La Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU) acusó al pasado gobierno conservador de Ecuador de haber violado los derechos económicos y sociales de la población con la puesta en práctica de políticas de ajuste.
Entre 1992 a 1996, la pobreza llegó a afectar a 70 por ciento de los 11,5 millones de ecuatorianos, de los cuales 35 por ciento vive en condiciones de miseria, indica el "Informe Especial sobre los Derechos Humanos en el Gobierno de Sixto Durán Ballén", difundido este martes por la ALDHU.
Uno de los logros más destacados por la administración de Durán Ballén, que concluyó el día 10, fue la reducción del costo de la vida. El gobierno demócrata popular de Rodrigo Borja (1988-92) dejó una inflación de 60 por ciento, que el pasado gobierno redujo a 24 por ciento.
Durán Ballén también destacó que durante su gestión las reservas monetarias pasaron de 225 más de 1.571 millones de dólares.
"Mientras se proclamaron auspiciosas cifras económicas, los índices de pobreza, marginalidad, desempleo, atención médica, vivienda, educación y servicios básicos, revelaron una dramática y distinta realidad", señala el informe de la ALDHU.
Juan de Dios Parra, secretario general de la asociación, dijo a IPS que "la inexistencia de políticas sociales impidió aliviar los efectos del ajuste económico" y fue un obtáculo para lograr la correspondencia "entre el crecimiento de los índices macroeconómicos y el bienestar social".
"Una canasta familiar básica para cinco miembros bordea los 360 dólares", mientras los ingresos de la misma familia llegan apenas a 200 dólares, señala el informe.
El "modelo neoliberal" que aplicó Durán Ballén "ahonda la brecha entre ricos y pobres, agudiza la concentración de la riqueza y agrava la situación de la población más desprotegida", sostiene el documento.
Parra consideró que los altos niveles de pobreza han derivado en el incremeto de la delincuencia, "que rebasó la capacidad de control de la fuerza pública".
La policía sufrió, no obstante, una importante reducción de su presupuesto de 28,7 millones de dólares para este año.
Según informes de esa fuerza, en las 21 provincias de Ecuador trabajan 15.000 efectivos, es decir, 1,3 policías por cada mil habitantes, cifra que contrasta con la media internacional de seguridad, de tres policías por cada mil personas.
Uno de los casos más graves de inseguridad social, para la ALDHU, son los secuestros.
Entre 1992 y 1994 fueron secuestradas 368 personas y apenas 22 por ciento de estos casos fueron resueltos con la participación de la policía especializada, que contó con un presupuesto de 9.300 dólares.
Los pobres son los más vulnerables al aumento de la violencia y la inseguidad, mientras proliferan las empresas privadas que venden los servicios de protección a quienes pueden pagarlos, consideró el secretario general de la ALDHU.
IPS pudo conocer que sólo en Quito se establecieron entre 1992 y el año pasado 56 compañías de seguridad especializadas en protección personal, de zonas residenciales, bancos, supermercados y estacionamientos privados.
Con los recursos que se invierten en la seguridad privada, según Parra, se podría financiar un excelente organismo público que garantice protección a todos los ecuatorianos.
La justicia vela sólo por los intereses de los grupos más allegados al poder político y económico, afirma la ALDHU.
La impunidad, la lentitud de los procesos, la corrupción y la iniquidad son elementos que evidencian la grave crisis por la que atraviesa ese poder del Estado, y que, según la ALDHU, lo han deslegitimado ante la población, que en ocasiones prefiere hacer justicia con su propia mano.
Así lo demuestran los linchamientos realizados por pobladores de la sierra ecuatoriana a presuntos hechiceros estafadores o asaltantes, hechos "que horrorizaron al conjunto social y que son pruebas violentas de las fallas del poder judiciasl".
"La democracia, si bien proporciona condiciones para el respeto a los derechos humanos, por sí misma no garantiza su vigencia", concluye el documento. (FIN/IPS/mg/dg/ip-pr/96
