Más de la mitad del territorio de Colombia está invadido de sembradíos de coca, cuya sustitución por otros cultivos no parece ser cercana.
Unos 45.000 cultivadores de ese producto de los departamentos sureños de Putumayo y Guaviare protagonizan desde hace semanas protestas en reclamo, entre otros puntos, de la despenalización del cultivo de coca y el tratamiento de sus problemas en el plano social.
Las protestas han generado hasta ahora un saldo de dos muertos y 30 heridos.
Según estimaciones de la policía antinarcóticos, en Colombia los cultivos de coca, amapola y marihuana cubren unas 60.000 hectáreas de al menos 14 departamentos.
Sin embargo, las comunidades señalan que la cifra real es cercana a las 100.000 hectáreas (más de 70.000 de coca). El gobierno busca ocultar la gravedad de un problema que tiene raices estructurales, aducen.
Colombia no sería sólo el mayor procesador y organizador del tráfico de drogas en el mundo sino que habría desplazado a Bolivia como segundo productor de hoja de coca, y estaría cerca de Perú (donde esos plantíos alcanzan 121.300 hectáreas).
Sólo en el departamento de Guaviare hay 25.000 hectáreas sembradas de coca, que producen 150 kilos de pasta y generan a los narcotraficantes unos 300 millones de dólares anuales de ingresos.
Según el borrador de una propuesta que el presidente de Francia Jaques Chirac extendió la semana pasada en París a su par de Colombia Ernesto Samper, sólo 0,053 por ciento de esos 300 millones de dólares llegan al productor.
Chirac planteó a Samper la cración de un fondo internacional para comprar a los campesinos productos sustitutivos a la droga al mismo precio que la hoja de coca les adquirida por el narcotráfico
Samper elevó este lunes a los campesinos de Putumayo, que encabezan las protestas, un plan de destrucción de cultivos ilegalles que va en ese ssentido.
En opinión del sociólogo Alfredo Molano, la propuesta de Chirac es positiva, porque si hay mercado para los productos susutitutivos de la coca y otros cultivos ilegales "el trabajo de los campesinos cobra valor y el nudo de la pobreza puede comenzar a desatarse".
Se trata de "un ofrecimiento muy distinto" al de la ley de Preferencias Arancelarias (ATPA) que Estados Unidos promulgó para asistir a los países andinos vinculados a la lucha antidrogas.
El ATPA beneficia a los exportadores pero no al pequeño productor de cultivos ilícitos, afirmó.
No obstante, Molano considera que sería "iluso" pensar que con el mecanismo propuesto por Chirac se solucione el problema de los cultivos ilícitos.
Esas medidas hay que acompañarlas de un programa real de reforma agraria, que además facilite a los campesinos el acceso al crédito subsidiado y a mercados organizados.
La propuesta de una reforma agraria integral también es apoyada por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC).
Las tierras aisladas en que se cultivan los productos ilícitos han sido pobladas por colonos "desplazados por la violencia política y por la falta de trabajo y oportunidades", señala un documento de la ANUC divulgado este lunes.
Los "campesinos pobres" que poblaban esas tierras fueron alentados e "incitados económicamente por los narcotraficantes a cultivar primero marihuana y luego coca y amapola", sostiene Eliseo Báez, secretario de la Asociaición.
Para Alejandro Reyes, investigador de la Universidad Nacional, la estrategia de la erradicación de cultivos tiene además un componente militar.
El comandante del ejército, general Harold Bedoya, sostiene que tras las protestas de los campesinos está la guerrilla, que opera conjuntamente con el narcotráfico para impedir la erradicación de los cultivos ilegales. (FIN/IPS/yf/dg/ip/96
