COSTA RICA: Seguirá monopolio de teléfonos y venta de energía

Los vientos de la privatización no golpearán la telefonía nacional e internacional ni la venta de energía en Costa Rica, porque el Estado decidió mantener ese monopolio, aunque se abrirá a la inversión privada.

Mediante tres proyectos de ley dados a conocer este miércoles, el gobierno busca aumentar la participación privada en la generación eléctrica, pero la venta del servicio seguirá en poder del estatal Instituto Costarricense de Electricidad, al igual que la telefonía.

"Hemos analizado las diferentes opciones que se discuten en el mundo y creemos que para Costa Rica la privatización no es una buena alternativa sino la desmonopolización de la producción de energía", dijo el ministro de Ambiente y Energía, René Castro.

Los proyectos de ley pretenden hacer del ICE una empresa rentable y competitiva a escala centroamericana tanto en materia energética como en telecomunicaciones, las dos áreas que tiene bajo su control.

El primer proyecto es el de ley general de telecomunicaciones, con el cual se pretende abrir el mercado de servicios a empresas nacionales y extranjeras.

Aunque la telefonía permanecerá como monopolio estatal, Castro señaló que algunas áreas novedosas de telecomunicaciones se abrirán al capital mixto, como la transmisión de datos y teleconferencias internacionales.

En esa área es necesario, afirmó, dar un alto violento de tecnología, porque el país debe invertir aceleradamente en campos como laa red de redes informática Internet e Internet de alta velocidad.

Señaló que a final de año habrá en Costa Rica unos 10.000 usuarios de esa red a los cuales es necesario darl fácil acceso y el Estado no cuenta con los recursos para hacerlo solo.

El segundo proyecto es el de la Ley General de Energía, mediante el cual se autoriza al ICE a desarrollar planes de generación eléctrica por medio de coinversión y alianzas estratégicas con empresas privadas.

Uno de los mecanismos que se analizan para ello es el de "alquiler financiero", por el cual una empresa privada invierte en la construcción de un proyecto energético, vende al ICE la electricidad y finalmente lo transfiere a la institución cuando ésta ha terminado de pagarle su inversión.

Se calcula que para atender la creciente demanda energética Costa Rica debería renovar toda su infraestructura cada doce años, invirtiendo anualmente cerca de 500 millones de dólares que el Estado no está en capacidad de gastar.

El último proyecto busca la modernización y el fortalecimiento del ICE transformándolo en una corporación que sea la rectora de todo el sector energético y de telecomunicaciones.

Castro señaló que, además de competir en eficiencia, para lo cual el ICE debe recuperar su autonomía con respecto al gobierno, esa institución debe garantizar la universalidad del servicio, es decir que abarque a todos los habitantes independientemente de si la zona es rentable o no.

Con ese fin se establecerán dos fondos para asegurar la cobertura universal, uno en materia de telecomunicaciones y el otro de energía.

Mientras estos proyectos se aprueban en la Asamblea Legislativa, donde el debate podría demorar de seis meses a un año, se pretende poner en marcha un plan de transición que permita reducir las trabas de procedimientos para la licitación de obras públicas, que usualmente demoran tres años.

Ese plan de transición, que también debe ser aprobado por el Congreso aunque se pretende que su trámite sea más expedito, facultaría al ICE a aumentar la compra de energía generada por empresas privadas.

Actualmente la institución sólo puede adquirir 15 por ciento del total de producción nacional, pero la ley de transición le permitiría aumentar ese porcentaje a 40.

El gobierno anunció que presentará los tres proyectos el día 25. (FIN/IPS/mso/dg/ip-if/96)

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