Venezuela proyecta una reforma de su justicia penal, para implantar en 1998 juicios orales y expeditos, pero confronta desde los borradores de la nueva ley el problema de conseguir jueces idóneos entre ciudadanos comunes.
"Habrá participación ciudadana y sobre eso no hay discusión, pero sí sobre la conformación del jurado, por lo difícil de reunir 12 o 15 personas que cumplan los requisitos", señaló Magaly Vásquez, co-redactora del proyecto que discutirá el parlamento.
En la legislación venezolana "hubo jurados hasta 1915, y se eliminaron por ineficientes, tal como se acaban de eliminar (1993) en Colombia, por ser causa de retardo procesal", destacó por su parte el penalista Alberto Arteaga.
"Es un valor vincular la comunidad al ejercicio penal, porque mientras más ojos vigilen los procesos se achica el margen para la impunidad", dijo la abogada Liliana Hernández, de Cofavic, una organización no gubernamental (ONG) contra la impunidad.
Pero, advirtió Hernández, "debe existir preeminencia de juristas al administrar justicia", y sobre todo "evitar que sea gatopardiana la reforma del procedimiento penal, mediante la capacitación adecuada de quienes actúen como jueces".
Hasta ahora en Venezuela la justicia ha sido rigurosamente escrita, impartida por un tribunal con un solo juez, el cual, con un sistema inquisitivo, recaba y procesa pruebas y alegatos con apoyo de una Policía Judicial a las órdenes del gobierno.
Arteaga, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, explicó que la justicia penal venezolana se basa en la española Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 y su cuerpo central de normas data de 1926, con escasas modificaciones.
Esa justicia ha sido proverbialmente lenta, pesada, ineficaz e inoportuna, y de ella se quejan los ciudadanos en todas las encuestas, los criminólogos, los inversionistas, las ONG, los propios jueces y las autoridades ejecutivas y de policía.
Un juicio penal demora en Venezuela un promedio de tres años y medio, mientras en sus cárceles se hacinan 25.000 presos, de los cuales 18.800 son procesados sin sentencia, según el ministro de Justicia, Henrique Meier, quien propone una ley de amnistía parcial para liberar entre 5.000 y 6.000.
En Venezuela no existe pena de muerte desde hace 133 años, pero en promedio muere un preso cada día. El 22 de octubre, una masacre desatada por custodias militares segó la vida de 25 reclusos, que murieron calcinados en una celda de castigo.
En el otro extremo, la ineficacia de la justicia para frenar el delito -se cometen entre 4.000 y 5.000 homicidios al año en este país de 22 millones de habitantes- fue invocada por turbas en barrios humildes, que en los últimos dos años lincharon a unos 20 jóvenes presuntos delincuentes.
Los reclamos por cambiar la justicia encontraron eco en el Banco Mundial, que dispuso 30 millones de dólares para co- financiar un proyecto de modernización de tribunales, y en la agencia de cooperación alemana GTZ, financista de estudios sobre la nueva legislación penal.
Vásquez explicó que la base de la reforma penal es pasar de un sistema de base inquisitiva a uno acusatorio puro, oral, donde la Fiscalía debe ocuparse de probar las culpas y para ello dirigirá a la policía judicial.
En el otro extremo estará la defensa y en medio el juez, desentendido de su actual función de probar o no un delito. Todavía se discute, dijo Vásquez, si ese juez actuará con apoyo de un jurado o si se conformará como tribunal colegiado.
El tribunal podría integrarse con un juez letrado (abogado) y dos legos (ciudadanos sin estudios de derecho), conforme a unos borradores, o tendría un juez letrado, y un jurado de 10, 12 o 15 ciudadanos fallaría sobre culpabilidad e inocencia.
"Es entonces cuando surge la pregunta de quiénes son los legos", observó el abogado Juan Navarrete, de la ONG Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, quien también reconoce "el valor de este encuentro entre la ciudadanía y la justicia".
Navarrete sostuvo que "hasta ahora el contacto de la población con la justicia es por la vía penal, como víctima o como victimario", y ahora agregaría la calidad de juez.
Arteaga advirtió que "si actualmente sobre un juez, que suponemos experto y con una carrera, se ejercen presiones, imaginemos las que se podrán ejercer sobre los jueces legos o los jurados de ciudadanos".
La alternativa que propone Arteaga es la de que, en un cuadro de mejoramiento de las condiciones y recursos con los que trabajan actualmente los 1.400 jueces del país, puedan trabajar con la figura de asesores.
Todos cuantos se pronuncian sobre la reforma penal coinciden en cambio en destacar el valor de la oralidad, y en la necesidad de incorporar principios de publicidad, celeridad y acumulación.
La oralidad "eliminará la práctica de la tortura como medio para extraer confesiones, pues sólo valdrán las declaraciones emitidas ante el tribunal", dijo Alberto Pérez, presidente del Consejo de la Judicatura, órgano rector de los tribunales.
La tortura "es sistemática y generalizada en Venezuela, a partir de la idea de que la confesión es la reina de las pruebas", según Navarrete, y las policías la aplican con énfasis "en los casos de robo y de delincuencia organizada".
Otra violación a los derechos humanos es la reclusión carcelaria mientras el proceso a menudo languidece. Según la reforma, tendría un tope de tres meses, antes de que se iniciase un juicio que consumiría entre uno y tres meses más.
Vásquez explicó que la reforma penal contempla la libertad probatoria, lo que significa que cesará el actual escalafón entre las pruebas, según el cual la confesión es plena prueba, lo son dos testimonios coincidentes, y tienen menor valor los documentos, las experticias y las inspecciones de los jueces.
La publicidad significará que los procesos serán públicos, en auditorios donde los ciudadanos puedan seguirlos y no como en la actualidad, en oficinas cerradas donde las partes dictan o asientan sus escritos.
La celeridad, indicó Vásquez, implicará que el proceso cumpla lapsos precisos y continuos, y la concentración, que el tribunal deberá procesar la mayor cantidad de evidencias posibles en cada audiencia, y dar continuidad al debate entre las partes.
Incluso se prevé que en la audiencia final se pronuncien el veredicto y la sentencia. La motivación de esta última puede redactarse con posterioridad, según el borrador de Vásquez.
Vásquez es la mano derecha de Luis Oberto, presidente de la comisión legislativa del parlamento, quien espera presentar el proyecto a fines de este mes para que se discuta aceleradamente y quede listo a comienzos de 1997.
Entraría entonces una "vacatio legis", o lapso sin vigor de la nueva ley, hasta 1998, para dar tiempo a la adecuación física de los tribunales, resolver casos en marcha y, sobre todo, entrenar a los jueces, fiscales, empleados y efectuar el cambio de manos en la conducción de la policía judicial. (FIN/IPS/hm/jc/hd-pr/96
