La seguridad en el trabajo se convirtió este mes en un tema de discusión pública, a raíz de la muerte de cinco obreros que cayeron al vacío mientras trabajaban en la reparación de uno de los pintorescos puentes que cruzan el río Danubio a su paso por Budapest.
La dimensión de la tragedia hizo inevitable una revisión de los bajos niveles de seguridad que se observan en la industria húngara, cuyos patronos vuelven a poner el beneficio por encima de la protección del personal, mientras que los propios empleados arriesgan su vida con tal de conservar el trabajo, tan escaso.
Por su parte, las autoridades competentes afirman que carecen del personal y los recursos financieros adecuados para controlar como es debido a las empresas, que en muchos casos hacen presión sobre sus empleados para que no denuncien los accidentes.
El resultado ha sido una caída del número de accidentes denunciados -de 36.000 en 1995 a 33.500 en 1996-, aunque por primera vez en seis años se ha registrado un aumento de los accidentes graves, que son más difíciles de encubrir y causan lesiones permanentes o la muerte.
"Las empresas multinacionales y las grandes compañías húngaras ocasionan menos problemas -dijo a IPS el abogado Lajos Pal- porque suelen estar equipadas con maquinaria de alta tecnología que cumple con las normas más modernas en materia de seguridad".
"Las pequeñas empresas, en cambio, incluso las que son de propiedad occidental, presentan serios problemas en el campo laboral y de seguridad en el trabajo", añadió.
Los riesgos más serios los corren aquellos que trabajan en la industria de la construcción. El año pasado, sólo en Budapest, se registraron 61 casos de obreros heridos a causa de andamiajes mal construidos.
La industria de la construcción registró en el mismo período 2.049 accidentes, de los cuales 29 fueron fatales. La industria alimentaria se anotó el mayor número, con 3.100 accidentes, y 15 mortales. Le siguió el sector agrícola, con apenas más de 3.000 casos registrados y 10 vidas perdidas.
Laszlo Varga, jefe del departamento jurídico y de administración de la Oficina Nacional de Seguridad en el Trabajo y Supervisión de la Protección (OMMF), entiende que las sanciones actualmente previstas para quienes no cumplan con las normas de seguridad son suficientes para enfrentar el problema.
Sin embargo, así como la OMMF tiene las facultades precisas, carece del personal necesario para cubrir la tarea de control, y del presupuesto que le permitiría realizarla, debido al marco general de la política gubernamental de reducción del gasto público.
La Oficina realizó la inspección de 22.000 empresas en 1995, e impuso multas por un total equivalente a 3,3 millones de dólares, iniciando juicios penales en 49 casos.
No obstante, sólo cuenta con 200 inspectores para cubrir todo el país, y se recuerda que la crisis de la que informó con mayor publicidad en 1995 fue la suya propia, cuando se encontró sin fondos para pagar la gasolina de los vehículos que utiliza para visitar los lugares de trabajo alejados de la capital.
"Otro factor que contribuye al ocultamiento de los accidentes y nos impide sancionar a las empresas infractoras es el número de trabajadores que no conocen o no leen las instrucciones de seguridad", dijo Antal Kovacs, inspector principal de la OMMF.
Los sindicatos no están en condiciones de intervenir con propiedad en la cuestión porque sus dirigentes también carecen de la información y la preparación necesaria.
Lajos Focze, presidente la Unión Independiente de Trabajadores de la Industria Química, recordó que el código nacional del trabajo permite que los empleados elijan representantes para la seguridad en el trabajo, independientes de los sindicatos y los patronos.
"Estos representantes tienen derecho a votar, aprobar o desaprobar, y expresar sus opiniones en asuntos de su competencia", informó Focze.
Sin embargo, pese a que existen unos 4.000 o 5.000 comités de esa naturaleza funcionando en todo el país, existen muy escasos indicios de la eficacia de su gestión.
Las víctimas de accidentes que se sienten con derecho a demandar alguna indemnización suelen carecer de recursos para pagar e incluso para encontrar un abogado que las represente, si el sindicato no quiere o no puede ayudarlas.
Muy pocos casos llegan a los tribunales, y una vez que el trabajador ha dejado el empleo son más remotas sus posibilidades de acceder a la justicia.
Muchas enfermedades o lesiones relacionadas con el trabajo aparecen tardíamente, cuando la tecnología o los productos químicos dañinos ya no se utilizan, o la empresa ya no existe. En esos casos se hace muy difícil encontrar testigos, e incluso alguien a quien demandar. (FIN/IPS/tra-en/aj/rj/arl/lb/96
