/DERECHOS HUMANOS/GUATEMALA: Exhortan a donantes a hacer respetar derechos humanos

Grupos de ciudadanos de Guatemala reclaman a los donantes internacionales que se reunirán este mes en Bruselas que hagan cumplir a su gobierno los compromisos asumidos en materia de derechos humanos bajo los acuerdos de paz firmados el mes último.

"Tuvimos 36 años de guerra interna en los cuales el gobierno perpetró muchos actos violentos contra la sociedad civil, por eso hay tanto escepticismo sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos", destacó John Ruthrauff, director ejecutivo del Centro para la Educación Democrática, de Washington.

El Grupo de Consulta, integrado por instituciones financieras como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), gobiernos donantes y agencias de la ONU, se reunirá el 21 y 22 de enero en Bruselas para discutir sobre la ayuda al país latinoamericano devastado por la guerra.

Las propuestas de los grupos guatemaltecos incluyen una amplia participación pública en la elaboración de políticas y la reconstrucción nacional para asegurar paz y estabilidad duraderas.

En particular, los documentos invocan los derechos de las mujeres, los indígenas mayas, los refugiados, los jóvenes y los discapacitados.

Pero sin duda existen tres objetivos principales, de acuerdo con Alice Zachmann, directora de la sección estadounidense de la Comisión para los Derechos Humanos en Guatemala, con sede en Washington.

Las metas referidas son el fin de la impunidad de criminales de guerra y funcionarios que abusan del poder; la reforma agraria, en un país donde dos por ciento de la población posee 78 por ciento de la tierra cultivable, y el cese del racismo.

Las demandas presentadas al gobierno y a los donantes por los grupos periodísticos, universitarios, empresariales, sindicales y otros federados en la Asamblea de la Sociedad Civil (ASC) y el Foro de Coordinación de Organizaciones No Gubernamentales de Guatemala no constituyen una simple lista de ideales.

Al igual que los acuerdos de paz, incluyen exhortaciones específicas a la desmilitarización, la reforma de la policía, el fortalecimiento de la oficina del Ombudsman de los Derechos Humanos y el uso de la ayuda al desarrollo para que "combatir la impunidad con resultados palpables".

El mandato de MINUGUA, la misión de la ONU para la observación de los derechos humanos en Guatemala, debería extenderse al menos otro año y ampliarse a la implementación de todos los aspectos de los acuerdos, incluidos los compromisos para corregir el desequilibrio de poder entre los géneros, según la propuesta.

"No existe otro medio que la comunidad internacional para el cumplimiento de los acuerdos", destacó Ruthrauff, quien describió los tratados como "extremadamente amplios".

El gobierno y los grupos guerrilleros representados en la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala (URNG) iniciaron conversaciones de paz en 1986, aunque las negociaciones formales no comenzaron hasta 1991.

Desde entonces, se firmaron varios acuerdos sobre diversos temas como la reforma agraria, la función de los militares en la sociedad democrática y el fortalecimiento del papel de la sociedad civil en la elaboración de políticas.

Los acuerdos formaron la base para el tratado de paz definitivo, suscrito el pasado 29 de diciembre en Ciudad de Guatemala.

Para ese entonces, la guerra civil había dejado 150.000 muertos, 45.000 refugiados y aproximadamente un millón de desplazados internos, según la mayoría de las estimaciones.

Unas 60.000 mujeres quedaron viudas y 280.000 niños huérfanos desde 1962, de acuerdo con el grupo Mujeres por Guatemala, con sede en Chicago, que citó estadísticas de organizaciones no gubernamentales e informes de prensa.

Entre 60 y 70 por ciento de los habitantes de Guatemala son indígenas, con una tasa de alfabetismo de sólo 23 por ciento, frente al índice nacional de 48 por ciento, según Mujeres por Guatemala.

En promedio, las mujeres mayas viven 16 años menos que las blancas, y 40 por ciento de los niños indígenas mueren de enfermedades evitables antes de cumplir los cinco años.

Organizaciones de derechos humanos de Guatemala afirmaron que ciertas partes de los acuerdos constituyen una "amnistía disfrazada" para los guerrilleros y militares que cometieron atrocidades durante el conflicto civil.

Los grupos guatemaltecos proponen que la ayuda al desarrollo no sea utilizada para cubrir el déficit presupuestal del gobierno, sino para financiar la reconstrucción, programas de seguridad alimentaria y de erradicación de la pobreza, así como para apoyar la descentralización gubernamental.

Para cubrir su déficit presupuestal, el gobierno debería establecer progresivamente impuestos "justos", a niveles fijados en un acuerdo socioeconómico firmado durante el proceso de paz, sugieren los grupos.

Así mismo, el dinero ahorrado mediante la reducción del gasto militar debería invertirse en salud y educación, ya que unos dos millones de niños guatemaltecos en edad escolar no tienen escuela adonde ir.

La ASC reclama también la formación de una comisión nacional para la implementación de los acuerdos de paz (CONAPAZ), formada por representantes del gobierno, la URNG, la propia ASC, la comunidad empresarial, la Iglesia Católica, comisiones creadas durante el proceso de paz y el Ombudsman de los Derechos Humanos.

Del mismo modo, el Foro de Coordinación de Organizaciones no Gubernamentales pretende el establecimiento de una comisión intersectorial integrada por dos representantes del gobierno, la URNG, donantes y la ASC.

"Existe esperanza en Guatemala, pero todo depende del cumplimiento de los acuerdos de paz", señaló Zachmann, y eso, según las ONG, dependerá de la forma en que se utilice la asistencia extranjera para el desarrollo. (FIN/IPS/tra-en/aa/yjc/ml/hd-dv/97