El Estado chileno será acusado ante la Comisión de Derechos Humanos de la OEA por el asesinato del diplomático español Carmelo Soria, ocurrido durante la dictadura del general Augusto Pinochet, se informó hoy en esta capital.
Alfonso Insunza, abogado de la familia Soria, informó que si la Comisión no llega a una solución sobre el caso pretenden insistir ante la Corte Interamericana de Justicia.
"La actitud de los Tribunales de Justicia chilenos violó abiertamente los tratados internacionales que protegen a diplomáticos y funcionarios internacionales", sostiene Carmen Soria, hija de la víctima, en un comunicado divulgado este sábado.
Soria, quien era funcionario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), fue secuestrado el 14 de julio de 1976 en Santiago por agentes de la policía política de la dictadura de Pinochet (1973-90) y su cadáver fue encontrado dos días después.
El caso fue cerrado por la justicia chilena y cubierto por la amnistía decretada por los militares en 1978.
Luego de varios recursos presentados por sus familiares, la Corte Suprema de Justicia de Chile cerró definitivamente el caso en agosto de 1996.
El gobierno chileno señaló que tenía que acatar el fallo de la Corte y ofreció una compensación moral con la creación de una fundación y un financiamiento de un millón de dólares, lo que fue rechazado por los familiares de Soria.
Los autores del asesinato de Soria están identificados y algunos de ellos continúan en actividad en las Fuerzas Armadas, según denunciaron sus familiares en reiteradas oportunidades.
Carmen Soria señala también que esperan que el gobierno chileno informe sobre el fallo emitido en 1996 por la Corte Suprema de Justicia de ese país a las Naciones Unidas para que entonces puedan recurrir ante la Corte Internacional de La Haya.
Sin esa notificación oficial es imposible "dar paso a la tramitación de una acusación", explicó la hija del fallecido diplomático español, quien reclamó una "actitud coherente" del gobierno en ese sentido. (FIN/IPS/gcm/ag/hd/97
