Los trabajadores del sector público de Guyana han notificado al gobierno que paralizarán los servicios esenciales si no son atendidas sus exigencias salariales.
Los 20.000 funcionarios representados por la Unión del Servicio Público de Guyana (GPSU) -que reúne a cuatro sindicatos- se proponen abandonar sus funciones en el momento cumbre de las festividades navideñas.
Los dirigentes sindicales declararon que el problema tiene su origen en la falta de respuesta del gobierno ante las demandas salariales de sectores que incluyen a enfermeros, maestros, bomberos, controladores de tráfico aéreo y administrativos.
"Hemos alcanzado el límite posible de la pauperización de los empleados estatales", afirmó Patrick Yarde, presidente de la GPSU, cuando la organización envió su ultimátum. "Estamos dispuestos a perturbar el espíritu de la celebración".
Muchos trabajadores no reciben más de 80 dólares como sueldo mensual, lo que no llega a cubrir sus necesidades básicas.
Los empleados del sector público se encuentran entre los peor pagados de Guyana. Esta realidad ha provocado la ineficiencia de los servicios, ya que las personas calificadas no aceptan los empleos de la administración, que en la actualidad tiene 45 por ciento de sus puestos vacantes.
La GPSU informó que 75 por ciento de los empleados del Estado ganan menos de 90 dólares, mientras que el restante 25 por ciento recibe aun menos de esa cantidad.
Quienes trabajan en el sector privado tienen salarios varias veces superiores a los empleados públicos, y además disponen de más oportunidades para formarse. También reciben incentivos al finalizar el año, en relación con la productividad.
La actual tasa de crecimiento de la economía se encuentra entre las más altas de América. Los funcionarios afirman que su reclamación supondría un gasto adicional de 10,7 millones de dólares anuales, lo cual podría ser fácilmente respaldado por las actuales reservas internacionales, superiores a 400 millones.
Los dirigentes sindicales sostienen que el salario real sufrió una caída de 50 por ciento desde 1980, afectando en igual medida al poder adquisitivo de los funcionarios.
El gobierno no ha hecho hasta el momento ningún comentario público sobre esta amenaza de crisis, y algunos observadores entienden que esto puede ser una táctica para ganar tiempo en medio del fin de semana previo a la Navidad, dedicado a las compras propias de este tiempo. (FIN/IPS/tra-en/bw/cb/arl/lb/96
