Costa Rica afronta la reforma del Estado a paso lento e inseguro por falta de consenso y busca a tientas el equilibrio entre un nuevo modelo neoliberal y el sistema benefactor de los últimos 50 años.
Como el resto de América Latina, Costa Rica inició hace 15 años la etapa de ajuste estructural pero, a diferencia de la mayoría de los casos, el Estado aún hoy insiste en mantener monopolios y la responsabilidad por la educación, la vivienda y la salud.
Todos esos servicios fueron suministrados por el Estado paternalista que añoran los costarricenses, aquel que crecía como empleador, daba una buena atención médica y colocó al pais a la cabeza de América Latina en materia de expectativa de vida, baja mortalidad infantil y alfabetismo.
Junto con la década del 80 llegó la crisis. Era preciso devolver el dinero con que se construyó la moderna sociedad costarricense, pero las facturas aún están pendientes de pago.
El golpe fue duro. El gasto social por habitante cayó del índice 100 de 1980 a 61,24 en 1982, mientras como proporción del producto interno bruto (PIB) se reducía entre esos dos años de 22 a 15,85 por ciento.
Pero se ha recuperado, según aseguran las autoridades. Informes oficiales sitúan en 1996 el índice de inversión social por habitante en 109. O sea, nueve puntos más que en 1980 y casi 48 puntos por encima del piso de la depresión de 1982.
El gasto social también ha aumentado su participación en el PIB respecto de 1982, al llegar este año a 21,12 por ciento. No obstante, la población no cree o no siente la mejoría.
La percepción general es que la educación anda mal, la salud se ha deteriorado, el costo de la vida supera los ingresos, no hay control de precios y, en general, el costarricense siente que el Estado, o el gobierno, le han abandonado.
El ministro de Planificación, Leonardo Garnier, aseguró a IPS que el Estado benefactor no será desmantelado, aunque el propósito es apartarlo de actividades que no le son propias y modernizar y volver eficiente el país.
Garnier señaló que se intenta incrementar el gasto social. Para 1997 está previsto un presupuesto en salud equivalente a 7,65 por ciento del PIB, para recuperar la proporción que se registraba en 1980, antes de la crisis.
La inversión en educación es este año 5,2 por ciento del PIBib, pero existe un proyecto de ley para llevarlo en los próximos años a seis por ciento.
Paralelamente, el gobierno de José María Figueres, en el poder desde 1994, intenta profundizar la reforma del Estado, al precio de una impopularidad sin precedentes.
Casi 50 por ciento de las personas consultadas en la última encuesta de opinión consideraron mala o muy mala la gestión de Figueres, y 34 por ciento la calificaron de regular.
El cierre de un banco, por pérdidas debidas a mal manejo del crédito, el desmantelamiento de un ferrocarril, reformas introducidas en el régimen de pensiones de los maestros, que los obligan a trabajar más tiempo y cotizar más, el alza de algunos impuestos y la creación del delito fiscal son algunas de las medidas impopulares de la actual administración.
Garnier admite que, en el corto plazo, la clase media pagó un costo muy alto por el ajuste, pues el gobierno intentó aliviar a los más pobres la carga de las decisiones tomadas.
Parte del costo se pagó con la inflación, que en 1995 llegó a 23 por ciento y en 1996 será de 13 o 14 por ciento, y con un impuesto a las ventas de 15 por ciento y una carga tributaria total de casi 16 por ciento.
Pero el ministro asegura que el salario real recobró el nivel previo a la crisis de 1980 y que el desempleo, a diferencia de otros países de América Latina, donde fue llevado por el ajuste a tasas superiores a 15 por ciento, se mantuvo en Costa Rica entre cinco y seis por ciento.
Garnier atribuye la angustia y el fatalismo de esta época a que la población quisiera conservar las cosas buenas del pasado sin perder oportunidades de futuro ni afrontar el costo de cambiar el presente.
"No hemos logrado que la gente relacione un 15 por ciento de impuesto de ventas con el aumento de un mes en el año escolar para mejorar la educación", explicó.
El ministro puntualizó que el país de hace 20 o 30 años no era mejor que la de 1996, pero ahora, debido al deterioro de servicios como salud y educación, el costarricense está obligado a gastar en esos rubros, que antes le resultaban gratis.
Así mismo, la población no redujo su consumo para enfrentar la crisis, sino que "lo financió con deuda, de la misma manera que lo hicieron las empresas y el mismo gobierno", agregó.
Para Garnier, atender los problemas de fondo de la clase media significa otorgar prioridad a la educación.
"Necesitamos que (las familias de clase media) sientan de nuevo que sus hijos pueden ir a las escuelas públicas, y por eso se dan cursos de computación y se incorporó el inglés, porque queremos quitarles esa carga enorme de costear la educación", explicó.
Pero el funcionario también considera que debe haber un cambio cultural. Eso significa pagar impuestos para poder exigir buenas carreteras, buena salud, y buenas escuelas, ya que "si queremos tener ciertas cosas hay que pagar por ellas".
Costa Rica también busca un camino propio en materia de privatización de activos y servicios públicos.
El Estado pretende seguir a cargo de la distribución de los combustibles y de la electricidad, así como del sector de telecomunicaciones, aunque abriendo a la participación privada el área de generación eléctrica y la telefonía celular.
Tampoco está dispuesto a seguir el modelo chileno de privatización de la salud, pues considera que se trata de una de sus funciones prioritarias. El gobierno también considera que es preciso mantener el criterio de solidaridad como clave de la seguridad social, aún en el caso de los fondos de pensión.
"Nuestro principal problema no resuelto es que no hemos logrado que junto al proceso de ajuste se consolide un cambio cultural" para que "gobierno, empresas y población entiendan que el desarrollo del pais debe descansar sobre ahorro real, no sobre endeudamiento", advirtió Garnier.
Costa Rica busca una vía intermedia y, aunque las reformas son lentas, pues es necesario "discutir todo infinidad de veces", una vez hechas son también irreversibles, concluyó el ministro. (FIN/IPS/mso/ff/if/96)
