Expertos de América Latina afirman que las asociaciones comunitarias de la región intentan llenar el vacío dejado por los partidos políticos tradicionales en la lucha contra la pobreza, pero acotan que esa respuesta no alcanza.
Constantino Casasbuenas, coordinador del Programa Diplomático Ciudadano del Equipo Pueblo de México, destacó la importancia de los pequeños proyectos desarrollados por organizaciones no gubernamentales mientras los gobiernos llevan adelante sus programas de ajuste económico.
Pero Casaspueblas acotó que estos esfuerzos son dispersos y débiles, insuficientes para acabar con lo que denominó una "polarización peligrosa" entre ricos y pobres. "El problema es convertir estos proyectos a pequeña escala en políticas públicas", agregó.
Numerosos activistas de toda la región concurrieron en la ciudad canadiense de Toronto a la conferencia "Reduciendo la pobreza en América Latina y el Caribe: Cambios para el milenio", que finalizó este fin de semana.
Las conclusiones del foro serán elevadas a la reunión ministerial convocada por el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se celebrará en febrero de 1997.
Jaime Joseph, de Centro Alternativa de Perú, estableció que las mujeres de su país "afrontan 90 por ciento de la carga del ajuste estructural", denominación que recibe el proceso de reducción de gastos públicos destinada a la reducción del déficit fiscal y a reunir el dinero para los pagos de deuda externa.
Los gastos de servicios sociales son con frecuencia los primeros en la lista de recortes, según los activistas.
Las mujeres de Lima, capital de Perú, son quienes desarrollan las "ollas populares" y las microempresas orientadas a la producción de artesanías y manufacturas en pequeña escala, pero "también tienen escasa capacidad para trasladarse pues no cuentan con dinero para tomar un ómnibus", dijo Joseph.
La ecuación de género mejoró en Perú a medida que las mujeres ganan confianza en sí mismas como líderes comunitarias y se perciben como ciudadanas de pleno derecho. Pero también corren mayor riesgo de sufrir explotación, pues el sector informal se convirtió en el principal empleador, agregó el activista.
Las microempresas no son sustituto del estado en el establecimiento de una estrategia nacional de generación de empleos, dijo Fernanda Lopes de Carvalho, copresidenta del Comité de Acción Ciudadana contra la Pobreza del estado brasileño de Río de Janeiro.
"La mitad de Brasil está trabajando en microempresas, pero muchas de ellas tienen vida corta. No creo que sean una panacea", sostuvo Lopes de Carvalho.
La activista afirmó que grupos de ciudadanos de Brasil, como el que ella dirige, vigilan activamente los servicios sociales del estado con la finalidad de desalentar el gasto innecesario y la corrupción, pero ello no significa que estas organizaciones "deban trabajar para el gobierno".
De cualquier modo, se pueden encontrar a nivel local ideas frescas sobre desarrollo y disminución de las disparidades en el ingreso, dijo Norma Haydée Rodríguez, economista y secretaria general del Secretariado de Reconstrucción Nacional de El Salvador.
Después de años de guerras civiles, la única alternativa es la construcción de un consenso basado en el desarrollo local, según Rodríguez.
Darse cuenta de que "todos estamos en el mismo barco" hizo que salvadoreños de toda afiliación política, tanto de izquierda como de derecha, respalden los esfuerzos por la reconstrucción que insumirán 1.500 millones de dólares, agregó.
Rodríguez, que desempeñó funciones de alto nivel en distintos agencias gubernamentales y ministerios de su país, dijo que el aumento de los gastos en materia de salud y educación no es suficiente.
Los niños aún se ven obligados a trabajar antes que a asistir a la escuela, pues sus padres no ganan suficiente dinero para sobrevivir, agregó. "Se gastó mucho dinero para combatir la pobreza, pero todavía la sufrimos", dijo.
El objetivo de la reconstrucción nacional es alentar la generación de crecimiento económico y empleos en comunidades fuera de San Salvador, la capital, donde se desarrolla cerca de la mitad de la actividad económica del país, explicó Rodríguez.
Numerosas empresas se establecen en cada municipalidad salvadoreña como un modo de incrementar la actividad económica para desalentar la migración a la capital.
Las juntas de esas corporaciones se integran con frecuencia por el alcalde electo, empresarios locales y grupos no gubernamentales, agregó la experta. (FIN/IPS/tra- en/pw/yjc/mj/dv/96