El rechzo por la Cámara de Diputados de la parte fundamental de un proyecto que busca expropiar los bienes del narcotráfico generó hoy preocupación en el gobierno de Colombia, que con la nueva ley esperaba mejorar sus relaciones con Estados Unidos.
El proyecto, que había sido aprobado en primera instancia en el Senado, fue rechazado este martes en la Cámara de Diputados por 59 votos contra 57 y sólo podría salvarse si se acepta una reapertura del debate para conciliar la posición de las dos instancias legislativas.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto sobre la extinción de dominio para los bienes producto de actividades ilegales, pero negó la expropiación de los adquiridos antes del 1 de julio de 1991, cuando entró en vigencia la norma constitucional que tipificó como delito el enriquecimiento ilícito.
En opinión del presidente Ernesto Samper "la norma votada no satisface la voluntad original del gobierno" y coloca en peligro "instrumentos que ha existían para la persecución de bienes asociados a la comisión de este tipo de delitos".
Afirmó también que de insistir el Congreso en el artículo aprobado este martes Colombia podría "quedar colocada en el peor de los mundos", pues estaría consagrando "nada menos que una amnistía patrimonial para todos los bienes adquiridos por la delincuencia organizada en los últimos 20 años".
De la misma opinión es el ministro del Interior, Horacio Serpa, mientras la canciller María Mejía sostuvo que la decisión legislativa "dificulta el manejo de las relaciones internacionales del país".
El hecho es preocupante para el gobierno no sólo por las consecuencias que puede traer en las relaciones con Estados Unidos, sino porque afectaría otros compromisos de Colombia con la comunidad internacional, como los establecidos en la Convención de Viena contra las drogas, dijo.
Colombia adhirió en 1994 a ese texto, que traza los lineamientos para la lucha contra el tráfico de drogas ilícitas, los precursores químicos utilizados para su procesamiento y otros delitos derivados de esta actividad.
El gobierno de Samper aspiraba igualmente a suscribir la Convención de Estrasburgo de 1989, refreida específicamente al combate a las estructuras financieras de las transnacionales del crimen.
Para el vicepresidente Carlos Lemos, embajador de Colombia ante España, el resultado de la votación de la Cámara es "deplorable y grave para el país".
Expresó confianza en que la situación sea transitoria "y no se frustre de manera permanente la esperanza del gobierno de dotar a la justicia de una herramienta tan indispensable".
Lemos llamó a los miembros del gobernante Partido Liberal que votaron contra el proyecto para que "tomen conciencia de la responsabilidad que asumen frente a la nación y a la comunidad internacional".
"Ante una decisión de tan graves consecuencias para la vida del país y para su reputación internacional es necesario actuar con criterio patriótico", señaló en un comunicado.
Supuestos sobornos ofrecidos por narcotraficantes a legisladores y la marginación del opositor Partido Conservador de las votaciones del Congreso habrían generado, según algunos sectores políticos, el fracaso del proyecto.
La extinción de dominio para los bienes adquiridos por los delincuentes y la extradición de los narcotraficantes, que también está a punto de fracasar en el Congreso, forman parte de las exigencias de Estados Unidos a Colombia para la reanudación de la cooperación en la lucha contra el narcotráfico.
La nueva evaluación de Washington, que se produciría en marzo de 1997, sería otra vez negativa para Colombia, al igual que lo fue este año. (FIN/IPS/yf/dg/ip/96
