Con una participación de activos estimada en 400 millones de dólares, los militares ocupan el octavo lugar entre los principales grupos económicos en Honduras.
Estos activos representan cinco por ciento del producto interno bruto (PIB) del país centroamericano, estimado en 3.300 millones de dólares.
Con 18 empresas, canalizadas por medio del Instituto de Previsión Militar (IPM), las Fuerzas Armadas de Honduras se han constituido en un ejemplo a imitar por sus pares centroamericanas, que alaban frecuentemente su astucia para hacer negocios.
El jefe de las Fuerzas Armadas, general Mario Hung Pacheco, dijo que los militares no tienen la culpa de ser unos "magos" en los negocios, al tiempo que rechazó las críticas "tendenciosas" al IPM.
Las empresas de los militares en los sectores financiero, agropecuario, manufacturero, y de servicios y comunicaciones, así como activos que incluyen el proyecto de construcción de un hotel, son las más cuestionadas en medios empresariales.
La mayoría de los empresarios hondureños las acusan de competencia desleal, mientras que grupos humanitarios, políticos y de la sociedad civil, las ven como una forma de mantener el poder político que poco a poco han ido perdiendo.
Según el estudio "Militares y Negocios en América Central", realizado por la Fundación Arias para la Paz, con sede en Costa Rica, en Honduras la inversión castrense tuvo su mayor auge a principios de esta década, durante el gobierno de Rafael Callejas.
A Callejas, impulsor del neoliberalismo en el país centroamericano, se le atribuye también haber beneficiado generosamente a las empresas militares, especialmente en el sector del cemento, y mediante exenciones aduaneras y fiscales.
Creado por una junta militar de gobierno en los años 70 y avalado despúes por los regímenes civiles, el IPM se caracteriza por ofrecer una gama de servicios a sus afiliados y beneficiarios que merecen el elogio de otros organismos de previsión social.
Los militares "han manejado el IPM como deberíamos de manejar todas las empresas de previsión social, tratando de sacar la mejor utilidad posible", sostiene en la investigación Gloria Oquelí, del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupem).
Sin embargo, consideró el sistema como elitista y cerrado, y señaló que nunca han querido dar información sobre sus ganancias.
Un informe publicado en junio por el diario estadounidense Washington Post, causó revuelo en Tegucigalpa al indicar que la incursión de los militares en negocios había sido pactada con los civiles.
Pero la versión fue negada por el ejército y el actual gobierno. Los militares afirman que sus empresas lejos de hacer competencia desleal, contribuyen a reducir el desempleo, calculado en 40 por ciento.
El coronel retirado Carlos Reyes Barahona, uno de los asesores del IPM, dijo a IPS que las transacciones comerciales del organismo "son tan legales como las que hace cualquier empresa", pues no cuenta con prebendas y paga impuestos como las demás.
Barahona atribuyó las dudas existentes sobre las inversiones del IPM a un error de comunicación que piensan corregir.
"No es fácil para nosotros adaptarnos a los nuevos tiempos y las relaciones con los civiles, que aceptamos, fueron hasta hace poco muy tensas y herméticas", confesó.
Un estudio del Postgrado Centroamericano de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) identificaba a fines de los años 80 a 26 grupos económicos de poder en el país.
Las inversiones militares ocupaban entonces el lugar número 26, pero según la nueva clasificación se encuentran ahora en el octavo lugar, compitiendo con los empresarios nacionales y la compañías bananeras de Estados Unidos.
En el capítulo "Hablan los civiles", el diputado Raúl Pineda Alvarado propone una legislación especial para regular los negocios de los militares, ya que calificó de "irregular" que las Fuerzas Armadas se aprovechen de una infrestructura del Estado, "pagada con fondos del pueblo para hacer negocios".
"De repente vamos a tener unas Fuerzas Armadas constituidas por ejecutivos y empresarios, y no aptos y listos para desempeñar la función que realmente les corresponde como es la defensa de la soberanía, el territorio, así como garantizar la alternancia en el poder", apuntó.
El ministro de Hacienda, Juan Ferrera, reconoció que ignora el motivo por el cual el presupuesto del IPM no se discute en el Congreso, como ocurre con todos los demás fondos de previsión social.
Ferrera dijo que en este punto "ya no hay igualdad" y atribuyó la gravedad del asunto a una "subordinación civil", que teme tocar los intereses del "tigre", figura con que se conoce popularmente al ejército en Honduras. (FIN/IPS/tm/ag/ip-if/96
