Casi siete años después de concluído el régimen militar, la existencia de más de un centenar de izquierdistas detenidos por motivos políticos después de 1990 sigue incomodando al actual gobierno democrático.
A la fuga en un helicóptero de una cárcel de alta seguridad de cuatro líderes del insurgente Frente Patriótico Manuel Rodríguez en diciembre siguió una serie de medidas de fuerza aplicadas contra los detenidos en ese penal.
Tanto los presos como sus familiares han realizado manifestaciones en Santiago contra el gobierno para que se ponga fin a los denunciados "abusos y atropellos" de que son víctimas los reclusos.
Los presos y sus familiares reclaman por el sistema de visitas y por atropellos cometidos en la cárcel (allanamientos, golpizas y encierro permanente en las celdas), situación que contrasta con el tratamiento que reciben ex oficiales de las Fuerzas Armadas, acusados de diversos crímenes, recluidos en una cárcel especial.
"Los detenidos están sometidos a una incomunicación ilegal, con un encierro durante las 24 horas del día, y se están violando sus derechos", dijo a IPS el abogado Hugo Gutiérrez, del Comité de Defensa de Derechos del Pueblo (Codepu).
El gobierno, sostuvo el abogado, insiste en calificar de "terroristas" a todos los detenidos cuando muchos de ellos están aún en proceso, no han sido condenados y los favorece la presunción de inocencia.
El gobierno de Eduardo Frei niega la existencia de abusos al tiempo que pretende tomar medidas para combatir lo que considera como una reactivación del terrorismo en el país.
Entre las medidas anunciadas figuran la ampliación de atribuciones a la policía y a la justicia para combatir el terrorismo y, además, la creación de un Sistema Nacional de Inteligencia (SNI), con apoyo de las Fuerzas Armadas.
Un primer proyecto de ley ya fue enviado por el gobierno al Congreso y en abril enviará un segundo.
Representantes de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos indicaron que las medidas que el gobierno pretende implementar conducirían a un estado de "absoluta inseguridad y desconfianza" en el país.
Viviana Díaz, vicepresidenta de esa Agrupación, dijo que los sospechosos para la policía y el gobierno, que podrían ser investigados con las mayores atribuciones, serán "ex presos políticos, militantes de la izquierda extragobierno y familiares de presos".
Jaime Castillo, abogado y presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, advirtió luego de conocer los proyectos que "una democracia debe tener cuidado en enfrentar correctamente el problema de los servicios de inteligencia porque las dictaduras los usan para violar los derechos humanos".
La presidenta del opositor Partido Comunista, Gladys Marín, también criticó los planes oficiales sobre seguridad señalando que ellos conducirán a una "mayor represión de la sociedad chilena con un predominio cada vez mayor del militarismo".
El Ministerio de Justicia, del cual depende el servicio de prisiones, evidenció la molestia que le produce la huelga de hambre que llevan a cabo los presos y con el fin de terminarla envió un recurso de protección a los tribunales.
Pero en forma sorpresiva, la Sala de la Corte de Apelaciones que estudió el recurso del gobierno negó la petición señalando que Gendarmería cuenta con los elementos legales para terminar con el ayuno sin necesidad de un recurso especial.
Los cerca de 110 presos por motivos políticos, 17 de ellos mujeres, están procesados y en algunos casos condenados por actos que llevaron a cabo contra oficiales acusados de violaciones de los derechos humanos y otros miembros del régimen militar.
La más importante de esas acciones fue el asesinato, en 1992, del senador derechista Jaime Guzmán, importante ideólogo del régimen militar que se caracterizó por la mantención en las cárceles de cientos de opositores.
La espectacular fuga de diciembre ha llevado a algunos analistas a indicar que si los insurgentes pueden llevar a cabo una acción de ese tipo también podrían retomar sus acciones armadas en otro plano. (FIN/IPS/gcm/ag/ip/97
