Viejos reclamos de soberanía al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de países de América Latina y el Caribe quedaron a un lado, mientras sus gobiernos buscan ayuda para fortalecer sus sociedades en la democracia, según funcionarios de la institución financiera.
La demanda de esa asistencia del BID es tan alta que supera los recursos disponibles, afirmó Edmundo Jarquin, presidente de la Unidad de Estado y Sociedad Civil del BID, quien considera que la situación es una "señal positiva" para la región.
Analistas en Washington, no obstante, afirman que la soberanía nacional a menudo es invocada por aquellos que resisten las reformas, y algunos acusan al BID de utilizar el tema para promover los intereses del capital en detrimento del trabajo.
Cuando la junta del BID decidió tomar como meta el fortalecimiento de la sociedad civil para su octavo presupuesto en 1994, "hubiera sido imposible imaginar que la cuestión de la soberanía quedaría relegada", dijo Jarquin.
Los proyectos de modernización del Estado y el fortalecimiento de las instituciones civiles son parte de los esfuerzos del BID por satisfacer los requisitos del acuerdo del último presupuesto.
Según este, el sector social debe representar 40 por ciento del total de recursos y 50 por ciento de los proyectos financiados por la institución financiera.
El BID intenta crear un "clima de confianza" entre el gobierno y las organizaciones cívicas, que históricamente han mantenido una relación antagónica, destacó el funcionario, y añadió que el objetivo final es que no haya ciudadanos "que no puedan ejercer sus derechos políticos y civiles".
Desde que el BID lanzó la iniciativa, la demanda de asistencia de los gobiernos regionales "creció a un índice que superó nuestras expectativas iniciales", dijo Jarquin.
Pero muchos se muestran en desacuerdo con la idea de que varios países dejaron a un lado sus preocupaciones por la soberanía nacional.
Eric Olson, de la Oficina sobre América Latina, dijo a IPS que la sobernía continúa siendo un área "muy sensible", y afirmó que los gobiernos aceptan las reformas por motivos económicos y no políticos.
El ex consejero general del BID Jerome Levinson acusó al BID, "junto al Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional" de ser "muy parciales en su respeto de la soberanía", y sostuvo que las instituciones evitan el tema cuando se trata de preocupaciones económicas y comerciales.
Pero, cuando se trata de derechos laborales "de inmediato izan la bandera roja de la soberanía", destacó Levinson.
Jarquin respondió que los sindicatos, "una de las organizaciones más importantes de la sociedad civil", enfrentan problemas en todo el mundo, no sólo en América Latina y el Caribe.
Olson dijo que el rechazo a tratar temas laborales "no sólo es reflejo del Banco, sino de los gobiernos", y citó a México y Brasil como dos países en que las autoridades han sido reticentes a referirse a la reforma laboral, a menudo invocando cuestiones de soberanía.
"No hay suficiente confianza" entre gobiernos de la región, muchos de los cuales aún están en período de transición, y como resultado las organizaciones civiles, incluyendo las naciones, a menudo son vistas como "oposición política", dijo Cheryl Mordern, directora asociada de política para el desarrollo del Servicio Mundial de Iglesias. (FIN/IPS/tra-en/pz/yjc/lp/ip-if/96
