La ola de disturbios cedió en Haití con el arribo de 40 agentes de seguridad estadounidenses encargados de proteger al presidente René Préval de su propia escolta, aunque persiste la tensión a causa de demandas de los soldados desmovilizados.
Préval solicitó "asistencia técnica" al gobierno de Estados Unidos al saberse que miembros de la llamada Unidad de Seguridad de la Presidencia estaban implicados en asaltos y asesinatos.
La situación se complica por la agitación de los 5.500 soldados pasados a retiro al disolverse el ejército, que protagonizaron violentas manifestaciones callejeras para exigir al gobierno el pago de haberes adeudados.
Países donantes amenazaron el lunes con retener fondos para Haití a menos que el gobierno de Préval incorporara a su presupuesto previsiones para cumplir sus compromisos con los ex soldados.
Los donantes también condicionaron el desembolso de su ayuda al pago de ocho meses de salarios adeudados a funcionarios públicos.
Los agentes estadounidenses llegados el fin de semana permanecerán dos meses en el país y tienen instrucciones de disolver las bandas de asaltantes, que han creado un clima de terror, informaron a IPS fuentes diplomáticas.
Según se informó, dos miembros de la Unidad de Seguridad de la Presidencia participaron el 5 de agosto de un atraco a un banco en Cap-Haitian, la segunda ciudad del país. Los asaltantes se llevaron 200.000 dólares, tras asesinar a cuatro hombres y herir a una docena.
Así mismo, la embajada de Estados Unidos entregó a Préval la grabación de conversaciones telefónicas que implican a ocho integrantes de la Unidad de Seguridad en el asesinato el 20 de agosto de dos dirigentes del grupo ultraderechista Movilización por el Desarrollo Nacional.
Préval designó una comisión de investigación y fueron tomadas medidas disciplinarias contra agentes sospechosos de participar en el asesinato de los dirigentes del MDN, una organización que ha sido acusada de conspirar contra el gobierno.
La Unidad de Seguridad cuenta con 100 agentes, que fueron entrenados en Estados Unidos por el FBI (Oficina Federal de Investigación) cuando Washington aún preparaba la intervención militar que en octubre de 1994 habilitó el regreso al poder del entonces presidente Jean-Bertrand Aristide.
Pero entre los miembros de esa guardia también se cuentan ex soldados que sirvieron bajo la dictadura del general Raoul Cedras, derrocado por Estados Unidos.
La portavoz de la embajada de Estados Unidos, Mary Hellen Gilroy, explicó que la presencia en Haití de los agentes enviados por el Departamento de Estado se fundamenta en el acuerdo de la isla del Gobernador, relativo a la transición política comenzada con el desplazamiento de Cedras del poder.
El pacto de la isla del Gobernador preve la ayuda de Estados Unidos para la capacitación y entrenamiento de las fuerzas de seguridad de Haití.
Mientras, representantes de Argentina, Canadá, Chile, Estados Unidos, Francia, Japón y Venezuela participaron en la reunión a puertas cerradas con Préval e integrantes de su gobierno, realizada en el palacio presidencial.
La conversación, en la que también intervinieron delegados del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, se concentró en el caso de los ex efectivos del ejército, que han emplazado al gobierno a pagar sus haberes antes del 5 de octubre.
Un diplomático dijo a IPS que Préval insistió en que todo acuerdo para indemnizar a los ex soldados, responsables de actos de terrorismo durante el régimen militar, debe ser aprobado en primer lugar por el parlamento.
"Considerando la dura resistencia popular observada en el pasado contra ese proyecto, no hay seguridad de que el parlamento lo apruebe", opinó la fuente.
El ministro de Justicia, Max Antoine, indicó que las tropas desmovilizadas sólo pueden recibir su paga con la condición de que las miles de víctimas sobrevivientes de la violencia militar sean también indemnizadas.
La insolvencia del gobierno ha impedido el traslado a los hechos de la resolución tomada el año último de pagar reparaciones a las víctimas de la dictadura.
Según el plan gubernamental, los ex soldados, que también demandan la libertad de sus colegas encarcelados por conspirar contra el gobierno, percibirán una retroactividad de 21 meses y su pensión de retiro.
Funcionarios de justicia señalaron que será extremadamente difícil determinar exactamente las cantidades que se adeuda a los efectivos desmovilizados en concepto de pensión de retiro, pues los archivos han desaparecido.
Los ex soldados amenazaron impedir la apertura del año escolar, el 7 de octubre, en caso de no obtener la satisfacción de sus exigencias.
También objetan la constitucionalidad de la disolución del ejército, dispuesta en enero de 1995 por Aristide. El parlamento se propone votar una reforma de la constitución para formalizar la eliminación del ejército.
Mientras, crece la presión del gobernante movimiento Lavales sobre Préval, por causa de la crisis. Por primera vez desde que en febrero entregó la Presidencia, Aristide criticó públicamente al gobierno.
"El sistema de justicia está paralizado, la corrupción es desenfrenada y el abismo entre quienes ocupan el poder y los pobres se amplía día a día. Vemos que una crisis de confianza se apropia de la opinión pública", advirtió el ex presidente.
La falta de pago de los salarios a los funcionarios públicos, incluso a los maestros, provocó manifestaciones y huelgas. El alcalde de Puerto Príncipe, Joseph-Emmanuel Charlemange, encabezó la semana última una protesta callejera de empleados municipales a quienes se les adeuda tres meses de sueldo.
El gobierno también adeuda los salarios de dos meses a la policía, que demanda una rápida solución del problema.
Haití se enfrenta este año a un déficit presupuestal de 120 millones de dólares, y la ayuda externa está retenida debido a la lentitud del proceso de privatización, que encuentra una amplia a oposición.
El gobierno firmará esta semana una carta de intención ante el Fondo Monetario Internacional. (FIN/IPS/tra-en/imc/sz/fn/ff/ip/96
