La retención unilateral de 43 millones de dólares que Argentina debía enviar a la entidad binacional de Yacyretá causó malestar en Paraguay y en medios políticos se condicionó la concesión de la central hidroeléctrica a la liberación de fondos.
Algunos parlamentarios paraguayos rechazarían la concesión de los servicios de la central hidroeléctrica al sector privado si el gobierno argentino persiste en bloquear los fondos.
El complejo argentino-paraguayo construido sobre el río Paraná enfrenta serios problemas financieros para el cumplimiento del cronograma, que prevé un presupuesto final de 9.000 millones de dolares, agravado por los desajustes económicos que soporta Argentina.
El presidente Carlos Menem planteó a su par paraguayo, Juan Carlos Wasmosy, que los 43 millones de dólares retenidos por el uso de la energía formen parte del pago la deuda externa de 300 millones de dólares que Argentina debe abonar a organismos de crédito internacionales como aval financiero de la obra.
El bloqueo de fondos llegaría a 80 millones de dólares a fin de año y, en contrapartida, existe el compromiso de que Argentina ponga los restantes 220 millones.
"Lo cierto es que Argentina no está en condiciones de pagar la totalidad de ese dinero, y por eso solicita que parte de esa deuda sea asumida por la entidad binacional", dijo a IPS el director paraguayo de Yacyretá, Joaquín Rodriguez.
Rodriguez expresó que la posición de Buenos Aires incluso pondría en riesgo la conclusión de la usina, prevista para fines de este año, ya que aún se requiere 1.000 millones de dólares para las obras principales y complementarias.
El funcionario paraguayo indicó que para cumplir el cronograma, necesariamente se tendrá que recurrir a la concesión de los servicios, a fin de que el sector privado se haga cargo de la terminación del complejo hidroenergético.
Wasmosy se muestra reticente a aceptar la propuesta e intenta coincidir con el Congreso para asumir una posición común, ya que el Poder Legislativomillones de dólares para fin de año, genera los graves desajustes que repercuten en la obra binacional, por lo que el gobierno de Menem pretende traspasar cuanto antes al sector privado la administración de los servicios, se<
