Gobernantes del sudeste de Asia agitan todavía el fantasma del comunismo, seis años después de la desaparición de la Unión Soviética, para reprimir a los opositores y mantener regímenes autoritarios.
Tres personas murieron y varias resultaron lesionadas en disturbios callejeros provocados el 27 de julio en Jakarta por el desalojo por la fuerza militar de los miembros del Partido Democrático de Indonesia (PDI) que ocupaban la sede de su propia agrupación política.
Así mismo, el gobierno de Suharto detuvo a decenas de opositores y al prominente sindicalista Muchtar Pakpahan, que fue acusado de subversión, un delito que puede ser castigado con la pena de muerte.
La tipificación del delito de subversión es la materia de leyes especiales promulgadas en 1966, un año después de que militares procomunistas intentaran un golpe de Estado contra el entonces presidente Sukarno.
El ejército respondió a la tentativa de golpe con una masiva represión que costó la vida a medio millón de personas y dos años después reemplazó a Sukarno por Suharto, que ha gobernado hasta ahora con mano de hierro.
También Birmania, Tailandia, Malasia y Filipinas mantienen legislación anticomunista, aunque, como señalan los críticos, el movimiento comunista está en decandencia en esos países,
Estados Unidos respaldó militarmente en los años 60 y 70 a regímenes anticomunistas de Asia sudoriental y el legado de ese tiempo son, según los observadores, leyes penales especiales que se aplican para reprimir aún a la oposición formalmente reconocida.
"Los gobernantes lanzan el calificativo de comunista contra personas que no les agradan", denunció Pramoedya Anata Toer, un novelista disidente que pasó 17 años en cárceles de Indonesia.
El último incidente verificado en Indonesia tuvo origen en junio, cuando el gobierno promovió el desplazamiento de Megawati Sukarnoputri de la dirección del PDI y su reemplazo por Soerjadi, un protegido del general Leonardo Benyamin Murdani, jefe del ejército.
Las autoridades investigan a Megawati, hija de Sukarno y figura popular de la oposición, atribuyéndole relaciones con el "comunista" Budiman Sujatmiko, dirigente del pequeño y no reconocido Partido Democrático Popular (PRD) y acusado de instigar los disturbios y de intentar el derrocamiento del gobierno.
Pramoedya, que también fue interrogado por la policía por supuestos vínculos con el PRD, compara el persistente anticomunismo del régimen de Suharto con la "caza de brujas" lanzada por el senador Joseph McCarthy en Estados Unidos a principios de la década de 1950.
"Hay una guerra fría local en Indonesia y todos los funcionarios se han convertido en McCarthy", dijo Pramoedya.
Conocido como "Joe", McCarthy afirmó que el Departamento de Estado de Estados Unidos estaba infiltrado por comunistas y llevó su persecución hasta Hollywood. La prédica de McCarthy cayó finalmente en el descrédito en 1954, y su promotor murió en 1957.
Los críticos advierten que, en lugar de agitar el fantasma del comunismo para aplicar leyes draconianas contra los movimientos de oposición, los gobiernos del sudeste de Asia deberían examinar las causas reales de episodios como el que tuvo lugar en Jakarta hace menos de cuatro semanas.
En especial, las autoridades de Indonesia deberían observar a la brecha entre ricos y pobres, ampliada pese a que el país registra varios años de alto crecimiento económico.
El descontento social también se debe a normas que sólo admiten la participación electoral de tres partidos y a disposiciones que obligan a la prensa a la autocensura.
Así mismo, Tailandia tiene una larga historia de represión de la oposición política en nombre de la amenaza comunista.
El régimen absolutista de los reyes Chakri sofocó desde principios de siglo toda forma de disensión como inspirada por el comunismo y la monarquía parlamentaria creada en 1932 no modificó sustancialmente la situación.
Pridi Banomyong, cabecilla del golpe que acabó con el absolutismo, fue acusado en 1933 de comunista y obligado a exiliarse, por lanzar un plan económico nacional que lo indispuso con las nuevas autoridades.
Por ese tiempo fue promulgada la primera legislación anticomunista, destinada a enfrentar amenazas a la seguridad nacional, a la familia real o al nuevo régimen parlamentario.
Aún hoy, la persecución anticomunista subsiste en el noreste del país, escenario en los años 60 y 70 de una rebelión izquierdista, pese a que ya no existe el Partido Comunista y que la mayoría de los partidos políticos son de derecha o centro.
"El acta anticomunista ha sido empleada para oprimir y silenciar a los pobres, la prensa, los disidentes y todo aquel que sea señalado" por las autoridades, afirmó el abogado Thaongpai Thogpao, un notorio defensor de los derechos humanos.
Thogpao fue detenido bajo esa misma acta en los años 60, cuando Tailandia estaba gobernada por el dictador militar Sarit Thanarat.
El régimen militar de Birmania reprimió el movimiento por la democracia de 1988 como "una conspiración comunista" y aplastó brutalmente las protestas.
Pero el Partido Comunista de Birmania, que tuvo implantación en el país hasta mediados de los 80, no participó de las demostraciones de 1988, aseguró Zaw Min, dirigente del Frente Democrático de todos los Estudiantes Birmanos, radicado en Bangkok.
"Incluso los intelectuales vinculados al Partido Comunista sienten malestar ante la desvinculación de su partido del mayor movimiento popular en la historia moderna de Birmania", dijo Zaw Min.
El Partido Comunista de Birmania se dividió en 1989 en cuatro facciones, que alcanzaron un acuerdo con el régimen militar.
Aún ahora, los gobernantes de Birmania invocan la amenaza comunista para justificar su dictadura, el pretexto utilizado para anular los resultados de las elecciones de 1990.
La oposición está encabezada por la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, líder de la Liga Nacional para la Democracia, que obtuvo 80 por ciento de los votos en los comicios parlamentarios de 1990. (FIN/IPS/tra-en/tg/cpg/ff/ip/96
