A una semana del reclamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial de luchar contra "el cáncer de la corrupción" en América Latina, el gobierno argentino se puso a la cabeza de una ofensiva judicial que apunta contra algunos personajes símbolos de esa corrupción.
El presidente Carlos Menem, en dificultades para satisfacer la demanda de combatir la desocupación -primera prioridad de los argentinos en las encuestas- intenta ahora enfrentar la segunda gran preocupación de la población: la corrupción y la esquiva voluntad política de perseguirla hasta el final.
"La presión por la transparencia es tan fuerte en la sociedad argentina hoy que el gobierno no puede evitar dar alguna respuesta sin comprometer seriamente su legitimidad", señaló la analista y encuestadora Graciela Romer ante el "destape" de numerosos casos de corrupción y narcotráfico.
"La corrupción es prioridad en la opinión pública después del desempleo", subrayó el analista y encuestador Rosendo Fraga. "Parecería que el gobierno quiere responder a la demanda ética de la sociedad con los operativos contra el contrabando que se están realizando", añadió.
Menem asumió la campaña al anunciar el martes una verdadera cruzada contra una presunta aduana paralela que en los últimos cuatro años evadió impuestos por una cifra que está entre los 3.000 y los 6.000 millones de dólares, mediante el contrabando.
El operativo judicial comenzó el fin de semana último y decidió a Menem a anunciar el martes que la aduana se fusiona ahora con la Dirección General Impositiva, el órgano de recaudación que desde la semana pasada está encabezado por Carlos Silvani, hasta entonces funcionario del FMI.
Pero paralelamente a la investigación en la aduana, esta semana parecieron desanudarse otras pesquisas contra personajes siempre sospechados y nunca condenados, que al menos en la opinión pública son símbolo de la corrupción que permanece impune.
Guillermo Cóppola, apoderado del futbolista Diego Mardona, está preso desde este miércoles en una causa en la que está imputado por tenencia de drogas para su comercialización.
Tiene otra causa en la que aparece como autor del crimen del dueño de una discoteca, Armando Armentano, pero el juez que encabezaba la investigación, Francisco Trovatto, no lo citó a declarar y ahora está siendo indagado por presunto enriquecimiento ilícito.
Cóppola y Maradona solían visitar la residencia presidencial, eran amigos del secretario privado de Menem, Ramón Hernández, y del hijo del mandatario que murió en un accidente de helicóptero en 1995.
El secretario de Menem cenó con Cóppola y Armentano la noche en que el empresario del espectáculo fue asesinado.
La diputada de la opositora Unión Cívica Radical Elisa Carrió dijo este jueves que "a Cóppola le acaban de levantar toda la red de protección e inmunidad que hasta ahora le estaba brindando el gobierno".
Otro de los alcanzados por la justicia fue Alberto Samid, empresario y amigo de Menem, denunciado hace unos meses por la Dirección General Impositiva como cerebro de una asociación ilícita que evadió 88 millones de dólares de impuestos.
Según el pronunciamiento judicial de este miércoles, será indagado en las próximas horas y ya no puede salir del país.
Y hay más. Otra de las personas tocada por la sospecha de corrupción esta misma semana es Emir Yoma, empresario y ex cuñado del presidente.
Un documento en poder de la justicia y que la prensa difundió el martes vincula a Yoma con el escándalo por la venta ilegal de armas a Ecuador, con una mafia que simulaba exportar oro y estafaba al fisco y a un soborno millonario pagado por la empresa IBM para obtener una provisión de servicios al Banco Nación.
El documento certifica que la empresa Yoma S.A. recibió una transferencia de dos millones de dólares de la compañía uruguaya Daforel.
Esta última había sido mencionada en la causa como la empresa de pantalla que actuó como testaferro para el cobro de un soborno en la venta de armas a Ecuador durante la guerra con Perú.
El comerciante de armamentos Diego Palleros, prófugo en Singapur, declaró que el dinero del soborno fue depositado en Daforel, y que era testaferro de un alto empresario de la provincia de La Rioja, "muy vinculado al poder político". Justamente Yoma es de La Rioja.
La empresa Daforel aparece también en la investigación del caso IBM.
La hermana del acusado, Zulema Yoma, que se divorció de Menem en 1994, declaró este miércoles que "ya era hora de que el país tome la decisión de hacer frente a las mafias".
El comprobante fue encontrado por casualidad por los fiscales que investigan la llamada "mafia del oro" durante un allanamiento esta semana. La presunta asociación ilícita se dedicaba a cobrar reintegros de impuestos por presuntas exportaciones de oro manufacturado que no eran tales.
El fraude perjudicó al fisco en 100 millones de dólares y el fiscal que encabeza la pesquisa fue víctima de siete agresiones en los últimos meses, cinco dirigidas a su familia y dos a él mismo, la última el lunes, cuando le tajearon el cuerpo y la cara.
El fiscal, Pablo Lanusse, pidió ahora tiempo para decidir si continúa o no en la causa.
Emir Yoma había sido causante una de las más graves crisis políticas del gobierno de Menem en 1991, cuando el entonces embajador de Estados Unidos, Terence Todman, lo denunció por pedir dinero a la empresa estadounidense Swift para "agilizar" un negocio.
La denuncia terminó en la renuncia de Yoma, que era en ese momento asesor presidencial.
Este miércoles Yoma negó cualquier que vinculación con el oro, con las armas o con IBM.
Yoma también fue señalado por un caso de corrupción en la construcción de la represa argentino-paraguaya de Yacyretá, calificada la semana pasada por el Banco Mundial como un "desastre económico, social y ambiental".
Fue la segunda represa más cara del mundo, debía costar 1.100 millones de dólres y cuando se termine habrá costado 13.000 millones.
En 1989, el ex director de la represa Osvaldo Torres se negó a firmar una contratación directa con la empresa alemana Siemenes, que implicaba no realizar la licitación que dispone la ley.
Según la denuncia, Yoma lo visitó y le dijo que había una comisión de dos millones de dólares si firmaba. Torres se negó, fue obligado a renunciar, presentó la denuncia ante la fiscalía general de la Nación, pero nunca hubo un proceso.
La versión de Torres tomó estado público en septiembre último, siete años después, cuando un rotativo decidió recogerla. (FIN/IPS/mv/jc/ip/96
