El gobierno de Colombia rechazó hoy críticas del Parlamento Europeo sobre crecientes violaciones a los derechos humanos, en las que aparecen mencionadas las Fuerzas Armadas.
El órgano legislativo regional acusó también a grupos paramilitares de derecha y a organizaciones guerrilleras de izquierda.
El consejero presidencial para los derechos humanos, Carlos de Roux, reconoció que se habían producido graves hechos en esa materia, pero rechazó los términos de la resolución emitida este jueves por el Parlamento Europeo.
En opinión de de Roux "hay una cuota de responsabilidad para el Estado y el gobierno" y otra para los agentes de la fuerza pública "pero hay muchas fuerzas de disolución y de violación de los derechos actuando en Colombia como ruedas sueltas".
En una resolución de doce puntos el Parlamento Europeo condenó sin reservas todas las violaciones a los derechos humanos cometidas en Colombia y pidió al gobierno del presidente Ernesto Samper acciones para poner fin a estos hechos.
La resolución fue aprobada por 127 votos a favor, 62 en contra y siete abstenciones.
Los eurodiputados pidieron también a Samper acelerar la instalación de la oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos y denunciaron la falta de cooperación con la Fiscalía para el esclarecimiento de denuncias.
En la declaración europea se mecniona el caso de los dirigentes campesinos Eder y Eliseo Narváez, asesinados el 28 de septiembre por grupos paramilitares a raíz de un conflicto agrario.
Los campesinos pretenden la propiedad de parte de la hacienda Bella Cruz, al norte del país, que también reclama familiares del embajador de Colombia ante la Unión Europea Carlos Marulanda.
En su respuesta, el gobierno dice estar de acuerdo en que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU inicie "de inmediato sus actividades" en el país y anuncia que en diciembre culminarán los trámites para otorgar las tierras que reclaman los campesinos de Bella Cruz.
El Parlamento sostiene que la escalada de violencia y atropellos contra los derechos fundamentales de las personas puede conducir a una guerra civil abierta en el país sudamericano.
Informes de organizaciones no gubernamentales indican que en el país se registran anuelmente más de 28.000 muertes violentas y que en los dos últimos años han desaparecido 316 personas.
Trasnacionales petroleras europeas como la británica British Petroleum y la francesa Total aparecen involucradas en acciones de violaciones a los derechos humanos y daños al medio ambiente.
El gobierno colombiano afirmó que acoge la invitación del parlamento europeo a "continuar velando por el fortalecimiento de la democracia". (FIN/IPS/yf/dg/ip-hd
