El gobierno de México destinará el próximo año la mitad de su presupuesto a programas sociales y entregará 1,2 dólares diarios a cada una de las 400.000 familias que viven en pobreza extrema.
Se trata de abrir "avenidas de desarrollo a muchas personas que hoy viven en condiciones de pobreza", dijo el portavoz oficial Alejandro Valenzuela, al informar sobre el proyecto de ejercicio fiscal para 1997, entregado este jueves al Congreso.
Más de 54 millones de habitantes de México son pobres y 10 millones se encuentran en la miseria, según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
México, undécimo en el mundo por su población, 91 millones, sólo podrá superar la pobreza cambiando los actuales esquemas de desarrollo económico, según creen políticos de oposición y analistas.
Los programas anunciados en el presupuesto son asistencialistas y no lograrán corregir la injusta distribución del ingreso, aseguraron diputados del opositor Partido de la Revolución Democrática.
Veinte por ciento de los hogares acumulan 55 por ciento de la riqueza del país, y el 80 por ciento restante, donde se concentran los mayores problemas de desnutrición, mortalidad y analfabetismo, debe repartirse el remanente.
Los estudios divulgados indican que los pobres gastan más de 60 por ciento de sus ingresos en alimentos, y los más ricos, apenas 5,6 por ciento.
México encabeza junto a Brasil y Chile la lista de países con mayor concentracion del ingreso, observó el Banco Mundial.
Según el gobierno de Ernesto Zedillo, el gasto programado para salud, educación y desarrollo comunitario, y el plan de entrega de dinero en forma directa, mejorarán las perspectivas de los más pobres.
El gobierno destinará en 1997 a programas sociales alrededor de 34.400 millones de dólares, equivalentes a ocho por ciento del producto interno bruto. Mientras, el servicio de la deuda externa exigirá 27.400 millones de dólares, de acuerdo con el presupuesto de gastos.
Las autoridades anunciaron que se mantendrá el modelo de libre mercado y la progresiva eliminación de subsidios a los productos de primera necesidad y, frente a las críticas de la oposición, defendieron como buena estrategia su intención de dar dinero en efectivo a los más pobres.
Organismos del Estado comenzarán en enero a entregar en 11 de los 32 estados un promedio de 1,2 dólares por día a familias previamente inscriptas para ayudarles a solventar sus necesidades de alimentos, atención de salud y educación.
Con esa cantidad, una persona podría consumir en la mayoría de ciudades del país un máximo dos comidas por día en algún mercado popular o en alguna institución de asistencia social, coinciden en señalar diversas investigaciones.
La entrega directa de dinero reemplazará un proyecto que contemplaba otorgar tarjetas informatizadas de consumo básico para los más pobres.
El proyecto, puesto a prueba durante varios meses en el estado de Campeche, en las costas del golfo de México, no funcionó como se esperaba y debería ser desechado, recomendó la Contraloría en un informe conocido en octubre.
La oposición sostiene que con el registro de los más pobres, las autoridades pretenden ejercer control político y favorecer al gobernante Partido Revolucionario Institucional, en el poder desde 1929.
Carlos Rojas, secretario de Desarrollo Social, rechazó la imputación. El gobierno hará todo lo posible por evitar que los programas sean politizados, y habrá mecanismos para que cualquier persona o grupo acceda a los estudios de auditoría y control, prometió.
El gobierno afirma que la economía dejará atrás en 1997 los efectos de la crisis estallada a fines de 1994, y que crecerá como mínimo cuatro por ciento.
Gracias a ello, a las nuevas inversiones, a la recuperación del empleo y la ampliación de los servicios de salud y educación, la pobreza comenzará a disminuir, aseguran las autoridades. (FIN/IPS/dc/ff/pr/96
