Críticas y mensajes contradictorios comenzaron a circular en Honduras y Panamá sobre la presencia militar de Estados Unidos en ambos países, cuando Washington estudia el futuro asentamiento de sus bases canaleras para fines del siglo.
Mientras en Panamá se debate una petición de Washington para mantener un contingente militar limitado cuando proscriban los tratados canaleros dentro de tres años, políticos y organismos no gubernamentales de Honduras demandaron que se ponga fin a la ocupación estadounidense de la base aérea de Palmerola.
La pólemica en Honduras surgió luego que el general Wesley K. Clark, jefe del Comando Sur del ejército estadounidense, acantonado en Panamá, anunció en Tegucigalpa que su país proyecta aumentar sus tropas en Palmerola para combatir el narcotráfico.
La petición de Washington para mantener una parte de sus tropas en Panamá también se fundamentó en la necesidad de combatir el tráfico de drogas en la región.
Palmerola, 65 kilómetros al noreste de Tegucigalpa, fue fundada a principios de la década del 80, cuando estalló la guerra civil entre el gobierno sandinista de Nicaragua y grupos armados opositores apoyados por Estados Unidos.
El parlamentario hondureño Carlos Turcios, del gobernante Partido Liberal de Honduras, denunció que "Estados Unidos quiere convertir a Palmerola en un puente permanente de su intervención militar en América Central, para reemplazar al moribundo Comando Sur de Panamá".
Según los tratados suscritos en 1977, Estados Unidos debe cesar su presencia militar en Panamá y traspasar sus bases y la administración del canal interoceánico al país anfitrión el 31 de diciembre de 1999.
Turcios explicó que "con la excusa de la guerra fría y la doctrina de la seguridad nacional (Estados Unidos) construyó 14 bases militares en la década del 80 en Honduras".
"Jamás el Congreso, que es la expresión genuina de la soberanía popular de Honduras, dio permiso para construir Palmerola ni tampoco para que los soldados estadounidenses se acantonaran en nuestro territorio", subrayó el parlamentario.
La queja de Turcios fue secundada por José Pineda, del opositor Partido Nacional, para quien Palmerola "no tuvo sentido antes para el país (y) mucho menos ahora" cuando en la región no existen conflictos armados.
El comisionado nacional de derechos humanos, Leo Valladares, manifestó que "Washington sabe que América Central vive en paz y tranquilidad y ya no se necesitan tropas en territorio hondureño".
En Panamá, los tres principales partidos políticos -el gobernante Revolucionario Democrático (PRD), el Arnulfista y el centroizquierdista "Papa Egoró"- se oponen a la prolongación de la presencia militar de Estados Unidos luego de 1999.
El presidente del PRD, Gerardo González, consideró inaceptable que se viole lo establecido en los tratados de 1977 sobre el fin de la presencia militar estadounidense en el país.
Pese a que el gobierno del presidente Ernesto Pérez Balladares aceptó entablar conversaciones exploratorias sobre el pedido de Estados Unidos, "nuestro partido por una cuestión de principios exige el cumplimiento de los tratados tal como están", dijo González.
El ex presidente Guillermo Endara, líder del Partido Arnulfista, abogó por el uso civil de las actuales bases y la salida de las tropas estadounidenses como fue acordado en los tratados de 1977.
El fundador de Papa Egoró, Raúl Leis, denunció que Estados Unidos utiliza la lucha contra el tráfico de drogas "sólo como un pretexto para mantener su presencia militar en Panamá con fines de dominación política".
Por el contrario, el presidente del derechista Movimiento de Renovación Nacional (Morena), Pedro Vallarino, se pronunció a favor de negociar la presencia de las bases de Estados Unidos por un plazo no menor de siete años ni mayor de 10.
Vallarino, vinculado a un poderoso grupo económico que incluye bancos, fábricas de bebidas y establecimientos ganaderos, dijo que a través de ese acuerdo "el país ganaria tiempo para prepararse adecuadamente con el fin de darle el mejor uso" a las actuales bases militares.
En tanto, un equipo especial designado por el ejército estadounidense inició la semana pasada la búsqueda de otro sitio para radicar las tropas del Ejército Sur cuando abandonen las riberas del canal de Panamá dentro de tres años.
El coordinar del equipo, el mayor José Nuñez, indicó que se han identificado cinco lugares dentro de Estados Unidos para su relocalización.
El Ejército Sur se encarga de la vigilancia y protección del canal de Panamá y de dar asistencia logística y militar a las operaciones regionales del Comando Sur, el cual cumple funciones de dirección para toda América Latina y proyecta trasladar su sede a Miami a fines de 1997. (FIN/IPS/sh/ag/ip/96