Los cinco principales partidos políticos de Venezuela acordaron eliminar el Consejo Supremo Electoral, árbitro de los comicios, como paso decisivo para reformar un sistema de elecciones cada vez más ineficaz.
"Eliminar el Consejo es un clamor nacional", dijo el presidente de la comisión parlamentaria para la reforma, Orlando Contreras, del opositor partido socialcristiano Copei, segunda bancada en un parlamento repartido entre cinco fuerzas.
Henry Ramos, coordinador del grupo de Acción Democrática, partido socialdemócrata de oposición moderada al presidente Rafael Caldera (independiente, ex líder de Copei), aseguró que "la posibilidad de aprobar la reforma por consenso está cerca".
Trascendió que el secretario general y hombre con más poder en Acción Democrática, Luis Alfaro, fue quien propuso eliminar el Consejo y reemplazarlo por un organismo estructurado de modo diferente.
La propuesta de reforma tiene el apoyo del Movimiento al Socialismo, incorporado al gobierno, y de la opositora Causa radical, dos partidos de izquierda, y el grupo calderista Convergencia expresó interés en "decir al país que debe cambiar un sistema caduco y equivocado".
El consenso alcanzado hasta ahora permitirá cambiar el Consejo Supremo, automatizar los escrutinios y mejorar la elección de parlamentarios mediante el régimen de circuitos.
Mientras, quedan sin apoyo la automatización del voto, la eliminación del actual padrón electoral para confeccionar uno nuevo, y la propuesta de que las autoridades ante las urnas sean ciudadanos elegidos al azar y no agentes de los partidos.
El Consejo Supremo está integrado por representantes de los cinco principales partidos y miembros independientes escogidos por las fuerzas en el parlamento, y condujo con éxito los procesos electorales entre 1958 y 1989.
En 1989 se inició la elección directa de gobernadores de estados y de 300 alcaldes, desatándose un vendaval de alegatos de fraude e impugnaciones, alentados por escrutinios de exasperante lentitud que obligaron a la repetición constante de comicios.
El Consejo fracasó en los comicios regionales y locales de 1995 y el ejército debió militarizar ciudades enteras para impedir estallidos de violencia.
La preocupación de la dirigencia política se debe a que en 1998, deberán elegirse de modo simultáneo presidente de la República, congreso nacional, legislaturas regionales, gobernadores de 22 estados y alcaldes de los 330 principales municipios.
Una alianza entre Copei, el Movimiento al Socialismo y Causa Radical se hizo con la directiva del parlamento en marzo de este año y propuso adelantar la reforma electoral, pero al no reunir dos tercios de votos no pudo "torcer el brazo" a los socialdemócratas.
Cuando ya concluye la legislatura de 1996 avanzó el consenso, cediendo cada parte en sus posiciones extremas. Pero según José Miguel Uzcátegui, jefe de la bancada de Convergencia, sólo en 1997 podrá surgir una nueva ley electoral.
La automatización del voto y de los escrutinios busca no sólo celeridad, sino asegurar el respeto de los resultados, pues los miembros de una mesa pueden acordar un "reparto" de votos de las candidaturas no representados por los fiscales del centro de recepción de sufragios.
"Acta mata voto", se asegura en el argot venezolano.
En cuanto a los parlamentarios, actualmente son elegidos la mitad de modo individual y la mitad por listas, un sistema que al parecer perdurará con ajustes, por los desacuerdos de fondo entre los partidos.
El consenso fue empañado por el presidente del Consejo Supremo Electoral, Enrique Yéspica, cercano a Caldera, quien consideró el acuerdo partidista "parte de un plan que eliminará instituciones y al final apartará al jefe del Estado".
Dirigentes políticos calficaron la protesta de Yéspica de impertinencia, y se abocaron a estudiar cuándo costará indemnizar a los casi 3.000 funcionarios electorales que serán despedidos. La suma alcanzará a 10 millones de dólares, según los primeros cálculos, aunque los sindicatos de empleados la elevan a 60 millones. (FIN/IPS/hm/ff/ip/96
