdo con la versión oficial, un carabinero, al protegerse de una turba, disparó accidentalmente su arma de servicio dando muerte, en forma involuntaria, a su colega, el teniente Rodrigo Mardones.

El apoyo social al narcotráfico parece ser cada vez más frecuente en este país y viene a sumarse a un aumento en el nivel de violencia con que actúan los traficantes.

Los "narcos" son "como hijos ilustres" que dan beneficios colaterales a los habitantes de su sector poblacional, señaló a IPS la siquiatra María Luisa Cordero, miembro de la Sociedad Chilena de Salud Mental.

Los pobladores se sienten comprometidos sentimental y económicamente con los traficantes por favores que reciben de éstos, destacó.

La relación entre traficantes y pobladores es una actitud "chilombiana", dijo Cordero en alusión al apoyo social que los traficantes tienen en Colombia y cuya máxima expresión era la simpatía popular hacia el desaparecido jefe del narcotráfico, Pablo Escobar.

Llamó también la atención sobre "la creciente participación de mujeres en las redes de narcotráfico", lo cual revela que se trata de una "organización oficiosa para enfrentar la pobreza".

"Se trata de jefas de hogar, mujeres que solas mantienen a sus familias y que se ven favorecidas por una política de 'chorreo' que los traficantes practican en busca de aliados de la misma forma que la clase más adinerada lo hace con la clase media para evitar que ésta se subleve", argumenta.

Entre tanto, la actitud de los pobladores puede explicarse no tanto como un apoyo al narcotráfico sino más bien como una reacción popular contraria a la policía.

"Toda persona que no viva en la población es considerada ajena, incluso es rechazada la presencia de los bomberos", explica Rosa Varas, asistente social de la Corporación de Salud Mental en un reciente reportaje publicado por el diario La Nación de Santiago.

En Chile los bomberos son voluntarios no remunerados que, en general, gozan de simpatía de la población, que los ve como "altruistas".

Varas explicó que la Villa La Cultura, donde ocurrió el incidente en el que murió el oficial de Carabineros, nació de una ocupación ilegal, por lo que los pobladores siempre han sido "rebeldes".

Desde hace dos años, la acción de Carabineros para ser más efectiva ha pasado a realizarse, en parte, con el empleo de "agentes encubiertos", policías infiltrados en las redes de narcotraficantes.

A juicio de Carabineros, esta posibilidad de operar ha hecho más exitosa la labor represiva.

La cantidad de cocaína incautada en 1996 aumentó 350 por ciento respecto de 1995, mientras que también aumentó de un año para otro el número de detenidos en acciones contra el tráfico de drogas, según los informes de Carabineros.

Más de 6.000 personas fueron detenidas, en 1996, sólo en acciones policiales por consumo o tráfico de cocaína.

Para enfrentar el aumento del tráfico y consumo de drogas, el gobierno, a través del Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (CONACE), acaba de firmar un convenio con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Se trata de un convenio de cooperación técnica permanente cuyo objetivo es asesorar al CONACE para una adecuada asignación de los recursos que financian los programas de investigación, prevención y rehabilitación de consumo de drogas que ejecutan diversas entidades públicas y privadas.

El representante del PNUD en Chile, Luis Thais, destacó durante la firma del convenio, el 31 de enero, que en Chile el problema de la drogadicción aún no ha alcanzado las dimensiones devastadoras que se aprecian en otros países.

Thais recordó que mientras el Fondo de Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso de Drogas cuenta con un presupuesto anual de 70 millones de dólares, los monopolios de narcotraficantes movilizan hasta 1,5 trillones de dólares en sus operaciones. (FIN/IPS/gcm/dg/ip/97

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