El presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, inició su último año de gestión con un balance exitoso en la lucha contra la erradicación de los cultivos de coca, en la que sus antecesores habían fracasado sistemáticamente.
El mandatario logró salir del círculo vicioso de gobiernos que erradicaban determinado volumen de coca mientras los campesinos plantaban simultáneamente igual o mayor cantidad del arbusto.
El miedo a la amenaza de Estados Unidos de quitar su aval a los países que a su juicio no colaboran en la guerra contra el narcotráfico pudo en este país, tercer productor de coca y segundo de cocaína del mundo, más que la vieja costumbre de "dejar hacer, dejar pasar".
Bastó un ultimátum lanzado por la administración de Washington a principios de 1995, para que de allí en más el gobierno de La Paz aplicara una estricta política de erradicación, que por primera vez en la historia ha logrado una reducción neta de los cultivos destinados a la fabricación de cocaína.
Durante los primeros siete meses de 1996, Bolivia destruyó cerca de 4.000 de las 5.000 hectáreas que Estados Unidos exige como mínimo anual, y el gobierno ha proyectado la erradicación de 6.000 hectáreas de coca para el 31 de diciembre próximo.
Así, al terminar este año, el Chapare tropical, tradicional región productora de coca y cocaína ubicada en el centro del país, tendría sólo 30.000 hectáreas de coca.
Bolivia conserva además en calidad de "cultivos tradicionales" otras 12.000 hectáreas de coca en la región de Los Yungas, cercana a La Paz, que se utilizan en el consumo tradicional, medicinal o ritual.
Estamos erradicando "con compensación y voluntariamente" los cultivos excedentarios de coca, afirmó el mandatario este martes en su informe anual al Parlamento, en el día que comenzaba su último año de gobierno.
Pese a sus limitaciones económicas, añadió, el país "está empeñado en una lucha sin tregua contra los traficantes de cocaína".
Sin embargo, sólo la cooperación internacional puede garantizar la continuidad del éxito en los programas de reducción de cultivos de coca, materia prima de la cocaína.
"Vamos a proseguir en esta lucha con toda la fuerza de una sociedad amenazada, pero reclamando siempre la responsabilidad internacional compartida", precisó Sánchez de Lozada en referencia a la disminución de la cooperación de la comunidad internacional para los programas antidroga.
El principal socio de Bolivia en esta materia es Estados Unidos, pero en los últimos años redujo drásticamente su ayuda destinada a la lucha contra el narcotráfico: de 60 millones de dólares en 1991 a 10 millones comprometidos para 1996.
El segundo pilar de la política antidrogas de Bolivia, el plan de desarrollo alternativo a la economía de la coca, ha comenzado a dar sus primeros pasos, después de 10 años de duras críticas por el escaso impacto que desmostraba.
Sin embargo, en 1996 ya existen 54.000 hectáreas de "cultivos alternativos" (piña, banano, palmitos, maracuyá, entre otros) en el Chapare, extensión superior a las 30.000 hectáreas de cultivos de coca.
Según informes del Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo (Fonadal), los campesinos del Chapare deciden cada vez más dedicarse a cultivar productos alternativos, con la compensación de 2.500 dólares que reciben por cada hectárea de coca que destruyen voluntariamente.
"El desarrollo alternativo beneficia a las comunidades (campesinas) que reducen coca y a aquellas que no la producen. Obviamente, aquellas comunidades que no reducen sus cultivos de coca no serán beneficiadas con ningún tipo de obra de desarrollo alternativo, dice un documento de Fonadal al que IPS tuvo acceso.
En algo más de una década de ejecución de planes de desarrollo alternativo, se ha invertido en el Chapare más de 220 millones de dólares destinados no sólo a apoyar el cultivo de productos legales, sino también a mejorar las condiciones de infraestructura de esa región.
Así, el Chapare se ha convertido en la zona rural más beneficiada de Bolivia, donde los ingresos per cápita se calculan en 600 dólares, superior al promedio de 200 dólares del resto de las zonas rurales de este país.
Además, el Chapare es la región rural mejor dotada de servicios básicos (agua potable, electrificación, alcantarillado) y redes viales.
Las inversiones en desarrollo alternativo se hicieron principalmente con recursos provenientes de la cooperación europea canalizada a través del Programa de Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID).
Entretanto, el movimiento campesino-cocalero, que en el pasado era radicalmente contrario a las políticas de erradicación de cultivos de coca, ha mostrado en los últimos meses una mayor disposición a colaborar con el gobierno en los planes de reducción voluntaria de cocales.
En estas condiciones, y al ritmo de estos años, Bolivia podría eliminar la totalidad de sus cultivos excedentarios de coca, utilizados para la droga, para el 2001, estima el ministro de Gobierno, Carlos Sánchez, principal responsable de la lucha antidroga de este país. (FIN/IPS/jcr/jc/ip/96
