Los trabajadores del sector energético de Colombia, convencidos de que el proceso de privatización de sus empresas es irreversible, han iniciado una ofensiva para garantizar su estabilidad laboral y la defensa del consumidor.
La última fase del proceso de privatización, iniciado en 1990, comprende la venta de 35 empresas del sector energético, que incluyen más de 20 electrificadores departamentales, petróleo, petroquímica y minería.
El conjunto de empresas en venta tiene un valor superior a 6.000 millones de dólares, de los que 80 por ciento pasará a manos del sector privado antes de finalizar 1998.
Para el sector de las electrificadoras, el anuncio del ministro de Minas, Rodrigo Villamizar, indica que el plan busca "abrir nuevos espacios de inversión para el sector privado y garantizar el suministro de energía para los próximos 15 años".
La intención es ampliar la capacidad de generación de los 10 millones de kilovatios actuales a 20 millones en el año 2010, para lo que se desarrollarán 26 proyectos contenidos en el Plan de Expansión Eléctrica.
"Todos los proyectos a realizarse en adelante deben ser privados", afirmó Villamizar, quien opina que uno de los incentivos para los particulares será el precio en la bolsa energética que permitirá una adecuada tasa de retorno.
También se reestructurarán las actividades de la estatal Empresa Colombiana de Petróleos, que centrará su actividad en la exploración y producción de petróleo, y privatizará otros procesos, como el transporte de hidrocarburos y la distribución de gas.
Para hacer frente al proceso privatizador, los cerca de 150.000 trabajadores del sector constituyeron en octubre un Comité Intersindical que tiene como objetivo presentar propuestas alternas.
Fredy Martín, miembro del Comité Ejecutivo de la Central Sindical Unitaria de Trabajadores, la principal de Colombia, aseguró que el plan tal como está diseñado traerá como consecuencia, en primer término desempleo e inestabilidad laboral.
"Lo primero que haría un inversionista privado sería despedir a los trabajadores antiguos para deshacerse de la carga laboral" y contratar nuevo personal "a término fijo para evitarse las prestaciones sociales que benefician a los trabajadores antiguos", afirmó Martín.
El dirigente sindical, de 42 años, que trabaja hace 16 como técnico en la Electrificadora del sureño departamento de Tolima, considera que en su caso, de ser despedido, sería difícil que otra empresa lo contrate.
En segundo término el dirigente sindical considera que los usuarios también resultarían afectados si la privatización se cumple en los términos pautados actualmente, pues los empresarios privados eliminarán el sistema de tarifas subsidiadas que existen para los sectores de menores ingresos.
Además, los costos de producción se elevarán y serán trasladados por el empresario privado al consumidor final.
El Comité Intersindical inició contactos con los ministerios de Hacienda y de Minas, y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para presentar sus propuestas.
Según Martín, una de las acciones va dirigida a evitar que el gobierno negocie en forma desventajosa algunas empresas, bajo la presión de conseguir 1.500 millones de dólares antes de finalizar este año para enfrentar el déficit fiscal.
El gobierno estaría planeando vender en 1.000 millones de dólares la empresa hidroeléctrica de Guavio, la de mayor producción, cuando su costo real supera los 2.500 millones.
"La privatización no es un capricho de Colombia sino una exigencia de los organismos multilaterales de crédito", pero el Comité exigirá que se haga en las mejores condiciones para los trabajadores, afirmó Martín.
Las empresas privadas extranjeras o nacionales que piensen invertir en el sector deberán garantizar que "aportarán tecnología y educatión para no desvalorizar el trabajo de la mano de obra colombiana, sino mejorarla", añadió.
El Comite pedirá al gobierno que adopte una reglamentación para estas empresas, se respeten los subsidios para los sectores de bajos recursos y se respeten las condiciones laborales.
Para lograr sus objetivos, el Comité ya ha comenzado a realizar gestiones a nivel internacional, con empresas de Estados Unidos, España, Japón y Alemania que estarían interesadas en invertir en el sector energético colombiano.
"Les hemos dicho que en Colombia el problema no es venir y comprar, sino que hay una serie de condiciones que hay que respetar" y que como trabajadores "estamos dispuestos a poner todo nuestro empeño para lograr la eficiencia", afirmó Martín. (FIN/IPS/yf/ag/lb-en/96
