El reclutamiento de menores por parte del ejército y grupos irregulares en Colombia está haciendo de los niños y niñas víctimas y victimarios, según el informe presentado hoy en esta capital por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Marta Maurás, directora regional para América Latina y el Caribe de UNICEF, afirmó que el fenómeno es generalizado a nivel mundial e instó a los gobiernos y organismos multilaterales a que inicien una campaña para la prohibición del reclutamiento de menores de 18 años.
Los menores soldados merecieron una atención especial en el informe el "Impacto del Conflicto Armado sobre los niños", presentado el día 8 en Nueva York en un acto presidido por el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Boutros Boutros-Ghali.
Para el estudio, coordinado por Graca Machel, se realizaron seis consultas regionales en Asia y el Pacífico, Africa Oriental y Meridional, Africa Occidental y Central, Europa, América Latina y Medio Oriente.
Maurás afirmó que urge no sólo evitar que los menores sean incorporados a las fuerzas regulares e irregulares, sino que es necesaria una campaña para desmovilizar a todos aquellos que ya están vinculados como actores de la guerra.
La aprobación y adhesión de todos los países al Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, que eleva la edad de reclutamiento de 15 a 18 años sería uno de los instrumentos evitar la vinculalción de los menores a estas situaciones de confrontación.
En el caso de Colombia, Maurás mencionó un informe de la Defensoría del Pueblo, según el cual entre siete y 10 por ciento del total de los aproximadamente 25.000 guerrileros activos son menores de 18 años.
Según este informe, hay entre 1.700 y 2.500 niños guerrilleros, en una población menor de 18 años de 14 millones de personas, y 4.000 prestan el servicio militar obligatorio en el ejército.
Hasta agosto, cuando se produjo un pronunciamiento de la Corte Constitucional, muchos de estos jóvenes eran enviados a zonas de conflicto para combatir o desempeñar funciones administrativas
El jefe del ejército, Manuel Bonett, afirmó que la prestación del servicio militar por parte de los estudiantes que cursan el último año de secundaria, que en su mayoría tienen entre 16 y 18 años, es obligatoria por mandato de la Ley y sólo se podría evitar mediante una reforma de la misma.
El jefe militar afirmó, no obstante, que podría pensarse en una salida intermedia, como la prestación de servicios sociales en la comunidad.
Maurás llamó igualmente la atención sobre otras situaciones que afectan a la población infantil en las zonas de conflicto armado, como los desplazamientos forzosos y las minas terrestres antipersonales.
Colombia, Guatemala y Perú presentan los problemas más preocupantes de niñez afectada por el desplazamiento forzoso.
En Colombia, en los últimos cinco años ha habido cerca de 800.000 desplazados "que en su mayoría son niños, niñas y mujeres, y una cifra similar presentan Guatemala y Perú", afirmó Maurás.
Entre las recomendaciones formuladas por UNICEF para enfrentar estas situaciones de desplazamiento están la promoción y cordinación de programas de educación y respeto para sus derechos, así como mantenerles la escolaridad.
Se pide a los grupos armados irregulares que se abstengan de reclutar niños y niñas menores de 18 años, no utilizarlos para la fabricación artesanal de minas, ni para su búsqueda y destrucción, e impedir su circulación por los campos minados.
La ministra de Relaciones Exteriores, María Mejía, indicó que para el gobierno es preocupante que la violencia sea uno de los espacios "tristemente significatoivos en la vida cotidiana de los niños y las niñas de Colombia".
Este hecho quedó evidenciado en las elecciones que se hizo con el apoyo de UNICEF el 25 de octubre, en las que participaron unos cuatro millones de niños y niñas: de los 14 derechos que contenía la tarjeta, más de la mitad pidieron en primer lugar que se les respetara el derecho a la vida.
Mejía se mostró partidaria de integrar con UNICEF y otros organismos un Comité Interinstitucional que trabaje para que las recomendaciones planteadas en el informe se hagan realidad. (FIN/IPS/yf/ag/pr/96
