La posibilidad de que las negociaciones entre la guerrilla y el gobierno de Guatemala para la reinserción pacífica de los insurgentes conduzcan a la aprobación de una amnistía general para las violaciones de los derechos humanos provocó rechazo de grupos humanitarios locales e internacionales.
Las primeras expresiones de preocupación surgieron de la organización guatemalteca Alianza contra la Impunidad y de Amnistía Internacional, que se oponen a un perdón general.
El tema de la reinserción de los insurgentes, paso siguiente a la firma de la paz, comenzó a tratarse en total hermetismo el pasado fin de semana en Puebla, México.
La gubernamental Comisión de la Paz (COPAZ) y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) que nuclea a los grupos guerrilleros que actúan en el país, se encuentran en la etapa final de un diálogo de paz que se inició hace cinco años.
Karen Fischer, vocera de la Alianza contra la Impunidad, integrada por representantes de varios sectores sociales, dijo a IPS que trascendió que se negocia la aprobación de una figura que no lleva el nombre de amnistía, pero que igualmente intenta exculpar a ambas partes en conflicto.
La Alianza presentó al Congreso una iniciativa de Ley de Reincorporación según la cual "el Estado no ejercitará acción penal en contra de las personas con participación actual o pasada en la URNG, cuyas acciones puedan ser tipificados como delitos políticos cometidos antes de la vigencia del presente decreto".
Fischer informó que iniciaron una campaña internacional dirigida no sólo a organizaciones de derechos humanos, sino a otros países, para que se pronuncien en contra de una posible amnistía general en la mesa de negociaciones.
Según Fischer, un perdón general es improcedente ya que sólo debería amnistiarse a los alzados en armas que hubieran cometido delitos políticos, indicando que hay que excluir de ella al ejército, "porque forma parte del Estado y éste combate amparado por la Constitución".
Al ejército de Guatemala, a través de los comisionados militares y de las temidas Patrullas de Autodefensa Civil, se le atribuyen innumerables masacres, desapariciones forzadas y torturas, especialmente en la época más dura de la lucha contrainsurgente, entre 1979 y 1983.
Gustavo Porras, coordinador de Copaz, dijo que el tema de la reinserción deberá estar concluido en dos reuniones más, a finales de este mes, y el resto de los temas operativos a fines de noviembre, para firmar en diciembre el acuerdo final de paz.
"La figura jurídica es clave porque de ella depende el aspecto político de la reinserción, el que implica gozar de los derechos y estar sujeto a las obligaciones de la ley" señaló.
Agregó Porras que la reinserción implica también cuestiones de tipo operativo y material, sobre cómo se van a poner en práctica los programas de reinserción de los ex combatientes a la vida civil, y las posibilidades existentes de ofrecer condiciones de vida dignas en materia laboral, entre otras.
Amnistía Internacional, envió un comunicado al gobierno expresando su preocupación ante la posibilidad de que se promulgue una ley que no garantice el derecho de las víctimas a la verdad y a la justicia.
El documento expresa preocupación ante la posibilidad que "se promuevan medidas de gracia que dejen a salvo, en la oscuridad de la impunidad, a los responsables de la comisión de terribles violaciones y abusos contra los derechos humanos durante los últimos 30 años".
Destacaron que los responsables de estas violaciones deben comparecer ante los tribunales y rendir cuenta de sus actos, por lo que consideran inaceptable la promulgación de una ley de amnistía que pueda impedir que se conozca la verdad y se rindan cuentas ante la justicia.
Agregan que AI no apoya ni se opone a la concesión de amnistías o medidas de gracia cuando se ha establecido la verdad, se ha juzgado y sentenciado a los responsables y se ha concedido una compensación adecuada a las víctimas.
El conflicto armado de Guatemala, que se arrasatra desde hace casi 36 años, es el más prolongado de América Latina, provocó más de 150.000 muertos y dejó millares de viudas y huérfanos, así como un millón de desplazados internos y más de 45.000 refugiados reconocidos.
AI ha documentado miles de violaciones a los derechos humanos en Guatemala y entre las víctimas figuran indígenas, campesinos, sindicalistas, políticos, periodistas, estudiantes, religiosos, refugiados, retornados, incluso personas que investigaban esas violaciones.
Representantes de la Alianza contra la Impunidad se reunieron el jueves con los integrantes de Copaz para plantearles sus puntos de vista y dijeron que Porras les informó que en esa figura que se está discutiendo no se incluiría a los delitos de lesa humanidad.
Fischer dijo que habían manifestado a los miembros de la comisión gubernamental de paz que tampoco estaban de acuerdo con amnistías anteriores que se habían decretado en Guatemala, ya que ni siquiera fueron aprobadas por el Congreso, sino por los jefes de Estado de turno.
"Por esa razón, les manifestamos que los delitos de lesa humanidad como las masacres por ejemplo, no prescriben, y que los responsables deben ser enjuiciados", señaló.
También AI solicitó la anulación de las disposiciones de gobiernos anteriores, en los que se otorga inmunidad a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos.
Pero a pesar de los cuestionamientos de las organizaciones de derechos humanos, las opiniones de observadores y actores sociales vinculados al proceso de paz coinciden en que la amnistía general es casi un hecho. (FIN/IPS/cz/jc/hd/96
