El gobierno de Brasil anunció hoy la adopción de numerosos decretos, proyectos de ley y medidas administrativas para contener el déficit fiscal, que llegó a 6.000 millones de dólares en agosto.
Entre las medidas previstas, divulgadas pro cuatro ministros, destaca un programa de renuncias voluntarias destinado a suprimir 40.000 de los 560.000 puestos de funcionarios públicos.
Según anunció el ministro de Administración Federal, Luiz Bresser Pereira, también se anularán las vacaciones adicionales y gratificaciones que ganan algunos funcionarios, con lo cual se ahorrará cerca de 1.000 millones de dólares al año.
El ministro de Previsión Social, Reinhold Stephanes, informó de nuevas reglas para la jubilación, como restricciones al retiro anticipado y la suspensión de beneficios discriminatorios, con lo cual disminuiría el creciente déficit del sector, que llegaría a 4.500 millones de dólares este año.
A su vez el titular de Hacienda, Pedro Malán, anunció que serán contratados a la brevedad cerca de 2.000 nuevos auditores fiscales para combatir la evasión, que se reconoce elevada.
Las medidas tienen efectos limitados en relación al tamaño del déficit público, pero son las que puede impulsar el Poder Ejecutivo mientras espera que el Congreso Nacional apruebe reformas constitucionales que podrán producir un efectivo ajuste fiscal, señalaron los ministros en Brasilia.
El Congreso discute desde el inicio del año enmiendas constitucionales que abrirían la posibilidad de reformar la administración pública, el sistema de seguridad social y el tributario.
Al Ministerio de Planificación le tocará suprimir o reestructurar una veintena de empresas y organismos estatales considerados prescindibles, entre los cuales habría empresas de abastecimiento, transportes, de fomento al desarrollo local y varias fundaciones, según trascendió.
En el área administrativa, casi 100.000 puestos vacantes no serán llenados, con la reducción de las 1.572 funciones existentes en el servicio público brasileño, muchas de las cuales no se justifican, como las de planchadoras, masajistas y carniceros.
Los funcionarios públicos perderán el derecho a una promoción automática al retirarse, lo que les representaba un aumento salarial de hasta 20 por ciento.
El déficit fiscal es considerado el punto débil del programa de estabilización económica de Brasil.
Para corregirlo, las autoridades apuntan a la promulgación de reformas constitucionales y a la flexibilización de la política monetaria, que mantiene muy elevadas las tasas de interés.
El Sindicato de Servidores Públicos anunció manifestaciones de protesta, incluyendo la posibilidad de una huelga general, contra las medidas de reducción de gastos del gobierno. (FIN/IPS/mo/dg/if- ip/96
