La impunidad de los responsables es el elemento común de miles de agresiones de variada índole y decenas de asesinatos de periodistas registrados en los últimos años en América Latina.
El número y la gravedad de los ataques contra los profesionales de la comunicación parece paradójicamente no disminuir sino agravarse simultáneamente con el aumento del peso y la influencia de la sociedad civil, y de los medios de comunicación como una de sus expresiones.
El tema volvió a cobrar actualidad con la ejecución, el sábado último, de José Luis Cabezas, fotógrafo de la revista argentina Noticias.
Cifras de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) indican que en los últimos ocho años fueron 170 los periodistas asesinados en América Latina.
Los hechos de ese tipo sumaron nueve entre octubre de 1995 y el mismo mes del año pasado, a los que hay que agregarle una "desaparición".
La Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap), con sede en México, estableció que con el de Cabezas suman 392 los periodistas latinoamericanos asesinados desde 1970, mientras los desaparecidos contabilizados hasta 1994 totalizan 150.
Las estadísticas son alarmantes. En 1989 murieron 62 periodistas, en 1980 y 1981, 28 en cada uno, en 1984, 24, y en 1991, 23.
Los países de la región con mayor número de asesinatos de trabajadores de la comunicación desde 1970 fueron México (90), Colombia (81), Guatemala (51), El Salvador (44), Argentina (27), Chile y Perú (25) y Brasil (10).
Las tres naciones que encabezan esa lista (México, Colombia y Guatemala) están siendo actualmente visitadas por dirigentes de la SIP con el objeto de pedir a los respectivos gobiernos el esclarecimiento de los crímenes.
Buenos Aires será la próxima escala en esa gira. Allí, los responsables de la Sociedad Interamericana de Prensa se entrevistarán con el presidente Carlos Menem en relación al "caso Cabezas".
El del fotógrafo del semanario "Noticias" es el primer caso de asesinato de un periodista en América Latina desde fines de 1995, año en el que murieron tres (dos en México y uno en Guatemala).
También es el primero que se puede probar fehacientemente en Argentina desde el retorno a la democracia, en 1983.
Sin embargo, hay fuertes indicios de que fue igualmente ejecutado el dirigente de la Federación de la Prensa Fernando Bonino, cuyo cadáver apareció flotando en un río en 1993 en un hecho presentado en primera instancia como un suicidio.
A su vez, un joven estudiante de periodismo fue secuestrado a comienzos de esta década y permanece desaparecido.
Tras el asesinato de Cabezas, la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) informó que desde 1989, año en que Menem asumió por primera vez la presidencia, más de 720 periodistas, camarógrafos, fotógrafos sufrieron "agresiones físicas, amenazas, intimidaciones y querellas".
Uno de los casos más sonados es el de Hernán López Echagüe, agredido físicamente en dos oportunidades en poco tiempo cuando se encontraba investigando las "mafias" que operan en la provincia de Buenos Aires.
Casos similares se han registrado muy recientemente en Brasil, Perú, Colombia, Chile.
En Uruguay, Pablo Alfano, que se encontraba realizando una investigación sobre la secta Moon para el diario local El Observador, fue secuestrado el martes en una concurrida zona de Montevideo a punta de pistola y amenazado de muerte antes de ser liberado.
Es el primer caso de este tipo ocurrido en Uruguay desde que los militares abandonaron el poder, en 1985.
En Perú, el periodista radial Américo Núñez fue agredido a golpes este mes en Puno, ciudad fronteriza con Bolivia, a raíz de sus trabajos sobre la corrupción en la justicia.
Un canal de televisión de la misma ciudad fue objeto de un atentado con explosivos en noviembre pasado.
En Brasil, periodistas y camarógrafos de la cadena Maraba, del nórdico estado de Pará, fueron golpeados por soldados de la policía militarizada cuando documentaban una masacre de trabajadores rurales sin tierra en enero de 1996.
El año pasado, la policía brasileña también atacó a periodistas en el estado de Goiás (en marzo) y en Sao Paulo (marzo y noviembre).
"En este momento las violaciones a la libertad de prensa son perpetradas por la policía en lugares alejados de los grandes centros urbanos", dijo a IPS el vicepresidente de la Asociación Brasileña de Prensa, José Gomes Talarico.
En su último informe sobre la situación de la prensa en el mundo, divulgado en mayo pasado, la organización basada en Francia Reporteros Sin Fronteras (RSF) atrajo la atención sobre la "generalización de la impunidad" de los delitos cometidos contra periodistas.
"La impunidad y la injusticia son un segundo crimen contra la memoria de la víctimas", señalaba RSF en su informe, elaborado en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
En América Latina, agregaba, se registran "graves fracturas a la libertad de prensa" en un clima signado por la creciente presencia del narcotráfico, la corrupción política y la profundización de las desigualdades sociales.
Otra de las formas de control sobre la actividad de la prensa más "en boga" actualmente en el mundo es el "uso de la justicia", destacaba el informe de RSF.
En sus declaraciones a IPS, Talarico recordó que en Brasil sigue vigente una ley de prensa implantada por la dictadura militar declarada obsoleta por la Suprema Corte de Justicia pero a la que recurren jueces de pequeñas ciudades del interior "para defender a los poderosos, generalmente grandes latifundistas".
En Uruguay, un texto que data igualmente de los años del régimen militar (1973-1985) permitió en 1996 a un juez enviar a prisión a los directores del diario La República, por haber publicado una investigación sobre la corrupción en el gobierno de Paraguay.
Esta ley impide la difusión de noticias que "dañen el honor" de un jefe de Estado extranjero o puedan poner en peligro las relaciones diplomáticas de Uruguay con otras naciones.
Los miles de manifestantes que este miércoles desfilaron por las calles de Buenos Aires en homenaje a José Luis Cabezas llevaban una gigantesca pancarta en la que se podía leer "basta de impunidad".
La marcha concluyó en la Casa Rosada, el palacio de gobierno argentino. "Llegamos al centro del poder, porque este brutal asesinato requiere de una respuesta que se corresponda con esa brutalidad", dijo el dirigente de la UTPBA Daniel Das Neves.
Refiriéndose a las características del asesinato de Cabezas (fue ejecutado en el balneario Pinamar, donde veranea la cúpula del oficialismo), el dirigente opositor Carlos "Chacho" Alvarez lo calificó de "paradigmático" de la "impunidad reinante".
"Matan y dejan un cadáver en el corazón mismo del poder, como si dijeran 'miren lo que somos capaces de hacer, miren quién tiene el poder' ", comentó. (FIN/IPS/dg/jc/hd-ip-cr/97
