China condenó hoy a Wang Dan, estudiante y activista defensor de los derechos humanos, a 11 años de prisión y una suspensión adicional de dos años de sus derechos civiles, en un juicio de tres horas que, según críticos, refleja la creciente intolerancia del Partido Comunista.
La sentencia contra Wang, de 26 años, quien en 1989 figuró en primera plana en las protestas por la democracia en la plaza de Tiananmen, es "extraordinarimante vengativa", dijo Robin Munroe, representante en Hong Kong de la organización internacional Human Rigths Watch Asia.
Según Munroe, el juicio reveló "una nueva agenda de seguridad" del gobierno chino.
Los cargos de conspiración para derrocar al gobierno fueron relacionados a su publicación en el exterior de artículos contra el gobierno, y a campañas de recolección de fondos para respaldar a disidentes necesitados.
Activistas de los derechos humanos sostienen que el gobierno no ha tenido una actitud tan dura desde la purga de opositores tras la masacre de junio de 1989 en Tiananmen.
Además, señalan, China había dicho que aboliría las leyes contra la incitación contrarrevolucionaria, pero a juzgar por el juicio de Wang, la nueva legislación podría ser aún más rigurosa.
Los procedimientos legales en el caso de Wang revelaron que fue el primer disidente juzgado bajo la ley de seguridad del Estado.
En un juicio anterior, en 1991, relacionado a su papel en las protestas por la democracia en la plaza de Tiananmen, el estudiante de la Universidad de Beijing fue acusado de difundir "propaganda contrarrevolucionaria", y recibió una sentencia de cuatro años.
Pero esta vez, Wang fue acusado de la ofensa más seria en los códigos chinos, solamente por escribir varios artículos, dijo Munroe.
En el viejo sistema, hubiera sido castigado bajo la ofensa menor de incitación contrarrevolucionaria, señaló el activista, pero ha sido acusado con el cargo "francamente ridículo" de conspirar para derrocar al gobierno.
En un documento divulgado este miércoles antes del juicio, Human Rights Watch advirtió que las acusaciones contra Wang enviaron un claro mensaje a los disidentes de que las cortes ya no establecerán una diferencia entre el discurso político y los artículos de prensa por un lado y la acción concreta por el otro.
Ambos niveles de disenso serán indiscriminadamente tratados como amenazas a la seguridad del Estado, alertó el documento.
El juicio de Wang revela otras medidas más siniestras del gobierno chino para controlar la oposición, denuncian defensores de los derechos humanos.
En un informe sobre el juicio, la estatal Agencia de Noticias Nueva China dijo que Wang fue procesado en 1991 por "conspiración contrarrevolucionaria para derrocar al gobierno".
Pero los archivos demuestran que fue procesado bajo el artículo 102 del código criminal por la ofensa menor de "propaganda e incitación contrarrevolucionaria".
Lo que hace el gobierno chino es intensificar los "crímenes" de Wang con retroactividad, dijo Munroe.
El proceso y encarcelamiento de Wang logró silenciar al último de los más destacados críticos del régimen comunista chino en el mundo.
A comienzos de este año, otro activista partidario de la democracia, Wei Jinsheng, también acusado de publicar artículos en el exterior en una "conspiración por derrocar al gobierno", fue sentenciado a 14 años en prisión.
A fines de septiembre, Liu Xiaobo, crítico literario y opositor, fue detenido y sentenciado sin juicio a tres años de trabajos forzados por firmar una declaración crítica del presidente Jiang Semin.
Estas medidas reflejan el extremado nerviosismo de la dirigencia china ante posibles disturbios a nivel nacional, señalan analistas.
"Lo que dijo Wang en uno de sus artículos es cierto. China es hoy un país sobre un volcán, mientras las presiones se acumulan debido a las reformas económicas", dijo Munroe.
Un analista occidental en Beijing presentó una visión similar. "Mientras la sucesión (del enfermo líder Deng Xiaoping) provoca una situación de incertidumbre e inseguridad, la línea más segura es la línea dura". (FIN/IPS/tra-en/ys/cpg/lp/ip-hd/96
