La protesta de unos 45.000 cultivadores de coca del sur de Colombia comenzó a ceder con la propuesta gubernamental de un plan alternativo de sustitución de cultivos y la promesa de atender las demandas sociales de los campesinos.
Tras reiterar que no se negociará la política de erradicación de cultivos, el gobierno anunció un programa mediante el cual se garantiza a los campesinos ganancias equivalentes a las que obtienen con la venta de la hoja de coca a los narcotraficantes.
El programa, anunciado este domingo por el presidente Ernesto Samper, tendría un costo de 17 millones de dólares provenientes de la Red de Solidaridad del gobierno, estaría orientado inicialmente a los campesinos de los departamentos de Putumayo y Guaviare, centros de la protesta que este lunes cumplió 11 días.
Eduardo Díaz, gerente de la Red de Solidaridad, indicó que para concretar la propuesta gubernamental "obviamente se requiere la participación voluntaria de los campesinos".
La erradicación de cultivos ilícitos se ha desarrollado hasta ahora por medio de fumigaciones aéreas con la aplicación del glifosato, un herbicida que según expertos causa graves daños al medio ambiente y a la salud humana.
Colombia, con 34 millones de habitantes, es considerado el mayor procesador y organizador del tráfico de drogas, y están involucradas en labores de siembra de cultivos ilícitos unas 350.000 personas.
La iniciativa gubernamental es similar a la que planteó el jueves pasado a Samper el presidente de Francia, Jacques Chirac, en el sentido de crear un fondo internacional para comprar a los cultivadores de coca los productos sustitutivos al mismo precio que los narcotraficantes les pagan la hoja de coca.
Samper afirmó este domingo a su regreso de Francia que recibió la propuesta con beneplácito, porque no basta con la destrucción de los cultivos de coca ni su sustitución por otros legales sino de propiciar las condiciones económicas que hagan rentables nuevos cultivos.
Así mismo, indicó que uno de los buenos resultados de su entrevista con Chirac, quien preside el Grupo de los Siete, fue lograr que Colombia cuente con acceso a créditos de cooperación, que le permitirán a la Red de Solidaridad vincularse a los programas que se desarrollarán en Putumayo y Guaviare.
El mandatario aseguró que el gobierno está dispuesto a mejorar, dentro de sus posibilidades de presupuesto, las demandas sociales de los campesinos, pero "en ningún momento aceptará" que la base de la negociación sea que se incumpla la ley".
Los campesinos presentaron el viernes un petitorio de nueve puntos entre los que figuran la despenalización del cultivo de coca y el tratamiento del narcocultivo como un tema de carácter social.
Este lunes el gobierno desplazó a Orito, uno de los cinco municipios en que tiene lugar la protesta, una comisión que negociará las demandas sociales de los campesinos.
Según Felipe Guzmán, alcalde de La Hormiga, otro de los municipios involucrados, las necesidades más urgentes de los campesinos son el empleo, los servicios de salud, vías de comunicación y educación.
La comisión está integrada por el gerente de la Red de Solidaridad y funcionarios del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos, y de los Ministerios de Agricultura y del Interior,
El ministro del Interior, Horacio Serpa, expresó su confianza en que la presencia de la comisión cree las condiciones para que mejore la situación de orden público, que el viernes dejó como saldo dos campesinos muertos y 30 heridos, a causa de disparos que las Fuerzas Armadas atribuyeron a la guerrilla.
Tras los desórdenes, que se produjeron cuando unos 8.000 campesinos intentaron ocupar el aeropuerto de Puerto Asís, muchos de los manifestantes abandonaron la protesta. (FIN/IPS/yf/ag/ip/96
