Organizaciones humanitarias expresaron en Chile un tajante rechazo a la petición del Ejército a la Corte Suprema de que los tribunales apliquen "fielmente" la ley de amnistía de 1978 en juicios por violaciones de derechos humanos.
La solicitud del Ejército al máximo tribunal fue hecha el día 4, pero recién trascendió este martes, generando inmediatas reacciones de abogados y agrupaciones de familiares de víctimas de la represión bajo la dictadura del general Augusto Pinochet (1973- 90).
La principal rama castrense, que tiene como comandante en jefe a Pinochet, se quejó a través del Ministerio Público Militar por la reapertura de unos 80 casos que a su juicio deben ser absueltos mediante la ley de amnistía.
El escrito castrense agrega que se ha citado a los tribunales a unos 300 militares y policías por estas causas, lo cual ha "generado un clima de inquietud e incertidumbre en el personal que es altamente inconveniente".
Según el Ministerio Pública Militar, la Corte Suprema debería instruir a todos los jueces para que apliquen "fielmente" la ley de amnistía y absuelvan de inmediato los casos, sin reabrir los procesos y menos citar a los inculpados.
Informes de la Comisión Nacional de Reconciliación indican que bajo la dictadura hubo unos 3.000 crímenes contra los derechos humanos, con alrededor de 1.200 desapariciones forzadas y 1.800 asesinatos de opositores por parte de agentes represivos.
Las organizaciones humanitarias vincularon la petición del Ejército al rechazo en la Cámara de Diputados de la acusación constitucional contra cuatro jueces que aplicaron la amnistía en el proceso por el secuestro y asesinato del español Carmelo Soria.
Este caso fue emblemático, pues se consideraba que en el asesinato de Soria, cometido en 1976 por militares al servicio de la más tarde disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), era inaplicable la amnistía por tratarse de un funcionario de Naciones Unidas.
La acusación constitucional fue votada hace dos semanas y rechazada ampliamente, gracias a que la mayoría de los diputados del oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC) y la oposición derechista la consideraron improcedente.
Sola Sierra, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, dijo que esta posición del PDC "legitimó la ley de amnistía" y alentó al Ejercito para "buscar el sobreseimiento de todos los casos".
La dirigente consideró que la solicitud del Ejército es "una nueva afrenta a la dignidad nacional y a la necesidad de justicia", y exhortó a la Corte Suprema a preservar su independencia y rechazar la petición.
La abogada Pamela Pereira, conocida defensora de víctimas de violaciones de derechos humanos, indicó que los militares están buscando "imponer un 'punto final' por la vía judicial" para todos los procesos por crímenes represivos.
En términos similares se pronunció este miércoles el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, que consideró la solicitud militar como inaceptable, en cuanto "es una abierta presión e intromisión" del Ejército hacia la Corte Suprema.
Los organismos humanitarios reiteraron sus demandas de derogación de la ley de amnistía, invocando disposiciones de la Constitución y tratados internacionales sobre el juzgamiento y sanción de crímenes de lesa humanidad.
La aplicación e interpretación de la ley de amnistía ha sido un permanente foco de tensión en Chile entre los militares, el gobierno y los tribunales, desde el restablecimiento de la democracia, en marzo de 1992.
En el gobierno de Patricio Aylwin (1990-94) y en el actual de Eduardo Frei, se han hecho intentos de legislar en la materia, con propuestas que han sido objetadas desde ángulos antagónicos por los militares, de una parte, y los organismos humanitarios y partidos de izquierda por otra.
Mientras el Ejército insiste en una aplicación "fiel y cabal" de la amnistía, los defensores de los derechos humanos rechazan cualquier legislación que implique un "punto final encubierto" para los procesos pendientes. (FIN/IPS/ggr/ag/hd/96
