Un programa sin precedentes de deportaciones masivas de personas sin hogar que viven sin permiso en esta capital se convirtió en la cruzada personal del alcalde, Yuri Luzhkov, en desafío de los reclamos de Human Rights Watch y los involucrados.
Las deportaciones, presentadas por el alcalde como parte de la lucha contra el crimen en Moscú, niegan el derecho legal de muchos que vendieron su permiso para permanecer en la ciudad.
Los traslados pueden ser inmediatos, no involucran al sistema judicial y los funcionarios con rango de comandantes locales de distrito tienen la autoridad de Luzhkov para determinar la deportación cuando la consideren pertinente.
El primer grupo de personas sin vivienda fue trasladado -4.051 voluntriamente y 812 bajo guardia armada- fuera de Moscú este mes, como disparo inicial de la guerra de Luzhkov contra los "bomzhi', la denominación de la era postsoviética a las personas, rusas o extranjeras, que viven en Moscú sin un permiso.
Sin un sello en el pasaporte que autorice la residencia, teóricamente cualquier persona puede ser deportada, literalmente arrojada fuera de los límites de la región de Moscú, que se extiende bastante más allá de la propia ciudad.
Grupos de derechos humanos afirman que el permiso de residencia es un anacronismo de la era soviética que ya no tiene base legal.
En los días de la economía cerrada soviética, el movimiento del trabajo era controlado y la residencia aprobada en función de él, dijo Alexander Petrov, subdirector de los grupos en Moscú y Helsinki de la oragnización internacional defensora de los derechos humanos Human Rights Watch.
Además, los delitos de "vagancia" y "negación al trabajo" fueron eliminados de los códigos legales bajo el nuevo código penal criminal.
El programa contra la vagancia viola la constitución y las convenciones internacionales firmadas por Rusia, tratados que garantizan a todos los ciudadanos rusos libertad básica de movimiento, incluyendo el derecho a vivir donde quieran", sostuvo Petrov.
Las deportaciones enfrentan la falta de recursos para trasladar a los bomzhi a cualquier sitio, o, peor aún, a sus hogares originales, a veces a miles de kilómetros de distancia.
"Aún no sabemos a dónde los deportaremos", dijo Vladimir Vershkov, vocero de la policía moscovita, y agregó que, a menudo, lo único que puede hacer la policía con los bomzhi es dejarlos ir.
La propia policía cuestiona el papel de los bomzhi en los crecientes índices de criminalidad en la ciudad. Sus propias estadísticas revelan que sólo entre 1,5 y dos por ciento de las personas sin hogar detenidas por la policía son buscadas por delincuencia.
La suposición básica de que las personas sin permisos oficiales de residencia son la fuente del crimen "es errónea", sostuvo Andrei Bystritsky, editor del semanario "Itogi".
La gente sin vivienda "es una situación que todas las ciudades con rápido crecimiento demográfico deben enfrentar", apuntó Bystritsky, y añadió que "La actitud de Luzhkov parece indicar que no se responsabiliza por las personas que ocupan el peldaño más bajo de la escalera social".
No obstante, el alcalde produjo un programa de 17 páginas de medidas para encarar el problema, y fijó el plazo para erradicar de la ciudad a la gente sin vivienda antes de 1997.
Las personas sin hogar que tienen derecho de residencia, -hay muchos de ellos que perdieron sus viviendas en las guerras del libre mercado- y no son culpables de ningún crimen serán, teóricamente, trasladadas al programa de bienestar social de la ciudad.
Otras opciones teóricamente abiertas para la policía incluyen ofertas de asistencia médica y transporte en tren a "localidades de residencia permanente", que en realidad no existen.
Los bomzhi sin hogar fueron la primera evidencia de los radicales cambios económicos que siguieron a la caída del sistema comunista, a comienzos de la década de 1990.
El mayor problema lo presentan las personas que no provienen de Moscú. Miles de residentes de otras partes de Rusia y la Comunidad de Estados Independientes llegaron a la capital en búsqueda de mejores condiciones de vida y permanecieron en ella aunque fracasaron en el intento.
Para la policía de Moscú, "aún no está claro qué hacer con personas de Ucrania o Azerbaiján. Aunque tengamos que deportarlas, ¿cúando y cómo?", se preguntó Vershkov.
Según Vershkov, el sistema de detención policial sigue un círculo vicioso. Sin recursos para hacer otra cosa, las autoridades simplemente entregan a los vagabundos y gente sin hogar nuevos documentos y ropa limpia y los liberan. (FIN/IPS/tra-en/ss/rj/lp/hd-ip/96
