Opinión

El camino legal hacia la autocracia

Este es un artículo de opinión de Inés M. Pousadela, directora de Investigación y Análisis de Civicus, la alianza mundial para la participación ciudadana.

Ciudadanos de Zimbabue residentes en el Reino Unido se manifiestan contra el proyecto de ley de enmienda de la Constitución de Zimbabue, frente a la embajada de Zimbabue en Londres, Reino Unido, el 18 de abril de 2026. Imagen: Maynard Manyowa / News Images / NurPhoto vía AFP

MONTEVIDEO – El presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, quien asumió el poder tras el golpe militar que puso fin a los 37 años de mandato de Robert Mugabe, ha dejado claro que no tiene intención de limitarse a una década en el poder. En julio, firmó una enmienda constitucional que amplió los mandatos del presidente en ejercicio y del parlamento de cinco a siete años y retrasó las próximas elecciones generales de 2028 a 2030.

Zimbabue no es el único caso. En varios países africanos y más allá, los presidentes están recurriendo a enmiendas constitucionales, tribunales y parlamentos para mantenerse en el poder más allá de los límites originales.

Están ampliando los mandatos, suprimiendo los límites de mandato y de edad, excluyendo a sus rivales de la contienda y, en los casos más descarados, eliminando por completo a los votantes de la ecuación, al tiempo que reprimen a quienes defienden la democracia.

Estas medidas pueden lograr un resultado muy similar al de un golpe de Estado, pero su apariencia legal libra a quienes las impulsan de las consecuencias. Un golpe militar puede acarrear la suspensión de un país de la Unión Africana (UA), mientras que los presidentes que reescriben las reglas no han sufrido hasta ahora ningún tipo de sanción.

Límites eliminados

En Yibuti, el presidente Ismaïl Omar Guelleh gobierna desde 1999. En octubre de 2025, el parlamento votó por unanimidad a favor de eliminar el límite de edad presidencial de 75 años, que Guelleh ya había superado. En abril de 2026, se adjudicó un sexto mandato con un inverosímil 97,8 % de los votos en unas elecciones que la mayoría de los partidos de la oposición boicotearon.

La autora, Inés M. Pousadela

En Chad, donde Mahamat Idriss Déby asumió el poder en 2021 tras la muerte de su padre y ganó unas elecciones controvertidas en 2024, el Parlamento abolió los límites al número de mandatos presidenciales en octubre de 2025 y amplió la duración de los mandatos de cinco a siete años.

La República del Congo muestra adónde conduce este camino. Una década después de que un referéndum eliminara los límites de mandato y de edad que habrían impedido a Denis Sassou Nguesso volver a presentarse, este, a sus 82 años, se hizo con un quinto mandato en marzo de 2026, con un 94,82 % de los votos oficiales.

La República Democrática del Congo (RDC) podría ser la siguiente. El presidente Félix Tshisekedi tiene constitucionalmente prohibido optar a un tercer mandato, pero ha planteado una revisión constitucional y un posible aplazamiento de las elecciones de 2028.

El 23 de octubre, la Asamblea Nacional aprobó una ley que permite convocar un referéndum ante una «disfunción grave» de las instituciones estatales y la remitió al Senado. La Constitución sigue prohibiendo cualquier cambio en los límites de los mandatos, pero la sociedad civil y la oposición consideran que esta ley es un paso hacia un mandato indefinido.

África no tiene el monopolio de esta táctica.

En El Salvador, Nayib Bukele utilizó la mayoría cualificada de su partido para purgar la Sala Constitucional de la Corte Suprema, cuyos nuevos jueces reinterpretaron la prohibición constitucional de la reelección consecutiva para allanar su camino hacia un segundo mandato en 2024. En julio de 2025, la Asamblea Legislativa abolió por completo los límites al mandato presidencial.

Rivales fuera de las papeletas

Una vez eliminados los límites, los rivales son los siguientes. En Costa de Marfil, el presidente Alassane Ouattara argumentó que la Constitución de 2016 había puesto a cero el recuento de sus mandatos.

El Consejo Constitucional estuvo de acuerdo, lo que le permitió optar a un cuarto mandato a los 83 años, y excluyó de las papeletas a varios rivales siete semanas antes de las elecciones de octubre de 2025. Al no quedar ningún rival viable, ganó con alrededor de 90 %.

En Nicaragua, Daniel Ortega encarceló a todos los rivales viables antes de las elecciones de 2021. En julio de este año, declaró que el país no celebraría más elecciones, y ahora está incorporando la exclusión política a la Constitución.

Una enmienda aprobada en primera lectura en septiembre, a la espera de una segunda votación en enero de 2027, impediría de forma permanente que cualquier persona acusada de ser un «traidor a la patria» o de apoyar sanciones extranjeras se presentara a un cargo público.

Votantes excluidos

La forma definitiva de afianzar el poder es privar a los votantes de su derecho a opinar. Una vez que la enmienda de Zimbabue haya mantenido en el cargo al octogenario Mnangagwa, de 84 años, hasta 2030, un parlamento dominado por su partido podría renovar su mandato indefinidamente, sin que los votantes tengan voz ni voto.

En Camerún, el presidente Paul Biya, de 93 años y en el poder desde 1982, se adjudicó un octavo mandato en octubre de 2025.

En abril, el parlamento votó por 200 votos a favor y 18 en contra a favor de reintroducir la vicepresidencia, un cargo que el presidente nombra y destituye, y cuyo titular completaría cualquier mandato pendiente, a pesar de que la Constitución exige la celebración de nuevas elecciones.

La ley otorga de hecho a Biya el poder de elegir a su propio sucesor. El líder de la oposición, Maurice Kamto, lo calificó de «golpe constitucional».

Represión continuada

La manipulación jurídica se sustenta en la represión. En Zimbabue, la policía disolvió la reunión inaugural del Foro de Defensores de la Constitución, y Human Rights Watch documentó siete agresiones contra líderes estudiantiles que hacían campaña en contra de la enmienda, algunos de los cuales fueron secuestrados, torturados y entregados a la policía.

Partidarios del partido en el poder acorralaron a periodistas que cubrían las sesiones parlamentarias y les obligaron a borrar las imágenes de la violencia contra los activistas.

En Chad, el líder de la oposición Succès Masra fue condenado a 20 años de prisión dos meses antes de que se eliminaran los límites al mandato presidencial.

En Costa de Marfil, las autoridades prohibieron las protestas y las reuniones públicas, salvo los actos de campaña.

En la República Democrática del Congo, la policía lanzó gases lacrimógenos contra personas que se manifestaban en contra de la ley del referéndum y detuvo a decenas de ellas, mientras que los enfrentamientos en Kinshasa se saldaron con la muerte de un político de la oposición.

Un reglamento obsoleto

Cuando los soldados derrocaron al presidente de Gabón en agosto de 2023, la UA suspendió al país al día siguiente. Ninguno de los presidentes que están reescribiendo las normas para mantenerse en el poder se ha enfrentado a nada comparable.

La UA dispone de las herramientas necesarias. Su Carta Africana sobre Democracia, Elecciones y Gobernanza prevé sanciones cuando los gobiernos modifican constituciones o instrumentos jurídicos para mantenerse en el poder, al igual que lo hace en caso de golpe de Estado.

Sin embargo, la UA solo ha suspendido a Estados tras golpes militares o, como en Costa de Marfil en 2010, cuando un mandatario derrotado se negó a abandonar el cargo, y nunca por reescribir una constitución.

Ni siquiera suspendió a Chad en 2021, cuando el ejército aupó al joven Déby infringiendo las normas de sucesión, el primer paso de un proceso que culminó con la abolición de los límites de mandato.

Cada maniobra que queda sin respuesta reduce el coste de la siguiente. Mientras la reescritura de las normas no acarree consecuencias, los presidentes decididos a permanecer en el poder seguirán haciéndolo, y quienes se resistan seguirán pagando el precio.

Inés M. Pousadela es directora de Investigación y Análisis de Civicus, codirectora y redactora de Civicus Lens y coautora del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil. También es profesora de Política Comparada en la Universidad ORT de Uruguay.

T: MF / ED: EG

Este informe incluye imágenes de calidad que pueden ser bajadas e impresas. Copyright IPS, estas imágenes sólo pueden ser impresas junto con este informe

Lo más leído

[wpp heading='Popular Posts' limit=6 range='last24hours' post_type='post' stats_views=0 ]