El gobernante Partido Justicialista (PJ) de Argentina tratará este martes un resistido proyecto del Ejecutivo de flexibilización de las normas de contratación laboral, apenas dos días antes de iniciarse un paro general de 36 horas contra el modelo económico y el desempleo.
La relación entre el PJ y la Confederación General del Trabajo – su columna vertebral desde los orígenes del movimiento peronista- amenaza con una fractura que no se había dado antes en siete años de gobierno del presidente Carlos Menem.
Las razones de la huelga general que comienza el jueves con un acto callejero, están centradas en el índice de desempleo de 17,1 por ciento, pero también en la anunciada reforma laboral, que prevé poner fin a conquistas de los trabajadores conseguidas por el propio justicialismo hace mas de medio siglo.
El proyecto propone por ejemplo eliminar indemnizaciones por despido y reemplazarlas por un fondo de capitalización, cambiar las reglas de horarios de trabajo y de descanso, fraccionar el pago del aguinaldo en más de dos cuotas y permitir un salario móvil de acuerdo a la productividad de las empresas.
La iniciativa incluye también la reforma a las obras sociales, el sistema de prestación de salud creado y administrado por los gremios.
Se estima que de las 300 obras sociales quedarán a fin de año 270 y que los afiliados, cautivos actualmente de cada sindicato, podrán elegir la prestación que crean más eficiente.
El abogado laboralista Héctor Recalde asegura que la flexibilización no servirá para crear nuevos empleos.
"Actualmente, 40 por ciento de los trabajadores están en negro (ilegales), eso es flexibilización porque los empleadores no pagan ningún impuesto por ellos, y sin embargo eso no ayuda a crear empleos", ejemplificó.
La Unión Industrial Argentina cree que la iniciativa es positiva porque baja el costo laboral y crea mejores condiciones para la producción, pero advierte también que no es suficiente si la economía no se recupera del golpe sufrido en 1994 tras la crisis financiera estallada en México.
En Argentina, donde el producto interno bruto crecía a un ritmo promedio de siete por ciento anual entre 1991 y 1994, la crisis mexicana se sintió fuerte. En 1995, el producto retrocedió 4,4 por ciento y este año recién en agosto comenzó a percibirse algún síntoma de reactivación.
El Banco Mundial afirma en un informe dado a la semana pasada que el proyecto oficialista de reforma laboral ayudará a bajar la desocupación a un solo dígito en muy poco tiempo.
El presidente recibió así un fuerte respaldo de ese organismo y aceptó enviar el proyecto al Congreso en lugar de emitir un decreto.
La iniciativa será debatida por los legisladores desde esta semana pero antes el gobierno la presentará ante representantes del Partido Justicialista, a fin de que ellos sean los promotores de la propuesta en las dos cámaras legislativas, donde el oficialismo tiene mayoría.
"El gobierno está ingresando en un escenario de confrontación con el sector sindical del que difícilmente podría salir indemne la coalición entre justicialismo y sindicatos, que ha estado en la base tradicional del partido", explica este lunes el columnista Manuel Mora y Araujo en el matutino El Cronista.
El analista político y encuestador considera que Menem demoró varios años esta ofensiva, pero que ahora obedece más a la lógica del modelo económico adoptado y sus necesidades que a la voluntad política de romper con estos aliados.
"Aunque tardía, esta apuesta puede ayudar al gobierno a recuperar vigor, mejorar sus posiciones y volver a asumir el liderazgo, la capacidad de decisión y la efectividad en la toma de decisiónes", agrega.
Mora y Araujo se refirió así a la caída de la popularidad de Menem a apenas 18 por ciento, según reveló una encuesta de la firma Gallup.
La CGT, que había hecho 14 paros generales contra la administración del presidente Raúl Alfonsín (1983-89) de la opositora Unión Cívica Radical, fue menos confrontacional durante la gestión de Menem.
En siete años se realizaron apenas cuatro huelgas generales. La de agosto último fue la mñás contundente en adhesión, lo que movilizó a los dirigentes a continuar con la línea de confrontación este mes, con un paro de 36 en lugar de 24 horas, y con movilización en las calles.
El paro de agosto había tenido un alto grado de acatamiento en todo el país, a pesar de que los dirigentes laborales no cultivan una imagen positiva en la sociedad.
Según una encuesta de Hugo Haime, 67 por ciento de la sociedad tiene una imagen "mala" de los sindicalistas y 19 por ciento "regular".
La puja de esta semana amenaza con romper la tradicional alianza. De hecho, el diálogo ya está interrumpido y algunos dirigentes que se niegan a cortar lazos con el gobierno, manifestaron este lunes que apoyan el acto que acompañará a la huelga pero con reparos. (FIN/IPS/mv/dg/ip-lb/96
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