La moción de condena por corrupción de un miembro de la Corte Suprema de Justicia de Panamá no logrará al parecer la mayoría necesaria de votos en el parlamento, y esa eventualidad profundizaría la crisis del sistema judicial.
Pese a las pruebas acumuladas por la fiscalía contra José Faundes, presidente de la sala penal de la Corte Suprema, la bancada de diputados de la oposición anunció en la noche del miércoles que rechazará la moción de condena por consideraciones de índole política.
Faundes fue acusado por el procurador de la nación, José Antonio Sossa, de presionar a jueces y funcionarios judiciales para que pusieran en libertad a varios sospechosos de tráfico de drogas y "lavado" de dinero procedente de esa actividad ilegal.
Testigos presentados por el fiscal Roberto Abrego en los 40 días que lleva el juicio corroboraron la denuncia de Sossa. Faundes está separado de su cargo y por medida cautelar no puede abandonar el país.
Entre los testigos de cargo se encuentra la jueza Ileana Turner, quien acusó a Faundes de haberla presionado y amenazado personalmente el 22 de marzo para que ordenara la libertad del narcotráficante colombiano Jairo Biules.
La declaración de Turner fue ratificada por la secretaria del juzgado octavo, Jetzabel Luque, y por otros empleados de ese despacho, que vieron al magistrado en la oficina de Turner, pese a que Faundes negó haberla visitado y amenazado.
La jueza Manuela Burgos también atestiguó que Faundes visitó su despacho junto con los abogados Diógenes Arosemena y Rogelio Arosemana para reclamar la libertad del narcotraficante Roy Alberto Antadillas, a pesar que éste se encontraba a disposición de una fiscalía.
Las pruebas contra Faundes incluyen dos grabaciones de conversaciones telefónicas del magistrado con particulares a quienes ofreció fallos a su favor a cambio de dinero.
En una de las grabaciones prsentadas por el fiscal Abrego, Faundes pide a la secretaria del empresario Israel Monchon que le diga a su jefe que "yo seré su abogado toda la vida" como pago por un "favor".
Tras decir a la secretaria de Monchon que "estoy en una situación difícil", Faundes se comprometió a devolver el favor pedido "tan pronto regrese a la Corte".
Faundes militaba en el opositor Partido Arnulfista, del ex presidente Guillermo Endara, hasta su nombramiento en enero de 1990 como integrante de la Corte Suprema de Justicia.
El diputado Olmedo Guillén, del Partido Arnulfista, afirmó que los 30 legisladores de la oposición votarán contra la moción de condena porque "hasta el momento no hay ningun elemento probatorio" de los delitos que se atribuyen a Faundes.
El fiscal necesita una mayoria especial de dos tercios (48 votos) de los 72 miembros del parlamento para condenar a Faundes.
Guillén acusó al gobernante Partido Revolucionario Democrático de "haber montado el juicio" para sacar a Faundes de la Corte Suprema de Justicia y designar en su lugar a un candidato propio.
Mientras, Abrego afirmó que "quedó ampliamente demostrada la actuación dolosa" de Faundes, y que si el parlamento, convertido en tribunal juzgador, actua según lo establecido en el código penal, debe condenar al magistrado por los actos de corrupción que se le imputan.
El voto partidista anunciado por la oposición evitará la cárcel a Faundes, pero "provocará un grave daño al pleno de la Corte Suprema de Justicia y al principio de separación de poderes", advirtió el abogado y ex legislador Luis Gómez.
Encuestas de opinión revelaron que 54,8 por ciento de la población respalda la decisión del parlamento de juzgar a Faundes por los actos de corrupción que le atribuyó el procurador Sossa.
Asimismo, 86,3 por ciento de las personas consultadas por la compañía internacional Dichter y Neira creen que existe corrupción entre los magistrados y jueces, incluidos los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia. (FIN/sh/ff/ip/96
