Después de cinco años de tramitación legislativa, fue aprobada el 8 de este mes por el parlamento la Ley de Derechos del Consumidor, aunque con varios cambios en el texto original.
Por 18 votos contra 16, la oposición rechazó en el Senado las observaciones planteadas por el Ejecutivo, que tendían particularmente a flexibilizar la constitución de las asociaciones de consumidores.
Ahora, éstas deberán constituirse como corporaciones o fundaciones de derecho privado, sin fines de lucro, según lo establecido por el Código Civil.
En opinión del ministro de Economía, Alvaro García, las observaciones hechas en un veto aditivo al proyecto de ley por el presidente Eduardo Frei, hacían más fácil la formación de las asociaciones de consumidores, por lo que indicó que el gobierno buscará facilitar su constitución a través de otras iniciativas.
El Consejo Nacional de Consumidores y Usuarios (CONADECUS), calificó de "lamentable" la eliminación de los artículos que establecían un mecanismo simple para que las organizaciones de consumidores pudieran constituirse a nivel regional, provincial y comunal.
Pese a ello, CONADECUS declaró que la nueva ley significará un gran avance para la defensa de los consumidores.
Esta contempla la información veraz de los consumidores, mediante la rotulación adecuada de los productos y la prescindencia de la publicidad engañosa.
Los consumidores tendrán derecho a bienes y servicios seguros, así como a recibir capacitación para ejercitar correctamente los derechos que les proporciona la nueva legislación.
Los proveedores deberán ofrecer a los consumidores una garantía mínima legal en caso de defectos del bien o servicio, y también deberán indemnizarlos en caso de que éstos provoquen efectos dañinos.
La normativa legal establece además el tipo de información que deben recibir los consumidores cuando obtienen un crédito y el procedimiento para resolver controversias cuando el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) actúa como árbitro.
La nueva legislación sufrió profundos cambios desde que comenzara su discusión parlamentaria en agosto de 1991.
La oposición rechazó las normas que entregaban nuevas facultades al Ministerio de Economía, como la regulación de la rotulación de bienes y la exhibición y publicidad de los precios a través de decretos, y aquellas que aumentaban las atribuciones del SERNAC.
Un Fondo de Promoción del Consumidor, dependiente del Ministerio de Economía, que habría financiado proyectos de investigación de mercado y de información y educación de los consumidores, fue una de las propuestas suprimidas del texto original. (FIN/Consumers International/97
