El grito final de un hombre quemado vivo, luego de ser enjuiciado por habitantes de una comunidad que lo acusó de violar y matar a una mujer, estremeció a millones de mexicanos y puso en el banquillo a autoridades judiciales y empresas de televisión.
Amarrado a un árbol y entre llamas y desgarradores quejidos, el supuesto delincuente Rodolfo Soler, moría en un pueblo del estado de Veracruz, el 31 agosto, mientras una cámara de video grababa la escena que luego repetirían sin empacho los noticieros de crónica roja.
El caso, que generó una intensa discusión entre políticos, sociólogos y autoridades, fue uno más de otros 28 similares registrados en diversos puntos de México entre septiembre de 1995 y agosto de este año, según documentan las autoridades. En los hehos murieron 21 personas.
El desgarrador y dramático episodio planteó a la sociedad una advertencia sobre dos tipos de problemas. Uno, el principal, el funcionamiento del sistema judicial, la sensación de ineficacia que transmite, y que lleva a alguna gente a considerar que debe hacer justicia por mano propia.
A otro nivel, también volvió a plantear el añoso problema del comportamiento de los medios de comunicación frente a estos hechos, de los límites de su obligación y derecho de informar y del derecho de la gente a saber todo lo que sucede.
De discriminar qué es lo que se hace por decisión editorial, y qué se hace en cambio impulsados por la búsqueda de "rating" a cualquier costo.
"Es urgente mejorar los medios y métodos en los sistemas de procuración de justicia para detener los ajusticiamientos, que son actos primitivos y reprochables", dijo el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Jorge Madrazo.
"No podemos permitir que ley del Talión reine en México", expresó el funcionario.
Según la abogada y politóloga Beatriz Magaloni, "los linchamientos ponen en evidencia la falla más fundamental del gobierno: su incapacidad de procurar justicia".
Estudios independientes reconocen que 70 por ciento de los crímenes que se cometen en México no reciben sanción, mientras en las cárceles hay 98.000 presos, 45 por ciento de los cuales está sin sentencia.
Apenas dos días después de la muerte de Soler en Veracruz, estado ubicado sobre el Golfo de México, los medios escritos informaban que pobladores enardecidos del estado sureño de Chiapas sacaron a tres presuntos ladrones de una cárcel, los amarraron a un poste de luz eléctrica y les prendieron fuego.
En otro episodio registrado en una comunidad rural del Estado de Morelos, vecino de la capital mexicana, pobladores que se dijeron cansados de los continuos asaltos y robos de animales domésticos, detuvieron a dos de los supuestos delincuentes y los colgaron hasta morir.
"El sistema judicial tiene que revisarse. Buscar la resolución alterna de los conflictos mediante la participación ciudadana evitaría que continuen los linchamientos", expresó María de la Luz Lima, presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso.
El tema de los ajusticiamientos puso en entredicho también a los medios de comunicación televisivos que en horarios de tarde y noche emiten noticieros de crónica roja, donde se exhiben sin ninguna censura imágenes de violencia como el último ajusticiamiento público en Veracruz.
El propio presidente Ernesto Zedillo exhortó recientemente a las empresas de televisión a autoregularse, pues dijo que como "padre de familia" le preocupa la profusa difusión de programas llenos de violencia.
"A sangre fría", "Expediente cámara y delito" y "Ciudad desnuda", son algunos de los noticieros "rojos" que se pelean en México la preferencia de los televidentes. Y son esos programas lo que atraen al mayor número de patrocinadores.
Entre Televisa y Televisón Azteca, las dos principales cadenas del país, se difunden cada semana 18 horas de temas relativos a la delincuencia.
Diego Lizarazo, sociólogo y profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, sostiene que el argumento de las televisoras de que los programas de crónica policial previenen al público de los posibles hechos delictivos, tiene un doble filo.
Por una lado dan a conocer a los supuestos criminales, para que la gente los ubique e incluso enjuicie, y por otro provoca que los televidentes dividan automáticamente a la sociedad entre buenos y malos, dijo.
"Deberían producirse emisiones con un tono más social en las que se expliquen las razones de los hechos, sin la negra intención de vender la muerte y la sangre", recomendó Lizarazo.
Fuentes oficiales indicaron que el gobierno analiza la posibilidad de aplicar sanciones a través de la Dirección General de Radio y Televisión a los canales que difundan imágenes en los horarios considerados "familiares". (FIN/IPS/dc/jc/pr-cr/96
