La ofensiva contra la delincuencia en las ciudades de China, presentada por las autoridades como respuesta a la invasión de los "demonios capitalistas", se extendió en los últimos meses a regiones lejanas que tradicionalmente han resistido al gobierno central.
Las autoridades del Partido Comunista responsabilizan de la corrupción generalizada y el crimen violento a las influencias extranjeras que penetraron el mercado y el tejido social de China.
Lanzada hace tres meses, la "Operación Golpe Duro" detuvo a miles de delincuentes, muchos de los cuales pagaron con sus vidas en ejecuciones públicas.
Según el grupo de derechos humanos Amnistía Internacional, al menos 1.000 personas han sido ejecutadas como consecuencia del operativo.
Defensores de los derechos humanos afirman que muchos de los ejecutados fueron sentenciados sin un proceso judicial, e incluso autoridades provinciales advirtieron que las detenciones arbitrarias podrían causar alzamientos sociales.
"Los castigos severos no deberían ser aplicados si violan la ley", advirtió un grupo de abogados chinos en un comentario firmado publicado por el diario oficial "Legal Daily".
Autoridades en algunas de las provincias más pobres, como en las regiones del noroeste, advirtieron sobre un posible alzamiento de residentes que a menudo se involucran en el crimen como medio de supervivencia.
Las encuestas locales revelan que 60 por ciento de los delitos cometidos en las zonas rurales son pequeños robos, realizados por desempleados.
Pero las autoridades chinas han defendido la campaña "Golpe Duro", insistiendo que la pena capital servirá como disuasivo de crímenes potenciales.
"Las sentencias de muerte advierten a los miembros de bandas y ladrones compulsivos que enfrentarán la condena a muerte por sus acciones", informó la agencia oficial de noticias Xinhua.
Además del refuerzo de la actividad policial, "Golpe Duro" permite jucios acelerados, y estimula a las autoridades policiales a decretar duras sentencias a acusados de asesinato, secuestro, robo y corrupción.
Un artículo publicado en el oficial "People's Daily" con el lanzamiento de la campaña, el 29 de abril, urgió al personal de seguridad y el sistema judicial a "adherir seriamente al principio del castigo severo y rápido a los criminales". La directiva oficial condujo a cientos de juicios sumarios y sentencias dictadas en apuros.
Las estaciones de televisión nacionales y locales presentan a diario juicios públicos, mientras los diarios estatales detallan informes sobre detenciones y severos castigos.
El 26 de junio, declarado Día contra la Droga, 230 personas fueron ejecutadas en 27 provincias, ciudades y regiones autónomas, e informes de la prensa oficial dijeron que 1.725 personas habían sido sentenciadas por varios delitos y 769 condenados a muerte.
China ha realizado campañas similares en el pasado, la más dura que se recuerda en 1983, cuando estadísticas oficiales reflejaron que 3.000 personas fueron ejecutadas, aunque grupos de derechos humanos afirman que el número fue mucho más alto.
Los críticos también acusan a Beijing de usar la excusa de la lucha contra el crimen en su campaña por acallar los movimientos independentistas en Tibet y la región de población musulmana de Xinjiang, en el oeste de China, limítrofe con países de Asia central.
El oficial China Business Time citó a Chen Jinchi, director de la Oficina de Seguridad Pública de Xinjiang, diciendo que más de 2.700 terroristas, asesinos y otros criminales fueron detenidos en los últimos tres meses. (FIN/IPS/ab/cpg/lp/hd-ip/96
