La eliminación del subsidio estatal al gas de uso doméstico traería consecuencias ambientales a corto plazo en Ecuador, en particular la depredación de bosques para la utilización de la leña como combustible.
La explotación científica de las 9.000 plantas superiores conocidas existentes en los bosques tropicales de Panamá podría convertirse en la principal fuente de ingresos para el país, según expertos locales.
Miles de niños y niñas de la calle están sometidos en Bulgaria a la persecución de la policía y a la violencia de grupos racistas, denunció uno de los principales grupos estadounidenses de defensa de los derechos humanos.
Los primeros 25 de los 400 presuntos presos inocentes, sentenciados en Perú por el delito de terrorismo en base a testimonios de otros acusados y sin pruebas suficientes, serán liberados en octubre, reveló el presidente Alberto Fujimori.
Pese a los buenos afanes de sectores políticos y religiosos que buscan la reconciliación nacional, este miércoles Chile conmemoraró 23 años del golpe de Estado de 1973 en un ya habitual ambiente de confrontaciones.
La viuda del ex presidente de Chile Salvador Allende, Hortensia Bussi, repudió los festejos conmemorativos del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y demandó justicia para las víctimas de la dictadura militar.
El gobierno de Venezuela decidió una purga en la Policía Pudicial, para sofocar críticas por "fuga de información" en un caso de homicidio que mostró complicidad con delincuentes y conflictos entre cuerpos de seguridad.
El fusilamiento de dos reos condenados por la violación y asesinato de una niña de cuatro años en 1993 fue suspendido este martes por segunda vez, suscitando protestas de partidarios de la aplicación de la pena capital.
Con un llamado a que los estados asuman su responsabilidad en la búsqueda de la equidad de género, finalizó en Santiago de Chile un encuentro de mujeres iberoamericanas a un año de la histórica Conferencia de Beijing.
La Comisión Especial de Muertos y Desaparecidos Políticos de Brasil dictaminó que el Estado es responsable por la muerte de los líderes guerrilleros Carlos Marighella y Carlos Lamarca y debe indemnizar a sus familiares.
Familiares de españoles desaparecidos bajo la última dictadura militar argentina (1976-83) reaccionaron con satisfacción ante la decisión de la justicia del país europeo de pedir declaración a 70 acusados de violaciones a los derechos humanos en esa época.
La justicia de España resolvió citar a declarar como imputados a ex dictadores de Argentina y lo haría con el chileno Augusto Pinochet, por violaciones de los derechos humanos, y si se niegan a comparecer podría requerirlos a nivel internacional,
