Tres ciudadanos de Nigeria demandaron ante una corte federal de Estados Unidos a la compañía petrolera Shell, a la que vinculan con el arresto y muerte en su país de nueve defensores de derechos étnicos.
Dos de los denunciantes, Owens Wiwa y Ken Wiwa, son hermano e hijo, respectivamente, de Ken Saro-Wiwa, un escritor y activista a favor de la minoría ogoni colgado en noviembre de 1995 en Port Harcourt, Nigeria.
Otro de los firmantes de la querella presentada ante la corte federal en Nueva York es Blessing Kpuinen, familiar de otro de los ajusticiados, John Kpuinen.
Los demandantes acusan a la empresa de capitales británicos y holandeses Shell de complicidad con la actividad represiva del régimen de Nigeria contra los ogoni.
A Shell corresponde la mitad de los dos millones de barriles de petróleo diarios que produce Nigeria, fundamentalmente extraido de las tierras ancestrales del pueblo ogoni, donde viven 500.000 nativos.
La organización de Washington Sierra Club difundió una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, en la cual le reclamaron "ayuda al pueblo ogoni en su lucha contra Shell por un ambiente limpio y saludable".
Los activistas aseguran que Saro-Wiwa fue ejecutado por su protagonismo en la campaña contra "la devastación de la región ogoni provocada por la explotación de petróleo a cargo de Shell".
"Le pedimos otra vez que presione a los aliados de Estados Unidos para que prohíban nuevas inversiones en Nigeria, congelen los bienes de sus dictadores en el extranjero y, lo más importante, imponga un embargo petrolero contra el país", agrega la carta enviada a Clinton.
Saro-Wiwa y Kpuinen pertenecían al Movimiento para la Sobrevivencia del Pueblo Ogoni (MOSOP), fundado para detener el daño ambiental que provocan las actividades de Shell y protestar contra el asesinato de 2.000 ogoni presuntamente a manos del régimen militar de Nigeria.
Activistas de MOSOP afirmaron que Shell recaudó 30.000 millones de dólares por el petróleo extraido en sus tierras desde 1958. La población de Ogonilandia no recibió nada a cambio.
"Lo único que hemos recibido es muerte. No tenemos agua, no tenemos electricidad, no tenemos escuelas, no tenemos caminos y no tenemos hospitales. Somos 500.000 personas", manifestó Barika Idamkue, representante de MOSOP.
Las instalaciones de Shell sufrieron, entre 1988 y 1992, 27 accidentes que provocaron en el derramamiento de 6,2 millones de litros de petróleo en la región ogoni. La compañía afirma que esas fallas no fueron de su responsabilidad.
"Estamos desconcertados, pues no todos los hechos fueron corregidos. Suspendimos nuestras operaciones en territorio ogoni en 1993, después de que nuestras estaciones flotantes sufrieron actos de vandalismo", dijo un vocero de Shell en Nueva York el año pasado.
"Sesenta y nueve por ciento de los problemas con nuestros oleoductos desde 1985 fueron provocados por sabotajes de la comunidad", agregó.
El vocero de Shell también aseguró que la compañía no apoya al gobierno de Nigeria. Pero en los últimos meses salió a luz evidencia de que Shell ayudó secretamente a la policía nigeriana en actividades represivas.
Documentos oficiales de la compañía obtenidos por IPS demuestran que Shell importó revólveres Beretta y municiones para suministrar a la policía de Nigeria a través de una compaía denominada Humanitex Nigeria.
El diario británico The Observer informó, en base a declaraciones de un vocero de Shell, que la compañía había comprado armas destinadas a policías nigerianos que custodian sus instalaciones.
"Pero, una vez importadas, las armas quedan en propiedad de la policía, que las almacena, controla y utiliza", afirmó el funcionario de la empresa.
The Observer también reveló un memorando del jefe de Seguridad Interna de Nigeria, mayor Paul Okuntimo, fechado en mayo de 1994 y dirigido al administrador militar del estado de Rivers, que incluye el territorio ogoni.
"Las operaciones de Shell serán imposibles a mena menos que se asuman operaciones militares rudas", señala el documento.
Judith Chomsky, abogada de los denunciantes, afirmó que "las empresas que se benefician de crímenes contra la humanidad no deberían tener cabida en Estados Unidos".
Chomsky acusó a Shell de reclamar a los militares la represión de manifestaciones pacíficas y también de sobornar testigos en el juicio contra Ken Saro-Wiwa.
"Shell se involucró directamente con violaciones de derechos humanos", agregó.
La querella se basa en una ley de comienzos del siglo XIX que fue esgrimida con éxito en los últimos meses contra extranjeros acusados de asesinato, tortura y otros delitos de derechos humanos cometidos fuera de Estados Unidos.
El Centro para los Derechos Constitucionales de Estados Unidos patrocinó el mes pasado juicios iniciados por 15 víctimas de abusos en Birmania contra la empresa Unocal en base a la misma ley.
La norma sirvió para condenar a violadores de derechos humanos de Argentina, Etiopía, Haití y Paraguay. Otras querellas fueron presentadas contra otros de Bosnia-Herzegovina, Guatemala, Haití y Palestina. (FIN/IPS/tra-en/pc/yjc/mj/hd/96
