PANAMA: Sindicatos inician protestas contra plan de ajuste

Quince sindicatos del sector público de Panamá iniciaron una serie de acciones de lucha que culminará el 9 de octubre con "una gran marcha nacional" en rechazo a la segunda fase del plan de ajustes económicos impulsado por el presidente Ernesto Pérez Balladares.

Maestros y profesores de las escuelas oficiales y empleados de la estatal Universidad de Panamá encabezan las protestas callejeras contra la eliminación de las jubilaciones especiales, privatización de activos del Estado y la posible reducción de la planilla de funcionarios.

A pesar de que no figuraba en el programa de modernización propuesto hace dos años, el ministro de Planificación y Política Económica, Guillermo Chapman, anunció este mes que el gobierno proyecta eliminar las jubilaciones especiales que goza más de 50 por ciento de los 140.000 empleados del Estado.

La segunda fase del programa de ajuste incluye, ademas, la privatización parcial del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (Irhe) y la posible reducción de la planilla de funcionarios.

Chapman adujo que las jubilaciones especiales constituyen una carga para las arcas del Estado, que debe subsidiar el fondo especial creado para tal fin debido a que los aportes de los trabajadores son insuficientes.

Según el ministro, ese fondo acumulará un déficit cercano a 300 millones de dólares para dentro de cuatro años si no se toman medidas urgentes.

Sin embargo, una coordinadora de sindicatos que agrupa a los empleados públicos indicó que las medidas anunciadas por Chapman forman parte de un acuerdo firmado con el Banco Mundial mediante el cual Panamá recibirá 52 millones de dólares a cambio de un mayor ajuste económico.

De acuerdo con el Frente Nacional por la Defensa del Fondo Complementario y las Jubilaciones Especiales, integrado por 15 gremios, el acuerdo incluye la eliminación de las jubilaciones especiales, una ley general de sueldos y la privatización del Irhe y otras empresas públicas antes de diciembre próximo.

La ley general de sueldos y la privatización es una fórmula acordada entre Panamá y el Banco Mundial para reducir la burocracia estatal, indicaron voceros del Frente Nacional.

La primera fase del plan de ajuste incluyó reformas a la legislación laboral, la eliminación o reducción de aranceles de importaciones, la privatización parcial de la compañia telefónica y el arriendo de dos puertos y el ferrocarril transístmico.

A pesar de lo anunciado por Chapman, el secretario general de la Asociación de Profesores, Domingo Sanchez, afirmó que "el docente no está dispuesto a que le quiten sus conquistas".

El programa de jubilaciones especiales habilita a sus beneficiarios a retirarse a los 25 años de servicio con el último sueldo completo.

"Si vamos a llenar las aulas de viejos la educación se va a ir abajo y si bajamos el salario del educador disminuyendo su nivel adquisitivo, vamos a tener un educador desganado que no va a trabajar con el ímpetu necesario", dijo Sánchez.

El dirigente de los docentes dijo que "del tesoro público se han estado sacando 600 y 800 millones de dólares por año para pagar la deuda externa, pero no se pueden sacar 80 millones de dólares para ponerse al día con el fondo complementario que es su obligación".

Sanchez señaló que el deficit que aduce Chapman se debe a que el Estado "nunca aportó el capital semilla" de 168 millones de dólares pactado en 1965, cuando se establecieron las jubilaciones especiales para un sector de los empleados públicos.

El dirigente sindical del Irhe Abel Medianeros indicó que los trabajadores de esa compañía estatal no están de acuerdo "con una privatización que perjudique al trabajador, como ha ocurrido en otros entes estatales".

El dirigente se refería al actual conflicto que mantienen los trabajadores portuarios y del Instituto Nacional de Telecomunicaciones por el pago de sus prestaciones, así como otros que han perdido sus puestos de trabajo al pasar sus empresas al sector privado.

Un segundo aspecto planteado por Medianeros es que con la privatización del Irhe el Estado dejará de prestar la función social de llevar electricidad a todos los confines del país como ha ocurrido en los últimos años.

Pese a la amenaza de paros y protestas formulada por los maestros y profesores de la enseñanza oficial, así como de los funcionarios universitarios y otros, el ministro de Trabajo y Bienestar Social, Mitchel Doens, desestimó una paralización del país como la ocurrida en agosto de 1995.

Sin embargo, advirtió que "desafortunadamente como pasa en las guerras, las batallas requerirán de bajas calculadas y lo que busca el presidente es el menor costo social para el país".

Durante la huelga de agosto de 1995, convocada por unos 50 sindicatos contra las reformas al código laboral, murieron cuatro obreros y varios centenares resultaron heridos en violentos enfrentamientos con la policia. (FIN/IPS/sh/ag/ip/96