Los indicios de altos niveles de corrupción en los mandos militares han generado tensión e inquietud en círculos políticos y castrenses de Perú.
El cerrado universo de los oficiales de las Fuerzas Armadas peruanas, que tienen sus propios barrios y mercados, clubes institucionales y cuyos hijos asisten a escuelas exclusivas, nunca gozó de excesiva simpatía entre los civiles, pero su imagen corporativa no aparecía tan empañada como ahora.
Casos recientes de generales del Ejército que se acusan mutuamente de complicidad con el narcotráfico e indicios de millonarias comisiones ilegales (sobornos) en adquisiciones de las fuerzas navales y aéreas comprometen a los institutos militares.
El Parlamento prepara dos leyes especiales para sancionar con mayor rigor a los militares que delincan y para vigilar el "incremento patrimonial" de los oficiales del Ejército, Fuerza Aérea, Marina y Policia que operan en las zonas de influencia y producción de narcotráfico.
Un proyecto de ley propone considerar como máximo agravante que el autor de un delito común sea miembro de las Fuerzas Armadas y el otro exigirá a los oficiales que operen o hayan operado en las zonas productoras de coca la obligacion de presentar declaración jurada de sus bienes y rentas.
El congresista opositor Javier Diez Canseco anticipó que propondrá que se prohiba que los delitos comunes cometidos por oficiales de las Fuerzas Armadas sean juzgados por tribunales militares y que pedirá que sus sentencias se cumplan en cárceles comunes y no en prisiones militares.
"Algunos de los generales enjuiciados por colaborar con el narcotráfico están recluidos en la sede de la Comandancia del Ejército o en sus respectivas unidades militares, rodeados de comodidades extraordinarias", afirmó.
Según el abogado Heriberto Benítez, su patrocinado, el general Jaime Ríos Arauco, recluido en una prisión militar, es inocente y fue acusado de complicidad con el narcotráfico en represalia por haber tratado de prohibir las "donaciones para la alimentación de la tropa" que hacían los narcotraficates en la selva central.
Otro oficial, el comandante Miguel Aparicio, se encuentra preso junto a los oficiales a los que acusó de recibir "cupos" (contribución en dinero) de los narcotraficantes.
"Se quiere hacer con él un escarmiento por revelar públicamente que algunos oficiales eran sobornados por los narcos, y se le reclama no haber formulado una discreta denuncia a la inspectoría del ejército", asevera su abogado, Roberto Rodríguez.
Los indicios de desmoralización delictiva de altos oficiales no abarcan unicamente el narcotráfico, sino que han comenzado a aflorar otros casos vinculados a la compra de armamentos.
El tema se actualiza después de la no declarada guerra con Ecuador, entre enero y febrero de 1995, y partir de la cual ambos países parecen empeñados en una carrera armamentista, que es desmentida en Lima y Quito con tonos poco convincentes.
El descubrimiento en Italia de una comisión ilegal en la compra de misiles Otomat durante el conflicto con Ecuador destapó lo que parece ser una "olla podrida".
Un vicealmirante de la Marina de Guerra, un ejecutivo de la empresa italiana Otto Melara y un empresario peruano aparecen involucrados en una coima de 838.000 dolares pagados por la compra de los misiles, cuyo costo total ascendió a 5,8 millones de dolares.
"El asunto saltó cuando la justicia italiana descubrió que en la venta de misiles a Perú se pagó una inusual comision de 15 por ciento, cuando el límite legal es de cuatro por ciento… El resto se supone que fue solicitado para sobornar", comentó el parlamentario Fernando Olivera.
"Lo más grave es que no debió pagarse ni un centavo de comisión a nadie, porque la empresa Otto Melara es proveedora única, de modo que no se necesitaban intermediarios", afirmó Olivera.
El mismo parlamentario investiga otros dos casos de corrupción y coimas en la compra de equipo militar: la adquisición de helicópteros y cazabombarderos usados, que habían sido originalmente desechados por razones técnicas.
"Podemos sospechar qué tipo de argumentos crematísticos usaron los intermediarios de los gobiernos de Nicaragua y Ucrania para vender aparatos viejos, muy fatigados y sin repuestos", sostiene Olivera.
Los helicópteros nicaragüenses fueron comprados en 1992, mediante una operación de triangulación con una empresa formada en las islas Vírgenes británicas.
Respecto de los cazabombarderos MIG 29, en diciembre de 1995 se produjo un escándalo, rápidamente acallado, cuando vendedores rusos de armas hicieron trascender en Lima que los aviones que estaba a punto de comprar Perú a Ucrania carecían de repuestos.
Angel Páez, especialista civil en asuntos militares del matutino La República señaló que cuando se fragmentó la Unión Soviética Ucrania quedo en posesión de un formidable equipo bélico que ahora trata de vender, "pero dicho pais no tiene fábricas para producir los repuestos respectivos".
Páez sostiene que el presidente Alberto Fujimori reaccionó indignado cuando se enteró de la compra y la hizo abortar, pero agrega que, según algunas fuentes militares de su confianza, finalmente se compraron 18 MIG-29 a Ucrania. (FIN/IPS/al/dg/ip/96
