En Venezuela, donde mueren baleadas decenas de personas cada fin de semana, un asesinato distinto desnudó la connivencia entre narcotraficantes y policías, la guerra entre cuerpos de seguridad y el homicidio como recurso para saldar las diferencias.
El abogado José Totesaut, yerno del polemista de prensa y televisión José Vicente Rangel y quien defendió a un empresario bursátil enjuiciado por narcolavado, fue asesinado a la luz del día el 20 de junio frente a una escuela en Caracas.
Un individuo bajó de un automóvil, se acercó al que Totesaut acababa de estacionar y le hizo disparos calibre nueve milímetros a la cabeza. Junto al abogado, su esposa Gisela Rangel alimentaba al hijo de ambos, de tres años, a quien llevaban al jardín de infancia esa mañana.
Pudo ser uno más de los 5.000 homicidios anuales en Venezuela, muchos durante robos de automóviles, y otro de los 180.000 delitos contra la propiedad que registra la policía judicial en este país de 22 millones de habitantes.
Pero el asesino sólo disparó y huyó a bordo del automóvil que conducía un cómplice, el cual se perdió en la maraña urbana tras un intercambio de disparon con una patrulla que pasó cerca.
Horas después, ante un bosque de micrófonos y grabadores, Rangel acusó de "presunta autoría intelectual" por el atentado "típico del sicariato", a Rafael Alcántara, el empresario al que se había implicado en narcolavado en 1993.
La primera razón que dio Rangel fue una diferencia por cobro de honorarios y días después sostuvo que su yerno "sabía mucho" sobre supuestos ilícitos de Alcántara. Pero sobre todo se empeñó en negar que se tratase de un robo frustrado o de un atentado en su contra a través de Totesaut.
Rangel, de 63 años y tres veces candidato presidencial de partidos izquierdistas, dejó la política activa en 1983 y se dedicó a polemizar con sus ex colegas, organizaciones policiales, militares y otras instituciones, a través de artículos de prensa y programas de radio y televisión.
Las investigaciones desgranaron lentamente, durante semanas, rastros, indicios, declaraciones, imputaciones, hipótesis y lamentos, hasta que la olla de presión del conflicto entre policías revivió el caso como guerra entre esos cuerpos.
La noche del 23 de julio, Freddy Gutiérrez, quien según la Policía Judicial se disponía a asaltar un banco en las afueras de Caracas -aunque le acompañaba un hijo pequeño comiendo helados, según testigos- murió en un enfrentamiento, se dijo oficialmente.
Gisela Rangel identificó luego a Gutiérrez, por fotografías, como el hombre que disparó contra su esposo. Dijo que las fotos del cadáver evidenciaban disparos a quemarropa, más propios de una ejecución que de un enfrentamiento.
Gutiérrez pudo ser otra víctima de ejecución extrajudicial: actuaciones ilegales de funcionarios policiales de Venezuela causaron la muerte de 126 personas en 1995, de 16 el primer trimestre de 1996 y de 28 en el segundo.
Entre estas últimas, las de dos asaltantes que el 17 de junio fueron captados por cámaras de televisión cuando subían detenidos a una patrulla de la Policía Metropolitana de Caracas, y dos horas después se les presentó como muertos en un enfrentamiento.
Un amigo de Gutiérrez, Robert Canelón, solicitado por varios delitos, se entrega a la policía política (DISIP), del Ministerio del Interior, y trascendió que acusó de organizar el crimen de Totesaut al subcomisario José Quintana, de la Policía Judicial, adscrita al Ministerio de Justicia.
Según Canelón, quien dijo haber estado en el automóvil de los asesinos antes de que se dirigieran al lugar del crimen de Totesaut, Quintana contrató a Gutiérrez para ejecutarlo, pero luego lo eliminó y él temía ser el próximo en la lista.
Quintana estaba entre los policías que se enfrentaron a Gutiérrez y le dieron muerte, a pesar de que no es de las áreas de robos o capturas, sino de inteligencia y telefonía.
En el interín, un avezado agente de la DISIP, Blas Porras, llamó a la Policía Judicial y pidió 40.000 dólares por dar información sobre el caso. La llamada fue rastreada y el hombre detenido. Pero la juez del caso acaba de ponerlo en libertad.
Rangel avaló la versión de Canelón, en medio de un debate sobre si debía ir a la Policía Judicial a declarar, como es de ley. Finalmente Canelón fue, pero día y noche dos agentes de la DISIP lo cuidaban, dentro de la sede de la otra policía.
Entonces los familiares de Canelón dijeron a la prensa que el suyo era un falso testimonio, urdido por un poderoso ex comisario de la DISIP, Henry López, quien le ofreció conseguirle rebajas en la pena si se prestaba a relatar la historia Quintana-Gutiérrez.
El amañamiento de pruebas debe ser una práctica tan común en Venezuela que cuando un político o empresario, como Alcántara por ejemplo, grita a los cuatro vientos una denuncia, suele agregar: "la policía se prepara a sembrarme droga".
López, especialista en operaciones comando de fulgurante carrera durante el gobierno socialdemócrata de Jaime Lusinchi (1984-1989), fue juzgado y sentenciado a prisión -que purga en un cuartel de la Policía Metropolitana- por enviar sobres-bomba a personalidades durante la crisis política de 1993.
Desde su lugar de detención, López movería hilos suficientes en la DISIP, según la prensa de sucesos, para desarrollar una trama en perjuicio de Leonardo Díaz, el superior de Quintana y quien descubrió hechos y autores en el caso de los sobre-bomba.
Quintana, compadre de Díaz, purgó tres años de prisión por torturas a detenidos y actos lascivos a una mujer arrestada por sus hombres, recordó el diputado izquierdista Vladimir Villegas, presidente de la comisión de derechos humanos del parlamento.
Sin embargo, fue readmitido y se supo que era compadre de Díaz, a quien el jefe de la Policía Judicial, José Lazo, separó del caso Totesaut, para pasarlo a un inspector de provincias.
En dos años de gestión, Lazo ha debido expulsar de la Policía Judicial, que cuenta entre 4.000 y 5.000 efectivos, a un total de 540 funcionarios por "irregularidades administrativas".
Entretanto, a mediados de agosto se conoció que el juez Maximiliano Fuenmayor, un sobrino de Totesaut, se aprestaba a ocuparse del caso. Una asamblea de jueces lo impidió y designó el día 15 a la jueza Rosario Monsalve.
Dos meses después del crimen, el más sonado de la década en Venezuela, sólo queda confusión, más dudas sobre la actuacion de los cuerpos de seguridad en Venezuela y ni un solo detenido. (FIN/IPS/hm/ag/hd/96
