Los directores ejecutivos del BID podrían asumir este miércoles la recomendación de su presidente, Enrique Iglesias, basada en un informe preliminar de inspectores independientes, para que se realice una investigación completa sobre la financiación del complejo hidroeléctico de Yacyretá.
Inspectores independientes recomendaron, en un hecho sin precedentes, investigaciones sobre la financiación del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de la represa, en la frontera entre Argentina y Paraguay.
Las recomendaciones están basadas en revisiones preliminares de acusaciones de que los bancos violaron sus propias reglas ambientales y de reasentamiento al financiar el proyecto, y en las respuestas de sus directores a esos cargos. Las agencias realizarían investigaciones separadas.
La reunión de este miércoles podría ser escenario de confusiones, ya que el BID nunca utilizó su denominado "mecanismo de inspecciones", y su primera prueba involucra a Argentina, uno de sus miembros más influyentes.
Sin experiencia en estos asuntos, la junta del BID podría posponer la decisión hasta después, dijo un vocero del BID. Asimismo, podría recibir ciertas presiones de Argentina para ahogar una investigación, indicaron analistas, aunque no tan fuertes como para hacer peligrar el proceso de investigación.
Las apuestas no son tan altas como para que asuman ese riesgo, dijo una fuente de una organización no gubernamental (ONG). "La participación del BID es más reciente y limitada, no como la larga y cuestionable historia del Banco Mundial en este proyecto", añadió.
El panel de inspección del Banco Mundial recomendó el mes pasado una investigación completa sobre acusaciones presentadas por Sobreviviencia, una afiliada paraguaya de la ONG internacional Amigos de la Tierra. Los directores deberán discutir la recomendación el 6 de febrero.
Los efectos adversos de las violaciones de las políticas de la institución incluyen contaminación de agua subterránea, pérdida de viviendas, empleos y estilos de vida, y reasentamientos en viviendas de menor calidad y lejos de escuelas y lugares de trabajo.
Unas 5.000 personas se vieron obligadas a reubicarse, y otras 50.000 serán desplazadas cuando se cierren las compuertas de la represa, en 1998.
Los bancos han entregado unos 1.600 millones de dólares desde 1979 para la construcción de Yacyretá, ubicada en el río Paraná, donde forma la frontera entre Argentina y Paraguay. Ambos países son propietarios de partes iguales de la represa.
La Entidad Binacional de Yacyretá es la comisión binacional encargada de la gestión del proyecto, calificada por el presidente Argentino Carlos Menem en 1989 como "monumento a la corrupción".
Según Sobrevivencia, el punto es que la corrupción floreció bajo las propias narices del Banco Mundial y el BID.
En particular, el grupo acusa a los bancos de no lograr que la Entidad Binacional Yacyretá mantuviera sus compromisos legales para mitigar el daño ambiental causado por el proyecto y brindar un paquete justo de compensaciones y reasentamiento para la gente forzada a dejar sus propiedades y formas de vida.
La acusación afirma que el personal del Banco Mundial violó 10 políticas de la institución, incluidas las que tratan con evaluaciones ambientales y reasentamiento voluntario de comunidades y aquellas sobre supervisión del proyecto y "suspensión de desembolsos".
Aunque el panel de inspección del Banco Mundial aún debe examinar todas las acusaciones, y "aunque la gerencia ha tenido en cuenta las quejas, el panel no está convencido de que se hayan cumplido sustancialmente las políticas y procedimientos relevantes", señala en informe del cuerpo.
El panel fue informado de que, hasta la fecha, mientras los principales componentes están casi finalizados, sólo se construyó un quinto del complejo de reasentamiento, y otras actividades y medidas de cuidado social quedaron rezagadas. "Es un equilibrio inusual", según el documento.
No obstante, el informe es cuidadoso en señalar que la recomendación sobre una investigación completa sólo significa que los miembros del panel piensan "que la solicitud es elegible para investigar", y será necesario hacerlo para determinar si las acusaciones están bien fundadas. (FIN/IPS/tra-en/aa/yjc/lp/ip-en/97
