Las medidas de "modernización" adoptadas por el nuevo presidente de República Dominicana, Leonel Fernández, están produciendo cambios que complacen a empresarios nacionales y extranjeros pero irritan a los trabajadores locales.
Fernández, de 42 años, sucedió hace casi dos meses al nonagenario Joaquín Balaguer, que condujo el país durante casi tres décadas.
Desde entonces, emprendió una dura y bienvenida batalla contra la corrupción, pero por otra parte desató una ola de protestas al multiplicar por 25 el salario de unos 200 altos funcionarios de gobierno, entre ellos el suyo propio.
El resto de los funcionarios públicos, en su mayoría insuficientemente remunerados, comenzaron a protestar y reclamar aumentos similares.
Durante su campaña electoral, así como en su discurso inaugural del pasado 16 de agosto, Fernández afirmó que su administración emprendería una rápida y decisiva lucha contra la corrupción, que, según se sospecha, aqueja a instituciones judiciales, policiales, militares y empresas públicas.
De acuerdo con su promesa, el gobierno impidió salir del país a varios ejecutivos de la Corporación de Empresas Estatales (Corde) mientras dure la investigación, informó Abel Rodríguez del Orbe, procurador general.
El nuevo gobierno será "implacable" con los ejecutivos de empresas públicas culpables de cualquier forma de corrupción bajo la administración anterior, afirmó Rodríguez del Orbe.
Corde es responsable por 24 grandes empresas estatales, muchas de las cuales están desfinanciadas y Fernández desea privatizar.
La medida es bienvenida entre los empresarios locales. "Las empresas públicas han sido muy ineficaces, mal administradas y utilizadas para hacer favores a quienes apoyan el gobierno", afirmó uno de los empresarios más importantes del país, que solicitó reserva.
"El dinero utilizado para cubrir los déficits de esas compañías debería usarse para sostener la economía nacional y mejorar los servicios sociales", añadió.
El incremento salarial de los altos funcionarios también forma parte de los esfuerzos de Fernández por combatir la corrupción, de acuerdo con sus colaboradores.
El aumento, retroactivo al 1 de octubre, hace que el salario del presidente pase de 250 dólares a 6.500 dólares al mes. El vicepresidente Jaime Fernández ganará mensualmente 5.100 dólares, y los ministros 3.500.
"El porcentaje del incremento parece desmesurado", manifestó un destacado empresario, "pero no es lógico que el presidente de nuestro país gane el equivalente a un cuarto del salario mínimo en el vecino Puerto Rico".
Además, los salarios competitivos en el servicio público disuadirán a los funcionarios de aceptar sobornos y reducirán el nivel de corrupción en el país, agregó.
El gobierno espera que la privatización de las empresas públicas haga que su nueva conducción se base en principios comerciales, poniendo fin a la corrupción y al patronazgo.
Fernández presentó al Congreso un proyecto de ley para privatizar varias empresas, incluso Corde, la compañía tenedora. Todas las empresas que controla, excepto dos, están en bancarrota.
El Consejo Estatal del Azúcar, que controla la mayor parte de las plantaciones de azúcar del país, también será puesto a la venta.
Así mismo, el Congreso estudia una propuesta para privatizar la compañía estatal de electricidad, que ha sido incapaz de satisfacer adecuadamente la demanda nacional.
Sin embargo, al presidente no le resulta tan fácil hacer que los legisladores acepten sus propuestas como aumentar los salarios, ya que el centrista Partido de la Liberación Dominicana de Fernández sólo tiene 13 de 120 escaños en la cámara baja, y uno de 30 en el Senado.
El parlamento está controlado por el ultraconservador Partido Reformista de Balaguer, contrario a la privatización de lo que considera "patrimonio nacional", y por el Partido Revolucionario.
No obstante, los cambios realizados por Fernández fueron bienvenidos en varios sectores.
"Las medidas sugieren que realmente el presidente está marcando una distancia respecto de la administración de Balaguer", manifestó un diplomático en Santo Domingo.
Por otra parte, existe un creciente malestar entre los funcionarios públicos, quienes sienten que también merecen un incremento salarial, aunque el gobierno afirma no estar en condiciones de satisfacer sus reclamos.
El presupuesto nacional es deficitario debido al mal manejo de las empresas públicas, pero líderes sindicales advirtieron que no aceptarán un aumento "desproporcionado" para altos funcionarios a menos que se produzca un incremento equivalente para el resto de los empleados del Estado. (FIN/IPS/tra-en/ip/cj/cb/ml/ip/96
