El gobierno de Sudán aseguró que aún no comenzó el juicio a los 30 civiles y militares acusados de intentar un golpe de Estado y que, según Amnistía Internacional, ya habrían sido condenados a muerte.
El ministro de Justicia, Abdel Basit Sabarat, reivindicó el derecho de las autoridades a someter a juicio a los conspiradores, pero puntualizó que nadie ha sido sentenciado a muerte por la tentativa golpista de marzo.
Sabarat informó que los 30 acusados, entre los que cuentan 11 civiles pertenecientes a los proscriptos partidos de oposición, se hallan todavía detenidos en dependencias del ejército y serán juzgados la próxima semana.
Agregó que se ha autorizado a los grupos de derechos humanos y a abogados defensores a visitar a los detenidos, y el tribunal militar a cargo de la causa actuará de modo imparcial.
No obstante, el ex primer ministro Sadiq al Mahdi respaldó la denuncia de Aminstía Internacional, lanzada en Londres, y dijo que las sentencias a muerte fueron dictadas esta semana. La tentativa de golpe de Estado se castiga en Sudán con la muerte o con prisión perpetua.
Al Mahdi, que habló desde su residencia en la capital gemela de Omdurman, donde se halla bajo arresto domiciliario, instó a la comunidad internacional a presionar al gobierno del general Omar al Bashir para evitar la ejecución de los procesados.
Depuesto por Al Bashir en 1989, Al Mahdi también exhortó a la población a la resistencia pacífica contra el régimen, para lograr el restablecimiento de la democracia pluripartidista.
El parlamento, habitualmente subordinado a las decisiones del Ejecutivo, solicitó al gobierno a llevar a los 30 acusados ante la justicia ordinaria, en lugar de someterlos a tribunales militares. El mando del ejército rechazó el pedido.
Un pariente de uno de los supuestos golpistas afirmó este jueves a IPS que el abogado contratado para defender a su familiar fue advertido de que no debe aceptar el caso.
Así mismo, Dafalla Eradi, el abogado que encabeza la defensa, aseguró el martes que se le impidió reunirse con los detenidos en los últimos meses.
"Se supone que debemos conversar con los acusados antes del juicio, pero eso no ha sucedido y se nos dijo que el proceso comenzará la semana próxima", señaló Eradi.
Los tribunales militares de Sudán también juzgarán a un grupo de oficiales procesados por presunta tentativa de secesión en la oriental provincia de Port Sudan, sobre el mar Rojo.
El ministro de Defensa, general Hassan Abdel Rahman, declaró a la prensa que los supuestos secesionistas serán juzgados una vez que se complete la investigación.
Rahman aseguró al parlamento que el grupo se proponía ocupar Port Sudan y su base militar y bloquear todas las vías, terrestres y aéreas, que comunican el lugar con el resto del país.
"El plan preveía que, tras la ocupación del puerto, llegarían tres embarcaciones desde Eritrea con mercenarios y suministros para reforzar a los conspiradores y permitir el arribo de asistencia extranjera al aeropuerto", agregó.
El ministro de Defensa también dijo que los complotados intentaron ocupar la localidad de Kasala, límuitrofe con Eritrea, para declarar luego un estado independiente en el este del país, asiento de la etnia beja.
El grupo étnico beja reside en la frontera con Eritrea y Etiopía y exige su autodeterminación. En la zona opera desde 1995 el Ejército de Liberación de Beja, y el gobierno sudanés acusa a Eritrea de conceder santuario a los insurgentes.
Una fuerza integrada por nacionalistas de Beja y opositores incorporados a la lucha armada atacó la semana última la localidad de Tokar, en la frontera con Eritrea, causando "grandes bajas" al ejército, según la información difundida.
El gobierno de Sudán, que ha impuesto la sharia, o ley islámica, se enfrenta también desde 1983 a la rebelión del Ejército Popular de Liberación de Sudán, que lucha por la autodeterminación del sur, donde prevalecen las culturas africanas tradicionales y el cristianismo. (FIN/IPS/nb/oa/ff/ip hd/96
