Uruguay iniciará en 1997 un complejo proceso para elegir al primer presidente del siglo XXI, dentro del marco de una revolución del sistema electoral, el fin del tradicional bipartidismo y la cercanía cada vez mayor de la izquierda al gobierno.
Un plebiscito celebrado este mes arrojó una leve ventaja a favor de una ambiciosa reforma del sistema electoral, cuya vigencia depende formalmente de casi 70.000 votos cuestionados o emitidos fuera de los circuitos reglamentarios, aún no contabilizados.
A pesar de que la decisión oficial se conocerá en enero, pocos dudan que la reforma es un hecho, pues obtuvo en el primer conteo 979.326 votos (48,5 por ciento de los sufragios emitidos) y se requieren 1.010.015 para asegurar los cambios propuestos en el sistema electoral.
Los reformistas, al igual que la mayoría de los expertos, afirman que la diferencia a favor de la enmienda se obtendrá con comodidad entre los votos aún no contabilizados y que, de acuerdo con la tendencia histórica, mantendrían la proporción del primer escrutinio.
El gobierno de coalición que integran los partidos Colorado y Nacional (blanco) ya comenzó a instrumentar la reglamentación de la reforma constitucional, que colocará a los uruguayos ante una cantidad de campañas electorales sucesivas desusada para este país sudamericano.
Estos dos partidos, junto con el pequeño Nuevo Espacio, de centroizquierda, fueron los principales impulsores de la reforma, mientras la coalición izquierdista Frente Amplio se opuso.
Pero el planteo tuvo varios matices, pues tanto dirigenes blancos y colorados como frenteamplista desoyeron el mandato de sus líderes y votaron contra sus posturas.
La reforma prevé la celebración en mayo de 1999 de comicios internos en los partidos políticos, en los que se elegirán los candidatos a la presidencia. Cada partido deberá concurrir a las elecciones de octubre de 1999 con un solo candidato a la presidencia, lo que rompe con más de 60 años de historia.
Hasta ahora, los partidos podían presentar un número indeterminado de candidatos que sumaban sus votos entre sí. Obtenía la victoria el más votado del partido que recibiera mayor número de sufragios.
Si ningún candidato alcanza más de la mitad de los votos válidos en las elecciones de octubre de 1999, en las que también se elegirán los parlamentarios, se celebrará una segunda vuelta en diciembre de ese mismo año.
Pero la febril carrera de los líderes y candidatos a la caza de votos no terminará allí.
Los uruguayos volverán a concurrir a las urnas en abril del 2000 para elegir a los intendentes (gobernadores) y legisladores municipales de los 19 departamentos (provincias) en que se divide el país, lo que marca por primera vez la separación de las elecciones locales de las nacionales.
El proceso electoral del que surgirán los primeros gobernantes del siglo XXI en Uruguay no solo se diferencia de las anteriores en aspectos jurídicos y electorales.
Colorados y blancos concurrirán a las urnas con la clara conciencia de que se terminó la hegemonía bipartidista.
En los últimos comicios, celebrados en 1994, el Frente Amplio igualó a sus rivales y el electorado se dividió en tres partes casi iguales. Desde entonces, la popularidad del Frente Amplio y en particular la de su líder, Tabaré Vázquez, crecieron sin pausa.
No parece imposible que Vázquez, primer intendente de Montevideo (1990-1994) no perteneciente a ninguno de los partidos históricos, pueda alcanzar la presidencia a pesar de que en una eventual segunda vuelta electoral colorados y blancos pueden unirse para cerrarle el paso.
Esta fue, precisamente, una de las razones esgrimidas por la izquierdara para rechazar la reforma.
Vázquez "bien puede ganar la próxima elección", pronosticó el analista Tomás Linn, del semanario independiente Búsqueda, de tendencia liberal.
El líder del Frente Amplio "demostró ser un hábil seductor, imbatible en la polémica con argumentos que convencen, mientras los de sus adversarios no son creibles", argumentó Linn.
El columnista señaló que en el interior del país, tradicional reducto de colorados y blancos, la oposición a la reforma, cuyo único defensor entre los líderes políticos fue Vázquez, obtuvo mayor número de votos que los esperados.
En el interior "se ha perdido una especie de virginidad", observó Linn. "Quien hoy votó el 'no' como desacato a sus partidos mañana bien puede volcar su voto en favor de Vázquez, por lo menos para una segunda vuelta", agregó.
El analista cuestionó el liderazgo de los dirigentes de los partidos tradicionales, quienes "no lideran pero tampoco se van", pues "la sombra nociva que proyectan impide que crezca algo debajo de ellos".
El ex presidente Luis Lacalle (1990-1994) salió al cruce de la opinión del periodista y argumentó en tal sentido que su sector mostró una renovación y que él personalmente recorrió el país y estuvo en contacto con la gente a lo largo de 35 años de actuación pública.
Pero los blancos llegarán a la próxima elección con el lastre de varias investigaciones judiciales sobre algunos de los principales colaboradores de Lacalle.
Enrique Braga, ex presidente del Banco Central y ex ministro de Economía, y Daniel Cambón, ex asesor presidencial y ex viceministro de Turismo, fueron procesados y remitidos a la cárcel por irregularidades en el proceso de privatización de un banco.
Otros dirigentes lacallistas también están siendo investigados por diversas denuncias.
Colorados y frenteamplistas tampoco se salvan de la sombra de la justicia penal, que en 1996 fue, como nunca antes, un importante componente del panorama político.
Entre los colorados, la ex viceministra de Salud Pública, Laura Albertini, y su esposo, Eduardo Lasalvia, director del Instituto de Oncología, fueron acusados de tomar decisiones de gobierno en beneficio de una empresa privada de la que son propietarios.
Además, dos dirigentes izquierdistas son investigados tras acusárseles de presionar a empresarios contratados por un gobierno local encabezado por Rodolfo Nin Novoa, ex candidato a la vicepresidencia del Frente Amplio, en procura de dinero para la campaña electoral de 1994. (FIN/IPS/rr/mj/ip/96
