El gobierno de Perú parece estar arriando la bandera de la ortodoxia liberal arancelaria y su Consejo de Ministros examina, para su promulgación, una estructura escalonada de aranceles, parecida a la vigente en la Comunidad Andina.
El nuevo arancel sería puesto en conocimiento de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que se reunirá en Lima la próxima semana, para contemplar la espinosa cuestión de la divergencia arancelaria con Perú.
Esta decisión, si se concreta, constituirá un cambio de rumbo político importante, pues significa abandonar el modelo económico aperturista inspirado en el ejemplo chileno que seguía el presidente Alberto Fujimori, para acercarse a los criterios pragmáticos vigentes en la Comunidad Andina y en el Mercosur.
Será también un triunfo de los empresarios agrupados en la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), que desde 1996 reclamaban la adopción del modelo arancelario andino para no ser apartados del mercado natural de este país.
El gabinete ministerial de Fujimori examina la propuesta presentada por el nuevo ministro de Industrias, Gustavo Caillaux, a cuya inspiración corresponde el proyecto, que primero pasó por la revisión del equipo técnico del influyente ministro de Economía, Jorge Camet.
El nuevo arancel propuesto tiene tres niveles -siete, 13 y 20 por ciento- y reemplazará a un esquema de dos niveles, uno de 15 por ciento, que rige para el 95 por ciento de las importaciones, y otro de 25 por ciento, para unas 800 partidas.
El arancel en vía de desaparecer era transitorio, pero estaba destinado a ser sustituido por uno de tipo "flatt", es decir de un solo nivel, supuestamente de 10 por ciento.
Aunque nunca llegó a ponerlo en práctica en su propio país, el gobierno peruano intentó forzar a los demás paises andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela) a adoptar un arancel plano, de nivel único, que no distingue entre productos básicos, finales, insumos o bienes de capital.
Según afirmaba antes Fujimori, los aranceles escalonados constituyen un procedimiento proteccionista y por lo tanto perjudicial, "pues impiden el surgimiento y desarrollo de rubros de producción competitiva en el mercado internacional".
Algunos analistas independientes consideraban que, además de las razones ideológicas implícitas en esa formulación, Fujimori forzaba la aplicación del arancel único para adecuarse a los requisitos establecidos por el Grupo de la Cuenca del Pacífico, al que aspiraba hacer ingresar a Perú .
Pero la Conferencia de la Cuenca del Pacífico le contestó, muy cortesmente, que Perú estaba en primer lugar en la lista de aspirantes pero que hasta el año 2000 no ingresaría nadie más.
Por consiguiente, Fujimori volvió la mirada al entorno subregional -la Comunidad Andina y el Mercosur- y abandona una posicion técnica que dificultaba su asociación en ambos procesos de integración.
La discrepancia arancelaria puso a Perú fuera de la Unión Aduanera Andina, iniciada el 1 de febrero de 1995, cuando los demás paises de la subregión adoptaron un arancel cero para su comercio entre ellos y un arancel externo común escalonado, de 5, 10, 15 y 20 por ciento.
Con extrema paciencia, los demás países andinos dieron plazos cada vez más extendidos a Perú, pero en febrero próximo vencía el que parecía definitivamente el último plazo.
Casi todas las iniciativas políticas de Fujimori en los últimos meses parecen estar ligadas a sus espectativas reeleccionistas, y el cambio de modelo arancelario en ciernes podría no estar desvinculado de ellas.
Aunque los comicios están relativamente lejanos -serán en el año 2000- Fujimori está en virtual campaña preelectoral porque debe resolver una contradicción constitucional, que prohibe una segunda reeleccion consecutiva.
Según las encuestas efectuadas en 1996, sus posibilidades de imponerse en un referendo para ratificar o modificar la interpretación constitucional aprobada por la mayoría oficialista en el parlamento para hacer viable la segunda reeleccion, se hacen cada vez más difíciles.
En este marco de apremio político, el "todavía no" que le dio como respuesta la Cuenca del Pacífico es demasiado lejano pero al mismo tiempo le ofrece una coyuntura para ensayar un cambio de política económica destinado a recuperar el respaldo de los empresarios industriales.
El cambio de estructura arancelaria abrirá paso a un escenario político nuevo, en el que los empresarios querrán cartas para hacer su propio juego.
Por ejemplo, el jefe de Estudios Económicos de la SNI, Luis Abugattás, reclama que los empresarios manufactureros sean tomados en cuenta para decidir "el nivel de concentración en cada una de las partidas arancelarias".
Su homólogo en la Sociedad Nacional de Exportadores, Ricardo Guadalupe, recordó que el sistema de aranceles múltiples es un mecanismo proteccionista y, en consecuencia, pidió "discrecionalidad para debatir los rubros y niveles de protección adecuados".
"Hay que decidir los niveles de aranceles adecuados para las industrias textil, alimentaria, agroindustriales, etcétera, así como determinar si algunos bienes terminales, como las computadoras, pueden ser considerados algo así como bienes de capital, porque contribuyen a mejorar la productividad", opinó. (FIN/IPS/al/ag/if/97
