El Tribunal Penal Internacional sobre Ruanda (ICTR), encargado de la dura tarea de desentrañar los detalles del genocidio perpetrado en ese país de abril a julio de 1994, prepara el mecanismo de funcionamiento para comenzar sus audiencias en septiembre.
En una sesión plenaria celebrada por el ICTR el mes pasado con asistencia de los 11 jueces que presidirán los procesos, el Tribunal discutió varios aspectos de funcionamiento y enmendó numerosas normas de procedimiento y prueba.
Los jueces aprobaron también el primer informe anual del ICTR, que su presidente, el juez senegalés Laity Kama, someterá en otoño de este año a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
"Los jueces han aprobado tres nuevos documentos que incluyen normas para la supervisión de las visitas y las comunicaciones de los detenidos, reglas para la aplicación de un procedimiento disciplinario a los detenidos y un mecanismo especial para la protección de los testigos", dijo Bocar Sy, portavoz del ICTR.
"Junto con las normas ya existentes, estas decisiones completan el marco legal para trabajo que el Tribunal tiene por delante", explicó Sy.
"El primer juicio comenzará el 26 de septiembre en Arusha (Tanzania), donde tiene asiento el ICTR, y en él se verán las acusaciones contra Jean-Paul Akayesu, ex alcalde de la ciudad ruandesa de Taba.
Akayesu está bajo custodia en la unidad de detención del ICTR en Arusha, desde el 26 de mayo. Junto con otras dos personas acusadas en relación con el genocidio de la etnia tutsi en Ruanda (Georges Rutaganda y Clément Kayishema), fue arrestado en Lusaka (Zambia) y trasladado a Arusha a pedido del Tribunal.
Otras cuatro personas acusadas se encuentran detenidas en Camerún. Una de ellas es Theoneste Bagosora, que en la época de los hechos era jefe de gabinete del ministro de Defensa ruandés y se le imputa la responsabilidad de las masacres de civiles ruandeses y el asesinato de 10 cascos azules belgas.
Los otros tres son Anatole Nsengiyumva, André Ntagerura y Ferdinand Nahimana, el último de ellos supuestamente responsable de la propaganda que ambientó el genocidio. El tribunal ha ordenado un mes más de detención para ellos, y pidió a las autoridades de Camerún que los traslade a Arusha.
Finalmente, el Tribunal emitió en julio tres nuevos requerimientos internacionales referidos a otras seis personas acusadas de genocidio, crímenes contra la humanidad y violaciones de las convenciones de Ginebra.
El juez Tafazzal Hossain Khan, de Bangladesh, entendió que el fiscal ha reunido pruebas suficientes contra esos seis sospechosos, y en consecuencia confirmó la acusación y emitió las órdenes de arresto.
El ICTR se estableció oficialmente en Arusha en noviembre del año pasado. Se trata de un tribunal ad hoc, similar al creado en 1994 para juzgar los crímenes de guerra en la ex Yugoslavia.
Los dos años de experiencia del tribunal para la ex Yugoslavia servirán de apoyo al ICTR, que recurrirá a sus reglas de procedimiento y de respeto a los derechos del acusado, utilizando sus precedentes y otros muchos mecanismos legales.
Estos tribunales son en realidad dos cuerpos separados dentro del sistema creado por el Consejo de Seguridad de la ONU para juzgar en el ámbito internacional los delitos contra la humanidad y los crímenes de guerra cometidos en esos dos conflictos.
Ambos tienen a la misma persona en la cúspide de la fiscalía, el juez sudafricano Richard Goldstone. Los servicios del fiscal general ya han establecido oficinas en Kigali, la capital de Ruanda, y en varios lugares de la ex Yugoslavia.
Si bien los dos tribunales conforman cámaras separadas, ambos tienen una misma cámara de apelación, formada por cinco jueces: el presidente, Antonio Cassese (Italia), Adolphus Karibi-Whyte (Nigeria), Haopei Li (China), Jules Deschenes (Canadá) y Ninian Stephen (Australia).
El jurista argelino Ahmed Mahiou, presidente de la Corte de Derecho Internacional de la ONU, ha sugerido la creación de una corte penal internacional permanente, con facultades suficientes para juzgar a los jefes de Estado acusados de crímenes contra la humanidad.
La Comisión trabajó los últimos 15 años en el texto de un tratado con esa finalidad. El proyecto, que define cinco categorías de delitos, será sometido a la Asamblea General de la ONU en el próximo período ordinario de sesiones.
La Asamblea debe decidir sobre la convocatoria de una conferencia internacional para negociar el texto final de la convención y abrirla a la firma de los Estados miembros de la ONU. Italia ha ofrecido ser el anfitrión de la reunión. (FIN/IPS/tra-en/mb/fn/arl/hd-ip/96
